Piden la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas en Brasil

A casi un mes de permanecer retenida en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante, Agostina Páez (29) recibió en las últimas horas una nueva y delicada complicación judicial. El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro (MPRJ) solicitó su prisión preventiva, a pesar de que la joven permanece aislada en un departamento, bajo vigilancia electrónica mediante tobillera.

Según informó el organismo este martes, la denuncia penal sostiene que Páez se encontraba con dos amigas en el local gastronómico cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel. "Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo", detalló el comunicado oficial.

La acusación también incluye un episodio posterior, en el que la joven habría agravado su conducta. De acuerdo con el MPRJ, Páez llamó "mono" a la cajera del restaurante durante la discusión. "Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal", precisó el texto difundido por la fiscalía carioca.

Piden la prisión preventiva de la argentina que hizo gestos racistas en Brasil

En ese marco, el medio brasileño O Globo consignó que el fiscal a cargo de la causa consideró insuficientes las medidas cautelares adoptadas hasta ahora. "Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente", señala un fragmento del pedido judicial citado por el portal.

El representante del Ministerio Público sostuvo además que la conducta de Páez refuerza la necesidad de dictar la prisión preventiva. En su presentación, afirmó que "incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos". Para el fiscal, esta actitud evidencia un desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como una baja adhesión a las órdenes judiciales.

La joven debía haber regresado a la Argentina hace unas tres semanas, tal como lo tenía previsto en su viaje de vacaciones junto a un grupo de amigas. Sin embargo, cuando la denuncia avanzó y las autoridades le negaron la salida del país, la abogada de 29 años se vio obligada a alquilar otro departamento por tiempo indeterminado, donde actualmente permanece acompañada por su hermana y amigas que viajaron para asistirla.

"Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato", relató días atrás su abogado, Sebastián Robles, en diálogo con este medio.

Páez está imputada por el delito de "injuria racial" y tiene colocada una tobillera electrónica, dispuesta por la Justicia brasileña para monitorear eventuales intentos de acercamiento a las fronteras. No obstante, no tiene prohibición de circular libremente por la ciudad de Río de Janeiro y su DNI, que había sido retenido inicialmente, ya le fue devuelto.

En paralelo, su defensa presentó la semana pasada un habeas corpus con el objetivo de que se le permita regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país. "No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia", sostuvo Robles, quien aguarda una definición judicial a más tardar la semana próxima.