YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender la transferencia de acciones
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló otra vez en contra de Argentina y rechazó este lunes el pedido del país para suspender la transferencia del 51% de acciones de la empresa petrolera YPF a Burford.
"La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República", dijo la magistrada Preska en su fallo.
Ahora, la defensa tiene tres días más para presentarse ante una segunda instancia en la Corte de Apelaciones y evitar entrar en desacato.
La magistrada de Nueva York le debía comunicar por escrito a Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, su decisión sobre el pedido del Gobierno y las posibles sanciones al país por incumplimiento.
Reuniones clave y presión de los fondos
En este contexto, los fondos buitre buscan forzar una negociación directa con altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. Para este martes, está prevista una reunión clave en Nueva York que podría destrabar el conflicto.
Los abogados argentinos, representados por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, presentaron la apelación sin esperar una resolución formal sobre el pedido de "stay" (suspensión), adelantándose a posibles nuevas medidas de embargo.
A pesar de ser el eje del conflicto, YPF no forma parte del juicio. La empresa no participa en el proceso legal ni cuenta con abogados involucrados en la causa. El presidente y CEO, Horacio Marín, se desligó de la disputa: "La jueza falló a favor de YPF y en contra del Estado nacional. Yo no puedo opinar".
Con estas declaraciones, Marín remarcó que el foco del juicio está puesto en las decisiones tomadas por el Estado —en especial por el Poder Ejecutivo y el Congreso— durante la expropiación.
Argumentos centrales de la apelación argentina
La defensa nacional sostiene que la sentencia viola el derecho federal estadounidense y principios fundamentales como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y la cortesía internacional. Además, citan el apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump como respaldo institucional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del gobierno de Donald Trump.
También se advierte sobre un posible "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial", al considerar que el tribunal se extralimitó al ordenar la transferencia forzosa de acciones.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Riesgos para la soberanía y consecuencias legales
Uno de los argumentos más fuertes del Gobierno es que cumplir con la orden violaría la legislación argentina, ya que según la ley aprobada en 2012, la venta o cesión de acciones de YPF requiere una ley votada por dos tercios del Congreso. La ejecución forzada podría tener consecuencias irreversibles sobre el control estatal de la empresa.
Además, la defensa advierte que la medida podría perjudicar a terceros no involucrados, como bonistas o provincias, y activar cláusulas contractuales desfavorables.
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