Suben las prestaciones por discapacidad: el Gobierno ajusta entre 29% y 35% los valores para prestadores
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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se implementará un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador correspondiente a los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Según el comunicado oficial, la medida se aplicará en tres etapas consecutivas entre los meses de octubre y diciembre de 2025, y tiene como objetivo garantizar previsibilidad al sistema de atención, además de acompañar la evolución de los costos en el sector.
De acuerdo con la información difundida por la ANDIS, el aumento será escalonado y abarcará diferentes tipos de prestaciones incluidas en el nomenclador nacional. Este instrumento establece los valores de referencia que se abonan a los prestadores por los distintos servicios que se brindan a las personas con discapacidad, tanto en instituciones públicas como privadas.
El incremento se llevará a cabo en tres tramos, con porcentajes que varían según el tipo de servicio y modalidad de atención. Si bien no se especificaron los valores exactos de cada segmento, el ajuste total alcanzará hasta un 35% acumulado hacia diciembre.
Las autoridades señalaron que la decisión fue adoptada mediante una resolución administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, en coordinación con la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de una política que busca consolidar la normalización del sistema de atención.
Impacto en prestadores y servicios
El aumento beneficiará a los profesionales e instituciones que prestan servicios en distintas áreas de apoyo a personas con discapacidad. Entre ellas se incluyen las internaciones, el transporte especializado, el acompañamiento educativo y laboral, la atención médica y los programas de rehabilitación.
La medida también apunta a sostener la calidad y la continuidad de las prestaciones, en un contexto de revisión integral del sistema de financiamiento. Según el comunicado, el incremento permitirá que los valores de las prestaciones se mantengan por encima de la inflación proyectada para el próximo año, lo que aportará estabilidad al vínculo entre el Estado, los prestadores y las obras sociales.
El ajuste en el nomenclador representa uno de los principales instrumentos de actualización económica para las instituciones que forman parte de la red de servicios de discapacidad, ya que define los montos reconocidos por las obras sociales, el Programa Federal Incluir Salud y otros financiadores del sistema.
ANDIS rectificó norma y asegura la difusión de medidas sobre pensiones no contributivas
Hace una semana, la ANDIS mediante la Resolución 13.653/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso rectificar el artículo 6° de la Resolución 12.621/2025, con el objetivo de garantizar su correcta comunicación y publicación en el Registro Oficial.
El texto rectificado establece expresamente que la norma debe "comunicarse, publicarse, darse a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y archivarse", subsanando así una omisión formal de la resolución anterior.
La Resolución 12.621, emitida el 24 de septiembre pasado, había dejado sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral de un grupo de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca en la causa "Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar".
El interventor de la Agencia, Alejandro Alberto Vilches, firmó la nueva disposición, que también ordena su publicación inmediata y archivo.
Con esta medida, el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete busca dar cumplimiento pleno a las exigencias legales de transparencia y publicidad de los actos administrativos, en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017 y sus modificatorias.
ANDIS debe devolver todas las pensiones por discapacidad y pagar retroactivos en 24 horas
La Justicia federal dejó sin efecto la baja de pensiones por discapacidad que impulsó el Gobierno en todo el país, decretó que los beneficiarios deben cobrar en forma retroactiva desde que se produjo la quita del beneficio, y la ANDIS no podrá seguir con las auditorías y la suspensión de prestaciones.
El Juzgado Federal 2 de Catamarca dictó una medida cautelar con alcance nacional que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer las Pensiones No Contributivas por invalidez suspendidas y abstenerse de realizar nuevas bajas o auditorías basadas en la normativa cuestionada (Decreto 843/2024), hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El Decreto 843/2024, dictado en septiembre de 2024, elevó al 66% el umbral de disminución de la capacidad laboral y amplió las causales de suspensión y caducidad de las pensiones.
Cuál fue la denuncia sobre baja de pensiones
La acción de amparo fue impulsada inicialmente por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca y el juez reconoció como representantes adecuados del colectivo (discapacitados de todo el país) a los siguientes representantes de usuarios:
- Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM)
- Asociación Azul
Otras organizaciones y entidades que adhirieron o se acumularon en el juzgado incluyen al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Las asociaciones denunciaron que las auditorías impulsadas por la Agencia en agosto de 2024 se realizaron sin un marco normativo claro ni criterios públicos de evaluación.
También advirtieron sobre la falta de accesibilidad y la deficiencia en las notificaciones enviadas a los beneficiarios, que en muchos casos no fueron entregadas o presentaban errores formales que impidieron ejercer el derecho de defensa.
De acuerdo con datos oficiales, de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802, más de la mitad, no pudieron ser entregadas. En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Antes de las resoluciones judiciales adversas, la Agencia había suspendido el pago de 111.463 pensiones.