Reforma policial de Milei inspirada en el FBI: vigilancia en redes y detenciones sin autorización judicial
El Poder Ejecutivo aprobó este martes el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina mediante el Decreto 383/2025, en el marco de un ambicioso proceso de reforma institucional que redefine la misión de la fuerza y lanza un programa integral de modernización.
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un cambio profundo en el rol operativo de la Policía Federal, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos —como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito—, dejando atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana, en especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuáles son los cambios centrales en la Policía Federal
El nuevo marco normativo redefine la misión principal de la PFA, centrándola en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como en la desarticulación de organizaciones criminales. Entre las principales modificaciones se destacan:
Patrullaje en redes sociales sin orden judicial
La PFA podrá llevar a cabo tareas de "prevención del delito" en espacios digitales públicos, como redes sociales abiertas y sitios web, sin requerir autorización judicial previa.
La PFA estará facultada para realizar actividades de "prevención del delito" en plataformas digitales públicas, incluyendo redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de contar con autorización judicial previa.
El decreto asegura que estas acciones respetarán la protección de datos personales, la libertad de expresión y la privacidad, pero la redacción ambigua del texto ha despertado inquietudes. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertan que esta potestad podría desembocar en una vigilancia masiva y en la persecución de voces críticas o disidentes.
Detenciones sin autorización judicial
La reforma faculta a la PFA para detener a personas hasta por 10 horas cuando no puedan acreditar su identidad y existan "circunstancias debidamente fundadas" que sugieran que hayan cometido o puedan cometer un delito. Las detenciones deben ser notificadas a un juez, y los detenidos tendrán el derecho a comunicarse con un familiar o persona de confianza.
No obstante, especialistas han señalado que la vaguedad de los criterios podría facilitar detenciones arbitrarias basadas en sesgos policiales, prácticas condenadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI)
Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, este departamento estará enfocado en delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y redes criminales urbanas. Contará con subáreas especializadas, incluyendo Agencias Federales de Investigación y
Modernización estructural
La reforma incorpora una estructura de mando más vertical, nuevos criterios para el ascenso de los uniformados y establece mecanismos de auditoría interna para prevenir la corrupción.
En adición, se contempla aumentar la presencia de agentes en provincias, en especial en ciudades con alta criminalidad como Rosario, con el objetivo de fortalecer la presencia federal.
Milei presenta reforma de la PFA en un contexto político conflictivo y movilizaciones
El anuncio se produce en un ambiente político complicado, tras el retorno de Milei de un viaje por Europa y Medio Oriente, y a pocos días de que la ex presidenta Cristina Kirchner enfrente la formalización de su condena en los tribunales de Comodoro Py. Frente a los llamados a manifestaciones organizadas por seguidores kirchneristas, el Ministerio de Seguridad está organizando un operativo especial para esa fecha.
La reforma ha generado un debate intenso. Desde el oficialismo se sostiene que es una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado y actualizar una fuerza que opera bajo una Ley Orgánica de 1958. En este sentido, Carlos Alejandro Ñamandú, ex comisario general de la PFA, afirmó que "si se aplica correctamente, la norma puede prevenir delitos sin vulnerar derechos".
No obstante, sectores como el CELS y otras organizaciones alertan que la discrecionalidad policial podría derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas, en especial en un contexto de comisarías saturadas.
La reforma debe publicarse antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley Bases. Según el gobierno, busca responder a las "nuevas amenazas delictivas" y a los avances tecnológicos.
Pese a ello, su implementación enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de un consenso político y mecanismos de supervisión para evitar excesos. Expertos coinciden en que una reforma de esta envergadura requiere un debate profundo en el Congreso para equilibrar seguridad y derechos ciudadanos.