España aconseja a sus líneas aéreas no volar a Venezuela por el "incremento de la actividad militar"
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Las autoridades españolas emitieron una recomendación para que no se realicen vuelos civiles sobre el espacio aéreo de Venezuela hasta, por lo menos, el 1 de diciembre de 2025, debido al incremento de la actividad militar en la zona, un factor que eleva los riesgos operativos.
La medida llega en un contexto de tensiones crecientes, mientras la IATA cuestiona a Estados Unidos por generar "caos" con advertencias poco claras sobre Venezuela.
España aconseja a sus líneas aéreas no volar a Venezuela
El aviso se fundamenta en la presencia de sistemas de defensa antiaérea con capacidad de actuación en múltiples alturas, lo que, junto con la ausencia de una coordinación adecuada entre los actores involucrados en el conflicto, dificulta la gestión de emergencias.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) explicó que "estos dispositivos constituyen una amenaza potencial para los vuelos en todas sus fases, desde el sobrevuelo hasta el aterrizaje, incluida la operativa en tierra".
En España, la recomendación afecta a Iberia, Air Europa, Plus Ultra e Iberojet, por lo que las compañías deberán modificar su programación mientras permanezca vigente la advertencia.
Aunque el mensaje de AESA es contundente, la resolución contempla una excepción en casos de emergencia: si la situación lo requiere, los pilotos podrán ingresar temporalmente al área restringida para proteger la seguridad del vuelo. De esta forma, la medida no se considera un veto absoluto.
El nuevo aviso se conoce tras la advertencia previa lanzada por Estados Unidos, que generó fuertes críticas por parte de las aerolíneas. Según un comunicado difundido hoy, la IATA cuestionó "la falta de claridad y orientación específica". Afirmó además que esa comunicación insuficiente "ha generado una creciente inquietud en la comunidad aeronáutica, especialmente en relación con los posibles riesgos para la seguridad".
Escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela
La tensión entre Washington y Caracas volvió a escalar esta semana, luego de que el gobierno de Donald Trump oficializara la inclusión del llamado Cártel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).
La designación, que comenzó a regir este lunes, habilita acciones financieras, legales y operativas más amplias contra la estructura que Estados Unidos vincula al chavismo.
En el comunicado difundido por el Departamento de Estado, Washington atribuye el liderazgo del grupo directamente al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios venezolanos, a quienes acusa de haber "corrompido" el funcionamiento del Ejército, las agencias de inteligencia y los poderes Legislativo y Judicial.
Para la administración Trump, esta red forma parte de un entramado criminal transnacional asociado al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, organizaciones responsables de violencia y tráfico de drogas en la región.
El nuevo estatus jurídico no habilita automáticamente una acción militar, pero sí abre la puerta a operaciones más agresivas contra activos, infraestructuras y circuitos financieros vinculados al régimen.
Funcionarios estadounidenses recordaron que este año se duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro.
La respuesta de Nicolás Maduro
La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. A través del canciller Yván Gil, Caracas calificó la designación como una "patraña ridícula" destinada -según afirmó- a justificar una intervención extranjera con fines geopolíticos y económicos. Gil insistió en que el Cártel de los Soles "no existe" y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de promover un plan de cambio de régimen para hacerse del control de las reservas petroleras del país.
Mientras el cruce diplomático se intensifica, la medida se desarrolla en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe. El despliegue provocó un fuerte impacto en la aviación comercial: al menos seis aerolíneas —Gol, Avianca, Latam, Iberia, TAP y Caribbean— suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras advertencias de Washington sobre un "aumento de la actividad militar". La FAA definió el escenario como "potencialmente peligroso".
La presencia del destructor USS Gravely en Trinidad y Tobago y las maniobras de la Unidad 22 de Expedición Marina avivaron las sospechas de Caracas, pese a que el gobierno de Puerto España negó que su territorio pudiera ser utilizado para operaciones ofensivas. Analistas advierten que, aunque la designación no autoriza ataques directos, sí podría extender a territorio venezolano las operaciones contra narcolanchas —responsables de 21 hundimientos recientes— o contra pistas clandestinas y zonas de contrabando.
En paralelo, el debate también se trasladó al plano narrativo. La ONG InSight Crime advirtió que considerar a Maduro como jefe del Cártel de los Soles constituye "una simplificación excesiva" y que el fenómeno se asemeja más a un sistema de corrupción donde militares y políticos se benefician de acuerdos con narcotraficantes.
Aun con el tono beligerante de ambas partes, Maduro aseguró la semana pasada que sigue dispuesto a dialogar directamente con autoridades estadounidenses para buscar una salida diplomática. La decisión de Washington, sin embargo, profundiza el choque bilateral y sitúa al Caribe en su mayor nivel de tensión en años.