La impresionante deuda externa de Venezuela y la puja de acreedores tras el default
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El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro volvió a colocar en primer plano la crisis de deuda de Venezuela, uno de los mayores incumplimientos soberanos que permanecen sin resolución a nivel global. Tras casi una década de default, el país enfrenta un entramado complejo de acreedores, juicios internacionales y activos en disputa que condicionan cualquier salida financiera.
El origen del default y la acumulación de pasivos
Luego de años de recesión económica y de sanciones impuestas por Estados Unidos que aislaron a Venezuela de los mercados internacionales, el Estado venezolano dejó de pagar a fines de 2017 los bonos soberanos y los títulos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde entonces, los intereses acumulados, las penalidades contractuales y los reclamos derivados de expropiaciones pasadas incrementaron de forma significativa el volumen total de obligaciones externas.
En paralelo, la falta de información oficial dificultó el seguimiento preciso del pasivo. Venezuela no publica estadísticas completas de deuda desde hace años, lo que obliga a analistas y organismos internacionales a trabajar con estimaciones.
Cuánto debe Venezuela
De acuerdo con cálculos citados por Reuters, Venezuela mantiene alrededor de u$s60.000 millones en bonos en default. No obstante, si se incorporan las obligaciones de PDVSA, los préstamos bilaterales y los laudos arbitrales firmes, la deuda externa total se ubica entre u$s150.000 y u$s170.000 millones, según el criterio utilizado para computar intereses devengados y fallos judiciales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el PBI nominal venezolano rondará los u$s82.800 millones en 2025, lo que implica una relación deuda/PBI estimada entre 180% y 200%, uno de los ratios más elevados del mundo.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es Citgo, la refinería estadounidense que pertenece en última instancia a PDVSA. Un bono de la petrolera con vencimiento original en 2020 estaba garantizado con una participación mayoritaria en esa empresa, hoy convertida en el principal activo embargable en el exterior.
Los tribunales estadounidenses supervisan distintos procesos judiciales a través de los cuales los acreedores buscan recuperar valor. En ese marco, PDV Holding, la sociedad controlante de Citgo y subsidiaria 100% de PDVSA, se convirtió en el centro de las disputas.
Quiénes reclaman el cobro
La mayor parte de los acreedores comerciales estaría en manos de tenedores internacionales de bonos, incluidos fondos especializados en deuda en dificultades, comúnmente denominados fondos buitre. Las sanciones financieras y la prohibición de negociar deuda venezolana dificultaron durante años la identificación precisa de los tenedores finales.
A ese grupo se suman empresas que obtuvieron compensaciones en arbitrajes internacionales tras la expropiación de sus activos en Venezuela. Tribunales de Estados Unidos ratificaron indemnizaciones por miles de millones de dólares a compañías como ConocoPhillips y Crystallex, transformando esos reclamos en obligaciones exigibles y habilitando la persecución de activos venezolanos en el exterior.
Según registros judiciales, un tribunal de Delaware contabilizó cerca de u$s19.000 millones en reclamos habilitados para participar en la eventual subasta de PDV Holding, una cifra que supera ampliamente el valor estimado de los activos de Citgo.
Acreedores bilaterales y falta de datos oficiales
Además de los acreedores comerciales, Venezuela mantiene deudas bilaterales con China y Rusia, países que otorgaron préstamos tanto durante el gobierno de Maduro como en la gestión de su antecesor, Hugo Chávez. Las cifras exactas de esos compromisos no son públicas y resultan difíciles de verificar.
La combinación de múltiples reclamos, juicios en curso y un escenario político incierto anticipa que cualquier reestructuración formal de la deuda será prolongada y de alta complejidad. Analistas coinciden en que un acuerdo integral requeriría un programa económico avalado por el FMI, con metas fiscales claras y supuestos de sostenibilidad de la deuda.
Sin embargo, Venezuela no mantiene consultas regulares con el organismo desde hace casi dos décadas y continúa excluida del financiamiento del prestamista multilateral, lo que limita las alternativas para ordenar uno de los defaults más extensos y voluminosos del sistema financiero internacional.