Justicia de Entre Ríos confirmó que avanzará con la demanda contra Uruguay y una compañía chilena
El conflicto por la instalación de una planta de biometanol en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa de Colón, sumó un capítulo judicial decisivo. La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal María Josefina Minatta, dictaminó que la demanda presentada por legisladores entrerrianos contra el Estado uruguayo y la multinacional chilena HIF Global debe tramitarse en los tribunales federales de la provincia y no de manera originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución, firmada el pasado 18 de marzo, despeja el camino para que el Juzgado Federal local comience a evaluar medidas preventivas solicitadas en el expediente 3276/2026. Entre estas acciones se destacan el reconocimiento judicial de las costas y la realización de peritajes sobre la calidad del agua del río Uruguay, buscando anticiparse a lo que muchos sectores ya denominan como una "nueva Botnia".
La presentación judicial fue impulsada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl. Los legisladores sostienen que el proyecto, que representa una inversión de 5.000 millones de dólares, no cumple con el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia fijada por la Corte de La Haya en el histórico litigio por la pastera Botnia-UPM.
Ubicada a solo tres kilómetros en línea recta de la costanera de Colón, la planta de HIF Global proyecta producir e-metanol e hidrógeno verde mediante un uso intensivo del recurso hídrico. Según el dictamen fiscal, el reclamo de los particulares para proteger intereses colectivos como el medio ambiente es legítimo y debe canalizarse por las instancias ordinarias, ya que la Corte Suprema solo interviene de forma directa en casos excepcionales que involucren a provincias o diplomáticos extranjeros.
Tensión política: Frigerio vs. la oposición
El avance judicial también reavivó la disputa política interna en Entre Ríos. El ex titular de Aduana, Guillermo Michel, criticó duramente al gobernador Rogelio Frigerio, acusándolo de "inacción y falta de gestión" frente al avance de la obra en la margen oriental. "Frigerio quería distraer a los vecinos con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria", disparó el legislador del peronismo.
Por su parte, el gobernador Frigerio ratificó su postura de rechazo total a la localización elegida por Uruguay. "La refinería tiene que relocalizarse", afirmó el mandatario, quien advirtió que no descarta recurrir a tribunales internacionales como La Haya o la Corte de Derechos Humanos si el proyecto avanza sin modificaciones. En la misma sintonía, el intendente de Colón, José Luis Walser, calificó la relocalización como una necesidad "sí o sí".
La postura de Uruguay: "Una oportunidad histórica"
Del otro lado del río, la visión es diametralmente opuesta. El intendente de Salto, Carlos Albisu, defendió el proyecto como una "oportunidad histórica" para el desarrollo del norte uruguayo y minimizó las críticas argentinas, asegurando que los impactos negativos no son tales y que, en muchos casos, se trata de una preocupación meramente "visual".
A pesar de la judicialización en Argentina, el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi mantiene una vía de diálogo institucional. El Ministerio de Ambiente de Uruguay ya exigió a HIF Global que su estudio de impacto ambiental incluya explícitamente los efectos en territorio argentino, reconociendo el carácter transfronterizo de la iniciativa. Sin embargo, el recuerdo del corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos (2005-2010) sigue sobrevolando la región como una advertencia de lo que sucede cuando el diálogo diplomático es superado por la vía judicial y el reclamo social.