Los anuncios de Sergio Massa de los últimos meses dispararon las alertas en la oposición que advierten sobre el peso y la herencia que dejarán las medidas del ministro de Economía y candidato presidencial para el próximo gobierno.

Frente a esa situación, la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un proyecto para modificar la ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a los funcionarios a respetar ciertos límites en la ejecución del gasto y eficientizar la percepción de los ingresos para garantizar la sustentabilidad de los recursos fiscales y propone aumentar el plazo mediante el cual no se debe aumentar el gasto corriente en el último año de un gobierno.

La oposición busca limitar la contratación de funcionarios al Gobierno

También, el proyecto propone que los nombramientos de personal que se efectúen en ese período, sean de carácter transitorio y concluyan el 10 de diciembre cuando finaliza el mandato de esa gestión.

"Intentamos poner un límite al poder de turno para que en los dos últimos cuatrimestres no puedan aumentar el gasto corriente permanente y aclaramos especialmente el tema del pase de empleados transitorios a planta permanente para que caduquen cuando finaliza el mandato", aseguró a iProfesional la diputada Campagnoli.

En ese sentido, Campagnoli precisó que en septiembre "más de 4.000 empleados pasaron a planta permanente y en lo que va de octubre 1.000 más en distintas reparticiones del Estado".

"Es un acto de responsabilidad fiscal limitar este gasto", afirmó la diputada de la Coalición Cívica.

Proponen limitar el uso de gastos corrientes en el último tramo de un gobierno saliente.

Según la diputada de Juntos por el Cambio "con esta medida pretendemos evitar que los organismos del Estado, sean ministerios, reparticiones, empresas públicas, etc, se colmen de militantes y adeptos que lejos de mejorar la gestión, entorpecen el normal desenvolvimiento de las nuevas autoridades próximas a comenzar un nuevo período gubernamental".

¿Qué dice la ley de Responsabilidad Fiscal?

La ley 25917 de Responsabilidad Fiscal Federal, sancionada en el año 2004, fue producto de los graves desequilibrios fiscales de nuestro país con el objeto de crear un marco institucional, basado en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno nacional y provinciales y alcanzar consensos que permitan lograr la transparencia y calidad de la gestión pública.

En el año 2018 la normativa tuvo una modificación sustancial que estableció la imposibilidad de realizar incrementos del gasto corriente de manera permanente.

Sin embargo, el plazo establecido resultó exiguo según Campagnoli, y por eso se propone elevarlo de los dos últimos trimestres, a los 2 últimos cuatrimestres, impidiendo que a partir de mayo del último año de gestión gubernamental, el Poder Ejecutivo pueda aumentar el gasto corriente de manera permanente.

Es que "un comportamiento fiscal poco prudente perjudica la estabilidad macroeconómica, la profundidad y solvencia del sistema financiero así como la reputación del país ante los mercados internacionales de crédito".

¿Cuántos empleados públicos contrató el Gobierno?

Según un informe que publicó el diario La Nación días atrás, durante el mes de septiembre, con posterioridad a las PASO, los pases a planta permanente se aceleraron un 200%, según surge de un análisis del Boletín Oficial, que puso el foco sobre el llamado a concursos y designaciones efectivas.

De acuerdo a ese informe, en julio, entre apertura de nuevas vacantes y puestos confirmados, se movieron 17 procesos que contenían 924 lugares de planta permanente. En agosto, y especialmente después de las PASO, ese número creció a 28 expedientes, con 2.766 cargos en cuestión.

Según ese informe, en el Gobierno argumentaron que eran procedimientos previstos hace tiempo y que la correlación temporal con las elecciones es una mera coincidencia.

Del mismo informe surge que las áreas con mayor cantidad de nombramientos fueron: dependencias del Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Wado de Pedro, con 1.183 espacios; el Ministerio de Economía, que tuvo una apertura de 900 vacantes el primero de septiembre para la planta, con 1.154; y Presidencia de la Nación, con 1.137, mayormente en dependencias como la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y la Agencia de Discapacidad.