La Justicia le negó la excarcelación a la familia detrás de la megaestafa inmobiliaria

El intento de obtener una morigeración de la prisión preventiva por parte de los miembros de la familia L’Abbate. acusados de una megaestafa inmobiliaria, fue desestimado por la jueza de instrucción Paula González, quien entendió que los argumentos presentados por las defensas carecían de sustento jurídico. En su resolución, la magistrada respaldó el dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro, quien lleva adelante la investigación desde hace cinco años y que ya acumula más de 200 damnificados por una presunta megaestafa inmobiliaria.

Los abogados de Vito Antonio L’Abbate y su hijo mayor, Emanuel Andrés, habían solicitado su excarcelación –con tobillera electrónica o, subsidiariamente, arresto domiciliario– argumentando que no existe riesgo procesal porque la supuesta asociación ilícita "ya no existe" debido a las profundas peleas familiares. "El vínculo está roto", afirmaron los letrados Alejandro Drago y Juan José Oribe, quienes señalaron que "no se hablaban, no se veían, no se mandaban mensajes", y que la causa judicial terminó por fragmentar toda relación entre los hermanos.

En esa línea, apuntaron a que "el último llamado a indagatoria y el posterior procesamiento fueron una bomba en la familia", mientras que los hijos menores del clan –Juan Ignacio y Santiago David– ya habían cambiado de abogados en octubre de 2023, distanciándose de sus parientes mayores en la estrategia legal. También citaron el caso de Patricio Gastón Flores, exapoderado de Induplack SA, quien revocó a su anterior defensor y, desde su detención, está asistido por la defensa pública. "Flores está enojadísimo, no les habla, dejó de atenderles el teléfono. Ni estar con ellos en la misma celda quiere", destacaron.

Sin embargo, para la fiscal Cuñarro, estas tensiones familiares no alcanzan para diluir los indicios de organización delictiva. "Las internas familiares resultan inoponibles para el derecho penal", sostuvo, y agregó que la estructura societaria en la que los L’Abbate aún figuran con distintos roles refuerza la hipótesis de continuidad de maniobras fraudulentas.

La denuncia contra la familia L'Abbate, acusada de la megaestafa inmobiliaria

La investigación judicial apunta a un sofisticado entramado de sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para cometer reiteradas estafas inmobiliarias mediante la venta de propiedades que jamás fueron construidas o que se vendieron múltiples veces a diferentes compradores.

La fiscal Cuñarro detalló que "desde el año 2008, los imputados se encuentran vinculados en 23 sociedades, de las cuales 14 se constituyeron a partir de 2019, cuando ya habían comenzado a recibir demandas". Ese mismo año, según explicó la funcionaria judicial, comenzaron a crear nuevas firmas cambiando nombres y CUITs para sortear los controles legales y continuar vendiendo unidades en pozo.

Entre las empresas mencionadas figuran Integral Home, Icons Tech, Iwin S.A. e Iwin Aberturas S.A., todas con integrantes del círculo familiar que rotaban entre cargos directivos y suplentes. "Se observa entonces en esta organización el empleo para los fines delictivos de estructuras societarias con permanencia temporal y una especificidad en una forma de comisión delictiva determinada", afirmó Cuñarro en su dictamen más reciente.

Incluso algunas de las sociedades creadas en 2023 –año en que se registraron los hechos que dieron origen a los procesamientos– tenían objetos comerciales ajenos a la construcción, como la venta de artículos de bazar y cotillón, lo que también se considera un indicio de desvío de fondos o intento de simulación.

Una estafa millonaria con más de 300 víctimas

El caso tiene una magnitud que lo convierte en uno de los fraudes inmobiliarios más relevantes de los últimos años en el país. La fiscal estima que hubo al menos 300 damnificados y un perjuicio económico superior a los 25 millones de dólares, generados a través de 13 desarrollos edilicios gestionados por Induplack Fiduciaria SA, la firma central del esquema, calificada como "nave insignia del clan".

Una de las declaraciones clave fue la del propio Emanuel L’Abbate, quien en su indagatoria del 15 de abril reconoció que "en 2018 sufrimos un default por 14 millones de dólares" y que, ante la crisis, decidieron no presentarse a concurso preventivo. "El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden. Por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas", afirmó.

Cuñarro refutó ese razonamiento: "Ellos, en lugar de presentarse a concurso, siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y continuar recibiendo dinero de los compradores/víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones".

La jueza González ya tiene en estudio el pedido de ampliación de indagatoria formulado por la fiscal para los cinco detenidos actuales y para nuevos imputados, entre ellos, responsables de una inmobiliaria vinculada a las operaciones fraudulentas.

El caso L’Abbate no solo expone un modus operandi extendido de fraude estructurado con apariencia legal, sino también deja al descubierto la fragilidad del sistema inmobiliario en Argentina, donde la confianza depositada por cientos de familias terminó desvaneciéndose junto a las promesas de un hogar que nunca llegó a existir.