Manos amigas: la escandalosa causa por la mansión de Pilar pasa a un juez que habían pedido los supuestos testaferros

La causa por la compra de la lujosa mansión de Pilar cambió de jurisdicción y sumó un nuevo y polémico giro judicial. La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación deje de tramitar en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y pase al Juzgado Federal de Campana, al considerar que allí se encuentra el juez natural competente por la ubicación del inmueble que adjudican a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de AFA "Chiqui" Tapia.

Con esta decisión, el juez Marcelo Aguinsky deberá remitir el expediente a su par Adrián González Charvay, quien quedará a cargo de la causa. No es un dato menor, ya que el traspaso había sido impulsado por los supuestos testaferros de los directivos de la AFA.

La resolución lleva la firma del camarista Alberto Lugones, que sostuvo que el eje de las maniobras bajo análisis se localiza en el partido de Pilar, dentro de la jurisdicción de Campana, donde la investigación podrá avanzar "con la eficacia necesaria".

La causa a "manos amigas": polémica por el cambio de jurisdicción

Luego de que se confirmara el polémico traspaso, el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, uno de los impulsores de la denuncia en la causa por la mansión de Pilar, aseguró en redes: "Aunque la semana que viene la jubilada y el monotribustista exitoso de Pantano vayan y compren otro Porsche de medio palo verde, total ahora que la causa está en Campana no va a pasar nada. Aunque ahora salga Toviggino de la cueva y vuelva a tweetear barbaridades y te llene de denuncias penales. Aunque el Chiqui Tapia diga que tiene las rodillas a la miseria de tantas fotos que la gente le pide. Las pruebas van a seguir apareciendo y en algún momento va a haber justicia".

Es que la medida que resolvió la Justicia no estuvo exenta de suspicacias. Y algunos rumores señalan que detrás del cambio de jurisdicción habría estado Daniel Angelici, el expresidente de Boca. De hecho, días atrás trascendió un acuerdo entre la AFA y Angelici para que Betano, empresa de apuestas deportivas online que controla el expresidente de Boca, pogna su nombre a la Copa Argentina y la Liga. 

Y en el mundo judicial corre el rumor de que a partir de ese acuerdo, el Tano "habría ayudado" a Tapia y Toviggino con este cambio de jurisdicción.

El vínculo entre Tapia-Toviggino con Angelici, por supuesto, no es nuevo. En una de sus editoriales, semanas atrás, el periodista Carlos Pagni deslizó que Angelici es "vecino" de la mandión de Pilar que sería propiedad de Toviggino. "En la contaminación del fútbol a la política y viceversa, Toviggino es una figura central. Antes de dejar el expediente sobre estos movimientos de la AFA, que pasó del Fuero Penal Federal al Penal-Económico, el juez Daniel Rafecas dispuso un allanamiento en la mansión de Villa Rosa que todo el mundo supone, y algunos como Daniel Angelici afirman, es del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Angelici lo sabe porque vive al lado. Aparecieron también cantidad de autos de alta gama como Lamborghinis, Ferraris y Porsches. Hay quienes se preguntan si todos estos vehículos corresponden a una sola persona o la vivienda era utilizada para esconder rodados de otras celebridades", escribió en diciembre Pagni, cuando la causa pasó de Rafecas a Aguinsky.

El pedido de los presuntos testaferros

El traspaso fue impulsado por el propio González Charvay, quien reclamó la causa tras hacer lugar a un planteo de Luciano Pantano, titular formal de los bienes junto a su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL. Ambos están señalados en el expediente como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, dirigente de la AFA.

El pedido de inhibición fue presentado el 30 de diciembre, invocando la garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El argumento central fue que todas las propiedades investigadas están ubicadas en Pilar, por lo que la denuncia -impulsada por la Coalición Cívica- no debía tramitar en una jurisdicción ajena a la localización física de los bienes.

Pese a ello, el fiscal Sebastián Bringas y el juez Aguinsky habían sostenido que la causa debía permanecer en CABA. Para el magistrado porteño, el presunto delito precedente sería una administración fraudulenta que habría tenido como damnificada a la Asociación del Fútbol Argentino. Como elemento clave, señaló que el propietario formal de la quinta y de varios vehículos abonaba consumos con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, asociada a una cuenta con domicilio en Viamonte 1366, sede de la entidad en la Ciudad.

"El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la AFA", había argumentado Aguinsky, al remarcar que la sede del organismo se encuentra a pocas cuadras de su juzgado, mientras que Campana está a 82 kilómetros. Sin embargo, ese criterio fue finalmente desestimado por la Cámara.

Hasta que se resolviera la competencia, Pantano y Conte habían sido citados para ser notificados e invitados a presentar un descargo, pero el trámite quedó en suspenso. Con la definición de este martes, la investigación retomará su curso bajo la órbita del juzgado de Campana.

Quién es el juez Adrián González Charvay y sus fallos vinculados a la política

Lo concreto es que, con la decisión de la Cámara Federal de San Martín, que resolvió trasladar el expediente al Juzgado Federal de Campana, González Charvay logró imponer su criterio territorial pese a quedar aislado frente a la postura del fuero penal económico y del fiscal de su propia jurisdicción.

La determinación generó suspicacias dentro del ámbito judicial. Algunos interpretaron la insistencia de González Charvay como un intento deliberado por quedarse con una causa de alto impacto. Sin embargo, quienes respaldan su accionar sostienen que su posición es jurídicamente consistente: para el juez de Campana, la investigación debe tramitar allí donde se encuentra el inmueble bajo análisis, en contraposición al enfoque del juez Marcelo Aguinsky, que proponía centrar el expediente en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La disputa de competencia no es un episodio aislado en la trayectoria de González Charvay. Desde que asumió como titular del juzgado en 2015 -luego de subrogar el cargo desde 2009, tras la destitución de Federico Faggionato Márquez— construyó un perfil de juez de instrucción activa, habituado a avanzar sobre causas sensibles tanto en el plano político como criminal. Esa impronta, reconocen incluso sus críticos, se combina con un conocimiento profundo de la zona norte del conurbano bonaerense, especialmente Campana, Pilar y Escobar, territorios clave dentro de su jurisdicción.

En los últimos años, sus fallos dejaron señales incómodas para distintos espacios políticos. En noviembre pasado, procesó por lavado de activos al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, con un embargo de $350 millones, una resolución que desarmó versiones sobre supuestos alineamientos con el massismo. Antes, en 2022, elevó a juicio oral al ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté (PRO) por irregularidades en la obra pública, decisión que frenó la proyección política del dirigente.

También pasaron por su juzgado resoluciones favorables al actual intendente Federico Achával, como el aval para el cobro de tasas municipales en boletas de servicios públicos, incluso en tensión con la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para quienes siguen de cerca su desempeño, estos antecedentes refuerzan la idea de que no discrimina por color político y que su accionar responde a la lógica del expediente.

En materia de narcotráfico, su juzgado ocupa un rol estratégico. La jurisdicción de Campana, atravesada por puertos y rutas fluviales, es considerada un punto sensible para el crimen organizado. González Charvay suele liderar personalmente las investigaciones y acumula antecedentes de peso, como el operativo "Bobinas Blancas" en 2017 y recientes incautaciones de cocaína ocultas en cargamentos de exportación desde Zárate.

Su carrera judicial se forjó junto a figuras centrales de la Justicia federal. Ingresó en 1991 al Juzgado Federal N°1 de San Isidro, bajo la tutela de Roberto Marquevich, y luego trabajó estrechamente con Sandra Arroyo Salgado. Más tarde pasó por la Unidad Fiscal AMIA, donde durante tres años colaboró con Alberto Nisman en la investigación del atentado a la mutual judía, una experiencia que terminó de moldear su perfil técnico.

La caída de Faggionato Márquez por la causa de la efedrina le abrió definitivamente las puertas de Campana. Desde entonces, tuvo bajo su órbita casos emblemáticos como el crimen de Matías Berardi y el procesamiento del represor Luis Patti. Ahora, con la causa de la mansión de Pilar en su despacho, González Charvay enfrenta un nuevo expediente de alto voltaje, bajo la mirada atenta de Comodoro Py y con el peso de un historial que lo ubica como un juez dispuesto a avanzar, aun cuando quede en minoría.

Qué investiga la Justicia

Según consta en el expediente, la propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por un monto declarado de u$s1.800.000, a través de Real Central SRL. No obstante, una pericia oficial valuó la finca en alrededor de u$s17 millones, lo que encendió alertas sobre la capacidad económica real de los compradores formales.

La Justicia analiza si Pablo Toviggino sería el beneficiario final detrás de la operación. Los documentos incorporados muestran que el inmueble fue figurando, en distintos momentos, a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos vinculados a la misma sociedad.

En un primer registro, Luciano Nicolás Pantano aparece como "propietario/residente" de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021. Luego, desde el 4 de enero de 2023, esa condición pasó a Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría. Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los puntos centrales que se investigan como posible maniobra para ocultar la verdadera propiedad del bien.

El expediente también incorpora registros de invitados habituales a la vivienda, entre los que figuran Máximo Toviggino, hijo del dirigente, y Norberto José Pantano, hermano de Luciano y Diego. A esto se suma una fotografía publicada en redes sociales por Lucía Conte, donde se observa a Diego Pantano en un yate junto a sus hermanos, material que la Justicia evalúa como parte del entramado de vínculos personales bajo análisis.