Varios son los frentes abiertos por el empresario Carlos Rosales en la Justicia, casi tantos como las empresas que dirige. De ser un empresario relativamente exitoso y llamativamente expansivo en tiempos de recesión, con conocidos en el mundo del fútbol, es tesorero del club San Lorenzo de Almagro, y, en el ámbito de la política, tiene buena llegada a varios dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, gasta su tiempo, en las últimas semanas, armando estrategias judiciales.

El grupo asegurador Prof, Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, expone su futuro a la decisión de la Justicia luego de apelar las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las decisiones de la superintendenta, Mirtha Adriana Guida, del 16 de septiembre, primero, y del 12 de octubre, después, cayeron como un balde de agua fría para el directorio que encabeza Rosales en su empresa preferida.

La funcionaria nacional había advertido por el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar en su resolución del mes de septiembre, un resumen de cuenta de los balances correspondientes a la entidad aseguradora que deben presentar todas las empresas del rubro que se desempeñan en el mercado nacional, por la que dictó una inhibición general de bienes que le impidió a la empresa aseguradora realizar actos respecto de sus inversiones.

Carlos Rosales es el dueño de Garbarino

El segundo paso adoptado por Guida fue peor para el futuro de la aseguradora y fue la piedra de toque del inicio de las hostilidades judiciales de los directivos de la empresa contra los funcionarios del organismo gubernamental. La Resolución 725/2021, publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre pasado da cuenta de la prohibición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para que Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada emita nuevos contratos de seguros.

En los considerandos de la Resolución, la SSN afirmó que su decisión se basó en el hecho de que la compañía presentaba un déficit de capital mínimo de más de $500 millones, (exactamente $543.806.153) y también una pérdida en el cálculo de cobertura de más de $900 millones ($905.966.781, en cifras precisas)".

La estrategia de Carlos Rosales fue la de judicializar la resolución. En los hechos, el dueño de Garbarino podría haber capitalizado la compañía en un plazo lógico de tiempo pero nada de ello ocurrió y en los primeros días de noviembre concurrió a Tribunales para apelar la medida de la SSN.

Una manera de ganar tiempo mientras espera la decisión judicial porque al no resolver la situación contable y financiera, el Grupo asegurador Prof se acerca, peligrosamente, a su liquidación forzosa. Fuentes de la Superintendencia de Seguros y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo explicaron a NA que "….ellos tenían un plazo, aproximadamente, de 20 días a 40 días hábiles, desde que la resolución se publicó en el Boletín Oficial, para levantar la situación. Si transcurrido ese tiempo no sucede está previsto que se realice una liquidación forzosa de la compañía, porque así no puede seguir operando. Sin embargo, si Rosales consigue un fallo a su favor en la Justicia, que lindo lío se va a armar. Puede hasta perder su puesto la superintendenta".

El estado de flujo de efectivo es la parte que le ha dado negativo al Grupo Prof además de poseer una baja cantidad de reserva monetaria lo que llevó a la oficina reguladora de seguros a dictar, en principio, la inhibición general de bienes y, luego, la prohibición de realizar nuevos contratos de seguros.

Ahora bien, en la Gerencia de Evaluación de la SSN, sabían que uno de los recursos posibles para el directorio de Rosales era la apelación en los Tribunales, sin embargo, decidieron ampliar la medida inhibitoria y prohibir la emisión de contratos "por la gravedad que importa la situación de incertidumbre observada respecto de la real situación económica financiera de la entidad", según redactaron en la Resolución 725/2021.

El conflicto de en Garbarino ya lleva tiempo

Finalmente, la apelación llegó y fue convalidada por la SSN en su Resolución 769/2021 que la concedió contra su propia decisión anterior (R: 725/2021) teniendo en cuenta que el "recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma", por los abogados de Rosales por lo que consiguió luz verde para litigar en la Justicia aunque por el momento no pueda realizar nuevos contratos con su aseguradora que ya había pasado por una instancia similar y tuvo, al año 2017, como el de saneamiento de la firma.

Durante la gestión de Cambiemos había conseguido levantar la inhibición que también sufría, hasta ese entonces, la compañía de los productores de frutas. A través de la Resolución N° 291, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso el levantamiento total de la inhibición general de bienes dispuesta en el año 2017. También se dio por finalizado y cumplido el Plan de Regularización y Saneamiento presentado oportunamente por la empresa.

Y, Rosales, presidente y director general de la compañía, en ese momento declaró a la prensa: "Recibimos la noticia con gran alegría porque sabemos que estamos avanzando con firmeza en pos de concretar cada uno de los objetivos planteados desde el comienzo de mi gestión".

Había logrado sacar a flote a un emprendimiento asegurador tradicional con 50 años de trayectoria que, en el ambiente del seguro, la conocen como PROFRU. Cuando Rosales se hace cargo, la PROFRU estaba intervenida por la Superintendencia de Seguros por problemas que había tenido con la rama aseguradora de automotores. La empresa debió iniciar un proceso de saneamiento y conseguir capitales mínimos que fueron aportados por Carlos Rosales no sin polémica por un problema judicial posterior.

Rosales fue denunciado por estafa, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos por su socio de entonces, Alberto Castro, a quien había conocido por realizar negocios con insumos sanitarios, por intermedio de Claudio de Meglio, empresario del sector farmacéutico.

Para ingresar a la aseguradora PROF, Rosales reunió bienes, propiedades y pidió el concurso de Alberto Castro que también volcó bienes inmuebles para entrar como socio. Para Castro la operación "no era muy rentable pero significaba entrar en un nuevo negocio, el de los seguros". El objetivo se logró pero la sociedad no duro y terminó de la peor manera con una demanda de Castro contra Rosales en el juzgado del entonces polémico juez Rodolfo Canicoba Corral, por un total de 220 millones de pesos que aún hoy está en litigio.

Pero, más allá de estas vicisitudes judiciales, Rosales creó el Grupo Prof y generó dos unidades de negocios hacia el interior de la compañía, la de seguros globales y la ART que bautizó con el nombre comercial de PLUS.

Luego de sanear la aseguradora, el grupo Prof, se convirtió en el corazón de su holding empresarial que hoy vuelve a tener complicaciones financieras y, en esta ocasión, su dilatada trayectoria de más de medio siglo se dirimirá en los tribunales judiciales si Carlos Rosales no consigue dinero para capitalizar sus empresas al borde de la disolución.

La situación judicial de Garbarino y Compumundo

Mientras que la situación de Garbarino, Garbarino Viajes, Compumundo , la financiera Fides, y las plantas Digital Fueguina y Tecnosur ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego no dejan de complicarse a diario con la reciente decisión del managment de la compañía del retail de cerrar todos los locales, quedarse con unos pocos salones para la venta de tecnología informática y despedir a 1.800 trabajadores de la tradicional casa de electrodomésticos desde los 4.200 que heredó de la anterior gestión de los hermanos Garbarino, Carlos Rosales, presentó en la Justicia comercial su concurso preventivo.

Radicó la causa en el juzgado Nª 14 aunque la intención de sus abogados es llevar el expediente al Juzgado Nª 7 donde se tramitan las actuaciones del concurso de Compumundo.

Además, encabeza una compulsa de interpretación legal frente a las autoridades del Ministerio de Trabajo nacional por los trabajadores despedidos a los que les han llegado los telegramas donde se especifica que "… la empresa ha registrado una abrupta caída de las ventas, que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, que continuó durante lo que va del año; que se promovió un procedimiento preventivo de crisis de empresas, y se hicieron todos los intentos posibles a través de la venta on line, pero que ello no permitió paliar la baja rentabilidad causada a partir de las restricciones de circulación que fluctuaron entre el confinamiento total, las limitaciones de horarios de los locales comerciales, el cierre de shoppings donde se encuentran varios de los más importantes locales de venta al público, rescisiones de contratos de alquiler, falta de mercaderías".

La cartera laboral dictó, inmediatamente, la conciliación obligatoria, e intimó a la empresa Garbarino S.A. a retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio mientras que el grupo económico que dirige Rosales planteó la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia 329/2020 y sus sucesivas prórrogas, que prohíben los despidos sin causa, o por causa de fuerza mayor o falta de trabajo, "por atentar contra normas de jerarquía superior (…) y violentar así los principios y garantías amparados por la Constitución Nacional, cercenándose en forma continua los mismos".

Para los dirigentes sindicales mercantiles las razones invocadas por el grupo económico no configuran causa de fuerza mayor porque el empleador detenta el poder de organización y el poder disciplinario dentro de una empresa, debiendo asumir el riesgo empresario, previendo las contingencias de las actividades que se realizan a los que se encuentran ligados los 1800 trabajadores despedidos.

Voceros de Rosales afirmaron que todos estos frentes abiertos en torno a las interpretaciones de las leyes que deberán ser dirimidos en Tribunales fue la única opción posible para una situación financiera insostenible. "El auxilio por dinero que hicimos al Gobierno nunca prosperó, a pesar de haber sido recibidos por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. No hubo ayuda ni de la banca oficial ni del BICE que conduce José Ignacio De Mendiguren. Días antes de las elecciones nos dimos cuenta que nos dieron la espalda", explicaron los dirigentes empresariales.