Casi 300 trabajadores de la pyme argentina Tabacalera Sarandí S.A. presentaron una denuncia contra la República Argentina, en función de hechos que —según se desprende de los términos de la presentación— implican diversas violaciones a los derechos humanos.

Según la denuncia, se trataría de acciones que van en contra de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, a saber: acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación.

En concreto, la denuncia expone la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco.

Esto generaría un claro beneficio a los elaboradores de productos de mayor precio, reservando mercado a las grandes tabacaleras multinacionales. La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegará a un irremediable estado de cesación de pagos que impedirá a la continuidad de las actividades y que privará a cientos de personas de empleo y el sustento para sus familias. De allí que los trabajadores directamente hayan tomado la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional.

A continuación, el documento con las firmas de los trabajadores de Tabacalera Sarandí que impulsan la denuncia contra el Estado nacional.

Del mismo modo, en la denuncia también se expone que, paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no solo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados.

La presentación realizada busca que la Comisión someta el caso a la Corte IDH, a fin de que eventualmente condene al Estado por las violaciones denunciadas y, a modo de reparación el Estado deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en virtud del precedente en este sentido "Fontevecchia"). Adicionalmente inste al Estado para que adopte las medidas necesarias para modificar la normativa vigente en materia tributaria (en función del precedente "Kimel") situación procesal que les permitiría a los trabajadores asegurar la continuidad de sus fuentes de trabajo.