Cortes por falta de pago y ajuste de tarifas: qué puede cambiar en el servicio con la privatización de AySA

El Gobierno de Javier Milei avanza con el plan de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y ya trabaja para lanzar antes de fin de año una licitación nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de la empresa.

El objetivo es que en menos de un año el control operativo pase a manos privadas. El resto del paquete accionario en manos del Estado, que hoy posee el 90% de la compañía, se colocará en la Bolsa en 2026.

Qué cambiará en el servicio, una vez que AySA sea privatizada

Según trascendió, la intención es que el nuevo concesionario pueda operar con un marco regulatorio más flexible que el actual. Entre los cambios que se impulsarán figuran la posibilidad de cortar el servicio a usuarios residenciales con deudas, ajustes tarifarios trimestrales ligados a la inflación y que las obras futuras sean financiadas por los usuarios a través de sus facturas. "Para atraer inversores se necesita un esquema más previsible y rentable", explicaron desde el equipo encargado del proceso.

Actualmente, las restricciones a los usuarios morosos son parciales y recién se aplican tras dos períodos consecutivos impagos, mientras que las tarifas se modifican por decisión discrecional del Ministerio de Economía. Además, las obras se cubrieron hasta ahora con aportes del Tesoro o fondos propios de la empresa.

El proceso de venta contempla que el 51% del capital accionario se licite "para incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica", indicaron las fuentes. Para eso, el Estado trabaja junto con la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial en una serie de presentaciones a potenciales interesados -roadshows- tanto a nivel local como en el exterior. Incluso ya hay contactos con empresas que participaron en licitaciones en Brasil.

Los activos de AySA seguirán siendo propiedad del Estado, pero el manejo del servicio será transferido por un período todavía no definido. No se descarta que puedan participar consorcios de empresas por la escala y complejidad del negocio. El Estado conservará un porcentaje menor de acciones, y el paso siguiente, previsto para dentro de los 90 días de la adjudicación, será realizar una Oferta Pública Inicial (IPO) para vender el resto. Si se vende el 51%, el 39% "flotará en la Bolsa".

AySA opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, prestando servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas. Con unos 6.200 empleados, hoy es la segunda empresa de saneamiento más grande de América Latina. En 2023 logró por primera vez desde 2007 un superávit operativo de $48.288 millones, impulsado por el fuerte aumento de tarifas y planes de regularización de deuda.

Aysa, en el top 5 de las empresas públicas con más déficit

Tal como señaló iProfesional, se trata de la empresa estatal cuya concesión del servicio abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires que integran el conurbano bonaerense.

Su servicio  había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal.

Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA  nueve municipios del conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA.

Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.

En la actualidad, el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria.

Según el último dato disponible, la empresa tiene 7.488 empleados y un déficit de $117.000 millones, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las compañías públicas con mayor déficit teniendo en cuenta además que su tarifa cubre el 61% de sus costos.

Sin embargo, la administración libertaria se tomará su tiempo para concretar esta operación con el objetivo de readecuar la estructura comercial y financiera de la sociedad para poder obtener fondos acordes a los que en el mileismo entienden adecuados para desprenderse de AySA.

En ese camino, se dio inicio al proceso de adecuación tarifaria aprobado mediante la Resolución Nº 9 de fecha 4 de abril de 2024 de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía y que busca lograr una estrategia de convergencia hacia el equilibrio económico financiero entre los costos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento y los ingresos por tarifa; lo que ha implicado una revisión de gastos operativos, de la inversión en mejora y mantenimiento y de la inversión en infraestructura de expansión del servicio.