De cuánto es la multa por pesca ilegal en Argentina

La pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina es una problemática que combina un impacto ambiental negativo, competencia desleal y pérdidas económicas para el país. Aunque no está tipificada como delito penal, constituye una infracción a la Ley Federal de Pesca y puede derivar en sanciones millonarias para las empresas involucradas. En los últimos años, el refuerzo de los controles y la incorporación de tecnología de monitoreo en tiempo real modificaron el escenario y elevaron el costo de operar al margen de la normativa.

El esquema actual apunta a desalentar este tipo de prácticas a través de multas económicas que pueden alcanzar cifras muy elevadas, dependiendo de la gravedad del caso. Un ejemplo reciente fue el detectado el 10 de enero, cuando autoridades argentinas identificaron el ingreso irregular de un buque extranjero a las 200 millas náuticas. Ese episodio sirve como referencia para entender cómo funciona el sistema de control y sanción vigente.

Cómo se detecta y sanciona la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva

El control de la actividad pesquera en el límite marítimo argentino está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que constantemente chequea el movimiento de embarcaciones en las zonas cercanas a la ZEE.

Lo hace medinate una plataforma electrónica de última generación provista por el Ministerio de Seguridad, la cual es operada por personal especializado. El sistema integra información satelital y datos de posicionamiento automático, lo que permite seguir en tiempo real tanto a los buques "colaborativos" —que mantienen encendidos sus equipos— como a los denominados no colaborativos, que suelen apagar sus sistemas para evitar ser detectados.

Actualmente, según datos oficiales, alrededor de 370 buques colaborativos operan legalmente en la zona adyacente, mientras que los no colaborativos forman parte de lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Cuando se detecta una maniobra sospechosa dentro de las 200 millas, se inicia una investigación administrativa. La autoridad analiza velocidad, trayectoria y comportamiento del buque para determinar si realizó tareas extractivas.

En el caso ocurrido el 10 de enero, un pesquero extranjero fue detectado realizando maniobras compatibles con pesca de arrastre durante aproximadamente una hora y 29 minutos dentro de la ZEE.

Según explicó el director de Policía de Seguridad de la Navegación y de Protección Ambiental de la Prefectura, Fernando Dos Santos, la velocidad es un indicador clave: durante tareas de pesca suele ser inferior a los cuatro nudos. Ese patrón permitió concluir que se trataba de actividad extractiva y no de simple tránsito.

Una vez confirmada la infracción, el expediente es remitido a la Subsecretaría de Pesca y Recursos Acuáticos de la Nación, que inicia el trámite para la aplicación de la sanción. Dado que la pesca ilegal no constituye un delito penal sino una infracción administrativa, la consecuencia principal es económica: se impone una multa y se notifica al Estado de bandera del buque involucrado.

Multas millonarias y el rol de la tecnología

Las sanciones por pesca ilegal pueden alcanzar montos muy significativos. Como antecedente, en 2025 se registró un caso testigo de características similares que derivó en una multa cercana a los 708 millones de pesos. Al tipo de cambio actual, esa cifra equivale a unos 480 mil dólares, aunque el monto final puede variar según el tipo de infracción, el tiempo de pesca ilegal y los antecedentes de la empresa.

El esquema contempla además un incentivo para el pago voluntario: si la empresa infractora se allana y abona la multa sin agotar instancias administrativas, puede acceder a una reducción del 50% del monto. Esta herramienta busca agilizar los procesos y asegurar el cobro efectivo de las sanciones.

Un aspecto central en la estrategia de control es el uso de tecnología avanzada. Desde imágenes satelitales hasta sistemas de seguimiento automatizado, el monitoreo se apoya en información provista, entre otros organismos, por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y en convenios internacionales que permiten acceder a registros incluso cuando los buques intentan operar sin emitir señales.