El presidente Javier Milei ordenó a su equipo legal pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el reciente fallo desfavorable en torno a la disputa por fondos coparticipables de Chubut.

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica, además del per saltum, explorará la chance de plantear la "incompetencia plena" y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut, según trascendió este martes en Casa Rosada.

De este modo, el Gobierno busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los $13.500 millones que le quitó de coparticipación debido a una deuda.

Qué es el per saltum y cuándo puede utilizarse

Según explicó el sitio Chequeado, per saltum significa en latín "salto de instancia". Implica que determinado expediente judicial se saltee las instancias intermedias previstas para llegar directamente al máximo tribunal, aunque mientras se resuelve el per saltum, la causa sigue su trámite habitual en los tribunales inferiores.

Hay un aspecto a tener en cuenta: no se puede utilizar para cualquier expediente. Según señala el Código Procesal en lo Civil y Comercial, es de "marcada excepcionalidad" y es posible aplicarlo en "aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional" y en las que el recurso sea necesario para "evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".

Según explica el Código, existe gravedad institucional "en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados".

El per saltum plantea elevar directamente un caso a la Corte Suprema

¿Cuándo se utilizó el per saltum?

El recurso obtuvo regulación legal a fines de 2012, mediante la ley 26.790, al incorporarse al Código Procesal Civil y Comercial, que en el artículo 257 bis dispone: "Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".

Estas frases tan intrincadas indican que la Corte, a pedido de la parte interesada, podrá analizar un caso del fuero federal sin necesidad que pase por las cámaras competentes si se comprueba que hay "gravedad institucional" y que amerite una solución rápida, ya que la demora podría implicar un daño mayor.

 Si bien se trata de una herramienta legal de larga data, recién se sancionó a fines de 2012 y desde esa fecha fue admitido una sola vez. A continuación, el total de casos 

• Causa Dromi, 1990: el gobierno de Carlos Menem había encarado la privatización de Aerolíneas Argentinas y un juez de primera instancia dictó una medida que frenó el proceso privatizador a cargo del entonces ministro Roberto Dromi. La Corte tomó en estudio ese expediente y dictó una sentencia en la que admitió la "gravedad institucional" y anuló la sentencia del juez sin haber pasado antes por la Cámara de Apelaciones.
• Operación Langostino, 1994: el juez Vidal Durand dispuso la excarcelación de un grupo de narcotraficantes que seis años antes habían intentado traficar 588 kilos de cocaína dentro de langostinos congelados. La Corte intervino por un per saltum y los devolvió a prisión.
• Causa aeropuertos, 1997: fue similar al caso de Aerolíneas Argentinas, ya que partió de la intención de la administración menemista de privatizar los aeropuertos mediante un decreto de necesidad y urgencia. Un grupo de diputados hicieron una presentación y obtuvieron una cautelar. El entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, se dirigió directamente a la Corte Suprema, la que hizo lugar rápidamente.
• Ley de Medios, 2012: en medio de la batalla entre Cristina Kirchner y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios, el bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para reglamentar el recurso del per saltum. Sin embargo, el máximo tribunal se negó a tratar ese expediente por esta vía extraordinaria y resolvió luego del fallo de la Cámara, declarando la constitucionalidad de la ley, pero pidiendo modificaciones.
• Reforma del Consejo de la Magistratura, 2013: la Corte declaró admisible el per saltum que había sido presentado por el gobierno nacional contra los dos fallos de la jueza María Servini de Cubría, y finalmente declaró inconstitucional a la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación que había presentado el kircherismo.