Australia prohibió redes sociales a menores y España hará lo mismo: ¿sería beneficioso en Argentina?

El uso de dispositivos digitales y redes sociales en la infancia y adolescencia ha dejado de ser una discusión doméstica para convertirse en un asunto de Estado. Muestra de ello, esta semana, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos llevada a cabo en Dubái, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció planes para prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales.

De esta forma, España se suma a la tendencia que otros países iniciaron con el objetivo de limitar el impacto de contenidos violentos, sexuales y adictivos en la vida cotidiana de las infancias. "Las protegeremos del salvaje oeste digital", decía Sánchez en su discurso.

Europa lidera esta tendencia con propuestas firmes: se busca prohibir el uso de redes sociales a jóvenes de 16 años, una medida que Australia ya implementó, convirtiéndose en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años, e imponiendo multas millonarias a las plataformas que no verifiquen la edad de sus usuarios. Ahora, países como Francia buscan replicar estas medidas, en este caso a partir de los 15 años, y recientemente fue España el que se sumó a la ola "anti-redes".

Según trascendió, el incumplimiento de estas normas podría acarrear multas millonarias para las compañías tecnológicas, algo que incluso desató la ira del propio Elon Musk: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España", publicó en X el dueño de la plataforma.

El escenario global ha cambiado drásticamente tras la pandemia, desencadenando lo que el sociólogo Alejandro Artopoulos, Sociólogo, Profesor Universidad de San Andrés y UBA, denomina un "digital backlash" o contrarreacción a lo digital. Según plantea, esto trasciende lo educativo: "Se ha transformado en un problema de salud pública muy grave y en un asunto geopolítico". Líderes como Emmanuel Macron argumentan a favor de la soberanía digital y de defender las mentes de infancias y adolescencias en esos países frente a los algoritmos chinos y a las redes sociales norteamericanas.

Mientras algunos especialistas aplauden estas medidas y la intención de proteger a los menores genera consenso, otros advierten sobre los retos de implementación y verificación de edad, y existen controversias sobre quién paga realmente el costo.

Desde la mirada de Mariela Reiman, Directora de Chicos.net, es positivo que los Estados avancen en la regulación y exijan mayores responsabilidades a las empresas. "Hay problemas estructurales en el diseño de muchas plataformas que no contemplan los derechos ni las etapas de desarrollo de chicos y chicas".

Sin embargo, desde la organización advierten que, aunque es una señal positiva, "en la práctica, el mayor peso parece recaer sobre las familias y sobre niños, niñas y adolescentes. Son las familias las que quedan empujadas a controlar, verificar, explicar, gestionar ese cambio abrupto", exponen.

Por otro lado, existe el riesgo de que la medida sea contraproducente. Los sistemas de verificación de edad pueden ser sorteados, dejando a muchos chicos usando las plataformas a escondidas y sin pautas claras de cuidado. Además, el modelo de negocio de las plataformas, basado en la recolección de datos y la maximización del tiempo, queda, en gran medida, sin cambios.

Redes sociales: la trampa de la prohibición

El impacto de las redes sociales en el desarrollo humano es el núcleo de la preocupación. Gabriela Fairstein, profesora e investigadora de la UBA y de Flacso e integrante de la OMEP (Organización Mundial para la Educación Preescolar), explica que el daño es profundo: "En estas etapas, los chicos y chicas están construyendo su subjetividad y se está desarrollando su cerebro".

La investigadora realiza una analogía contundente: "Del mismo modo que una mala alimentación en la infancia es peor que en la adultez porque es más irreversible, la adicción que generan las redes sociales tiene efectos mucho más graves".

Si bien se muestra algo escéptica sobre la eficacia de la prohibición total, en tanto "prohibir algo a lo que se accede de todas maneras nunca es una buena medida porque la gente va a lograr hacerlo igual", reconoce que "la medida de prohibición aislada no va a ser efectiva por sí misma". Según sostiene, "establecer restricciones legales, como prohibir que niños de cuatro años interactúen con una inteligencia artificial o niños de siete años tengan redes sociales, resulta fundamental porque la ley daría un mensaje claro de la posición del Estado respecto de que las redes no son saludables para los niños".

Es decir, enfatiza, "la ley no solamente regula conducta, sino que es un mensaje que vale la pena sostener, siempre que vaya acompañada de campañas de sensibilización a la población y estrategias de acompañamiento, para asegurar que las familias comprendan que ‘eso’ le hace daño a sus hijos".

En sintonía, y desde una mirada legal e incluso de salud mental, Artopoulos alerta que la falta de regulación actual permite que bebés de dos, tres años, que todavía no saben hablar, estén expuestos "al salvaje oeste de los algoritmos de persuasión".

Desde una perspectiva vincular, Santiago Stura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital, enfatiza: "Las plataformas no son meros entretenimiento, sino territorios donde las personas adultas y las personas jóvenes construyen trama vincular, construyen sentido de pertenencia, construyen identidad".

Por ello, la prohibición en el ámbito educativo presenta una paradoja. Si bien hay acuerdo en limitar el celular en las aulas, Stura advierte: "Nos parece problemático el concepto de prohibición porque en general de lo que está prohibido no se habla. El desafío es transformar estos temas en objeto de estudio dentro de la escuela".

¿Es viable prohibir las redes sociales a menores en Argentina?

Artopoulos sostiene que, aunque la infraestructura tecnológica y el entorno legal lo permitirían, el contexto político actual lo dificulta. "Estamos bajo una administración del Ejecutivo que es libertaria, muy reacia a la regulación de las redes sociales, que es una fuente fundamental del poder político que fueron construyendo", postula.

Stura suma la problemática del desfinanciamiento estatal. "La escuela como ámbito de contención está siendo profundamente desfinanciada por el gobierno actual", y agrega que para llevar adelante regulaciones eficientes o acompañamientos integrales se necesita "un Estado no desfinanciado".

A pesar de esto, existen oportunidades. Fairstein sugiere medidas institucionales claras, como, por ejemplo, "establecer que adentro de la escuela no se usen dispositivos, para que la institución se viva sin interferencia". Por su parte, Chicos.net destaca que, con un diseño adecuado, los entornos digitales pueden ser espacios de expresión, creatividad, aprendizaje y participación, pero hay que analizar con cuidado qué marcos legales existen, qué límites impone la normativa de privacidad y qué capacidades reales hay para implementar sistemas de este tipo sin generar nuevos riesgos".

Sumado a ello, la verificación de edad suele estar tercerizada en empresas externas y abre debates muy sensibles sobre protección de datos, privacidad y vigilancia.

"En países de América Latina, donde las plataformas no se desarrollan localmente y el peso regulatorio es menor que en la Unión Europea, no está claro hasta dónde llega la capacidad del Estado para imponer estos mecanismos a compañías globales", argumenta Reiman. "Por eso, muchos especialistas plantean que estas discusiones deberían darse también a nivel regional, buscando estándares comunes para exigir diseños más respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes".

Redes sociales: hacia un cambio cultural más allá de la veda

El consenso entre los especialistas es que la prohibición, por sí sola, es insuficiente. Artopoulos la define como una "medida de emergencia", y señala: "Países como los nórdicos acompañan las restricciones con medidas de formación y de promoción de la alfabetización digital". En este sentido, propone pensar este cambio cultural como ocurrió con el tabaco: "Hoy, después de treinta años de cambios en el tema del cigarrillo, pensamos que si una embarazada fuma está mal. Con las redes sociales podría llegar a pasar eso".

Para Stura, la clave está en reconstruir los bordes que las plataformas borran, pero no solo desde lo punitivo: "Esos bordes no se reconstruyen sólo desde la prohibición, sino que se reconstruyen desde la regulación, desde el límite, desde el cuidado y desde el acompañamiento", sostiene.

Según Reiman, es un problema complejo que no puede resolverse con una medida drástica y única que se basa en excluir a niños y niñas que ya viven en un ecosistema absolutamente digital. "Es imprescindible pensar en esta problemática de manera integral y como comunidad para poder lograr cambios reales: que el foco esté en un diseño ético y protegido de los espacios digitales, acompañado de educación digital", propone. "Más que apostar solo a prohibiciones, es necesario ir más allá de medidas que impulsen un diseño de plataformas basado en derechos: que no promuevan usos compulsivos, que cuiden la privacidad de niños y niñas, y que contemplen tanto la protección como las oportunidades".

Finalmente, Fairstein concluye con un llamado a la presencia adulta ante esta revolución tecnológica: "El escalón más bajo y más posible es sencillamente estar cerca y acompañar, que es lo que siempre han necesitado niños, niñas y adolescentes".