Juicio por YPF: el Gobierno se negó a entregar información del oro del BCRA al fondo Burford Capital
El Gobierno argentino rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un nuevo pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, que buscaban acceder a información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central. La sentencia original, dictada por la magistrada, condenó al país a pagar u$s16.000 millones, cifra que ya trepa a u$s18.000 millones al incorporar intereses.
Desde el Ejecutivo explicaron que el requerimiento fue denegado porque el oro no pertenece al Tesoro, sino al Banco Central de la República Argentina (BCRA), un organismo autárquico e independiente. En ese marco, sostienen que el Gobierno nacional no tiene acceso ni competencia para brindar ese tipo de información. Aun así, señalaron que se cursará una consulta formal al BCRA. También se rechazó el intento de los demandantes de citar a declarar al ministro de Economía, Luis Caputo, por este tema.
En enero de 2025, Preska había ordenado a la Argentina entregar una amplia batería de datos solicitados por los beneficiarios del fallo, entre ellos detalles sobre activos estratégicos del país, incluyendo las reservas de oro. Frente a ese antecedente, desde la Procuración del Tesoro, que lidera la defensa del Estado, remarcaron que la Argentina ya cumplió con un proceso de discovery extenso y exigente, aportando información de manera sostenida y actuando de buena fe durante todo el procedimiento.
Las fuentes oficiales insistieron en que la legislación local es clara: el Banco Central es un ente autárquico, sus activos gozan de inmunidad soberana y no son embargables, por lo que no corresponde que la Procuración informe sobre cuestiones que exceden su ámbito. En el Gobierno consideran que los reiterados pedidos judiciales están llevando el proceso a un punto límite y los describen como una forma de presión procesal extrema.
Avanza la ofensiva de Burford para ejecutar la sentencia
Los beneficiarios del fallo, encabezados por Burford Capital, intensificaron su estrategia para acelerar el cobro. En diciembre pasado, el fondo solicitó formalmente que la jueza declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones, bajo el argumento de que el país no habría cumplido plenamente con las órdenes judiciales. Esto ocurrió pese a que el Estado entregó más de 113.000 páginas de documentación y facilitó testimonios de distintos funcionarios.
Según informes del mercado, los acreedores notificaron a Preska su intención de pedir sanciones y un fallo de desacato, alegando la falta de presentación de ciertas comunicaciones que, de acuerdo con la postura argentina, no están bajo su control. En ese marco, solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones que se extendería hasta marzo de 2026.
Entre las medidas que impulsa Burford figuran sanciones civiles, multas diarias de hasta u$s1 millón y, especialmente, que se declare al Estado argentino como alter ego de distintos entes públicos -como el BCRA, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas- para facilitar eventuales embargos sobre sus activos.
Este jueves está prevista una audiencia que había sido fijada antes del pedido de sanciones. Desde la Procuración anticipan que la postura del país será más firme e intransigente, y que buscarán apelar a la razonabilidad de la jueza, a quien señalan como la magistrada que hasta ahora habilitó el avance de las pretensiones de Burford.
Tras el rechazo formal presentado por la Argentina en relación con la información sobre el oro, el fondo tendrá la posibilidad de realizar un nuevo descargo el 19 de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, recién hacia fines de marzo podría resolverse el tratamiento de fondo del pedido de sanciones.
En el Gobierno interpretan que los demandantes buscan ejecutar la sentencia lo antes posible, ante el riesgo de que la Corte de Apelaciones revierta total o parcialmente el fallo. En ese sentido, recuerdan que ya se intentó avanzar sobre activos clave, como el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado.
Finalmente, en la Procuración subrayan un dato que consideran central: Burford adquirió los derechos del litigio por apenas u$s16 millones y aspira a cobrar u$s16.000 millones, lo que implica una rentabilidad extraordinaria cercana al 100.000%. "Esa diferencia no es abstracta: sale directamente del bolsillo de los argentinos", advierten.