RÍO DE JANEIRO

Ordenaron la liberación de la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas en Brasil

Agostina Páez había sido detenida, luego de que la Justicia advirtiera un "riesgo de fuga". Tenía tobillera electrónica. Qué dijo su abogado
Por iProfesional
ACTUALIDAD - 06 de Febrero, 2026

La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años, acusada y detenida en Brasil por hacer gestos racistas. Así lo confirmó su abogado, Sebastián Robles.

La prisión preventiva de Páez fue revocada alrededor de las 16.30 (hora de Argentina) y solo restan algunos trámites para que la letrada vuelva a la vía pública. Aunque, por el momento, se desconce si la joven podrá abandonar Brasil.

Ordenan liberar a la abogada argentina detenida en Brasil

La joven había sido trasladada a una comisaría de Río de Janeiro, en el marco de la causa que se le sigue por un episodio ocurrido en un bar de Ipanema.

Páez fue arrestada en horas del mediodía y trasladada a una comisaría de la ciudad. Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado el habeas corpus en el que pidió que la autoricen a volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.

Según trascendió, hasta hoy, la joven tenía retenido el pasaporte, fue notificada formalmente de su imputación y se le colocó una tobillera electrónica, medidas dispuestas mientras avanzaba la investigación judicial. El hecho que motivó la denuncia se remonta al 14 de enero, cuando Páez habría realizado gestos ofensivos hacia un grupo de ciudadanos brasileños.

Agostina Páez había sido imputada por "injuria racial": qué pena se prevé en Brasil

En un principio, Justicia brasileña avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal para dictar la prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga y una eventual intimidación a testigos. En ese contexto, no se descartaba que en las próximas horas fuera trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu.

La imputación se decidió por injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

En un video difundido este jueves, Páez aseguró que "se están vulnerando" todos sus derechos y sostuvo que siempre mostró predisposición para colaborar con las autoridades. Al mismo tiempo, reconoció estar atravesando una situación de extrema angustia y afirmó que está "muerta de miedo".

"Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare", expresó.

Si bien la abogada no lo manifestó de manera explícita, trascendió que su reacción habría ocurrido como respuesta a burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que se encontraba en el mismo bar, un punto que, según su entorno, forma parte del contexto incorporado al expediente judicial.

Los fundamentos de la fiscalía y el cierre de la investigación

En las últimas horas, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro avaló el pedido del Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva por considerar que la imputada en libertad podría afectar el desarrollo del proceso. En la resolución judicial se indicó que "la imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial".

El documento también advirtió sobre la posibilidad de que Páez abandone Brasil, lo que —según la resolución— "acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real". En ese sentido, los fiscales consideraron que existían elementos suficientes para justificar la medida cautelar.

En su presentación, la fiscalía destacó la "conciencia" demostrada por una de las mujeres que acompañaban a la abogada, quien habría intentado frenar los gestos durante el episodio. Además, señaló que los relatos de las víctimas fueron corroborados tanto por declaraciones de testigos como por el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

La denuncia también sostiene que Páez continuó con las ofensas racistas incluso después de salir del bar. De acuerdo con el expediente, los mozos agredidos en la vía pública le advirtieron que ese comportamiento constituía un delito en Brasil. A pesar de ello, siempre según la acusación, la abogada se dirigió luego a la cajera del local para llamarla "mono" y repetir los gestos.

La Policía Civil dio por concluida la investigación el 23 de enero, al considerar que las pruebas reunidas eran suficientes para respaldar la acusación. Finalmente, los fiscales afirmaron que las conductas atribuidas a Páez "extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido, golpeando directamente a la víctima con delitos de manera peyorativa y discriminatoria".

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