Las dos materias que ya no serán obligatorias en los colegios de Argentina

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema educativo argentino se enfrenta a una transformación profunda que impactará directamente en el día a día de las aulas. Bajo la premisa de descentralizar las decisiones pedagógicas y reducir la carga de contenidos impuestos desde el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo oficializó una medida que redefine qué es lo que los estudiantes deben aprender de forma indispensable.

Esta decisión, que ya genera un intenso debate entre especialistas, gremios docentes y familias, marca un punto de giro en la política educativa del país. A partir de ahora, la responsabilidad de mantener o descartar ciertos espacios curriculares recaerá exclusivamente en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rompiendo con una uniformidad que se mantenía vigente desde hace años a través de leyes específicas.

Cuáles son las materias que dejan de ser obligatorias

El cambio se formalizó mediante el Decreto 436/2025, el cual deroga artículos clave de dos leyes nacionales que establecían la obligatoriedad de talleres y contenidos transversales. La primera gran modificación afecta a la Educación Vial. Hasta el momento, la Ley 27.214 obligaba a las instituciones de todos los niveles a dictar cursos y formaciones específicas sobre normas de tránsito y seguridad en la vía pública. Con la nueva normativa, los artículos 5° y 6° de dicha ley quedaron sin efecto, eliminando la exigencia de incluir estos contenidos en el plan de estudios nacional.

La segunda área afectada es la de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. El decreto derogó el artículo 3° de la Ley 27.234, que imponía la realización de la jornada anual obligatoria denominada "Educar en Igualdad". Este espacio, que se desarrollaba en escuelas primarias, secundarias y terciarias, tenía como fin concientizar sobre la problemática de la violencia de género y promover relaciones de equidad. Según los fundamentos del Gobierno, no corresponde a la Nación organizar ni imponer este tipo de talleres, delegando la facultad de su implementación a las autoridades locales de cada jurisdicción.

Los motivos detrás de la medida y el rol de las provincias

Desde el Ejecutivo justificaron la quita de estas obligaciones como parte de un plan de "reorganización administrativa y transparencia". En los considerandos del decreto, se menciona que estructuras como el Observatorio de la Educación Vial "nunca llegaron a funcionar plenamente", lo que generaba una superposición de funciones con otros organismos como el Consejo Federal de Seguridad Vial. Al eliminar estas exigencias, el Gobierno busca reducir el gasto público y evitar estructuras que considera ineficientes o sobredimensionadas.

A partir de ahora, cada ministerio de educación provincial deberá decidir si sostiene estos contenidos dentro de su propio diseño curricular o si aprovecha la liberación de esas horas para priorizar otras áreas. Esto significa que un alumno en una provincia podría seguir teniendo educación vial si su gobierno local así lo dispone, mientras que en otra jurisdicción el contenido podría desaparecer por completo. Esta autonomía pedagógica es uno de los pilares de la reforma que el Ejecutivo planea profundizar durante el 2026, apuntando a un esquema más flexible y menos dependiente de los lineamientos centrales.