VIDEO | Massa llegó a Comodoro Py en una camioneta qué desató polémica por su patente

El exministro de Economía Sergio Massa quedó en el centro de la polémica este miércoles tras su llegada a los tribunales de Comodoro Py, rodeado de cuestionamientos por el vehículo en el que se trasladó. De acuerdo con versiones que circularon en ámbitos políticos y mediáticos, la camioneta en la que llegó al edificio judicial, ubicado en el barrio porteño de Retiro, tendría la chapa patente con posibles irregularidades.

Las sospechas apuntan a que la identificación del rodado podría haber estado cubierta o modificada, si bien hasta el momento no se registran imputaciones ni confirmación oficial al respecto.

Massa, en el centro de la polémica tras su paso por la Justicia federal

El hecho cobró relevancia porque circular con la patente tapada o modificada constituye una infracción grave y puede derivar en una causa penal si se comprueba la manipulación del dominio. Este tipo de irregularidades está contemplado en la normativa vigente y suele implicar sanciones económicas e incluso consecuencias judiciales.

En paralelo, la presencia de Massa en los tribunales se vinculó a distintas causas en trámite en la Justicia federal, un ámbito al que suelen concurrir dirigentes políticos, funcionarios y empresarios.

Hasta ahora, no hubo pronunciamientos públicos ni por parte del entorno del exfuncionario ni de las autoridades judiciales. De todas formas, el episodio tuvo eco en redes sociales y generó reacciones en el ámbito político.

Massa declaró en el juicio por Sueños Compartidos por presunto desvío de fondos y admitió incumplimientos

Sergio Massa declaró este miércoles como testigo en el juicio por Sueños Compartidos. El exministro de Economía reconoció que hubo incumplimientos en los convenios firmados entre el municipio de Tigre y la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Su testimonio se desarrolló en los tribunales de Comodoro Py. Massa habló ante el Tribunal Oral Federal N° 5, en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2008 y 2011.

Durante su exposición, el exfuncionario fue directo. Admitió que los acuerdos no se cumplieron como estaba previsto y que el municipio debió intervenir con fondos propios para finalizar las construcciones.

"A partir de esos incumplimientos fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras", sostuvo ante los jueces. La situación se generó después de que el Estado nacional discontinuara los pagos destinados a los proyectos, dejando obras inconclusas que Tigre debió rescatar con su propio presupuesto.

Qué rol cumplió Sergio Massa en los convenios con la Fundación Madres

Massa fue convocado por su rol como intendente de Tigre. Ese era el cargo que ejercía cuando se firmaron los acuerdos con la fundación encabezada por Hebe de Bonafini.

Sin embargo, aclaró un detalle clave. Varios de esos convenios no llevaban su firma directa, ya que durante parte del período investigado se encontraba de licencia.

En ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete a nivel nacional. El municipio quedó entonces a cargo de Julio Zamora, quien actuaba como intendente interino.

Massa detalló que Tigre suscribió al menos tres convenios para la construcción de viviendas. Al retomar sus funciones en la intendencia, firmó un nuevo acuerdo destinado a obras complementarias.

El exintendente también señaló que el municipio no realizó denuncias penales contra la fundación. En cambio, optó por finalizar los proyectos con recursos del erario local.

Cuánto dinero se habría desviado del programa Sueños Compartidos

La causa analiza el funcionamiento de un programa de viviendas sociales que operó bajo la órbita de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Los fondos provenían del Estado nacional y estaban destinados a construcciones en distintos puntos del país.

De acuerdo con la acusación del fiscal Diego Velazco, se habrían desviado más de $206 millones, una cifra que representa aproximadamente el 23% de los fondos totales transferidos para las obras durante el período investigado.

Los principales imputados en el expediente son los hermanos Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, quienes estaban a cargo de la ejecución del programa dentro de la fundación.

También están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios del área de infraestructura.

La investigación apunta a determinar si hubo connivencia entre funcionarios nacionales y los responsables de la fundación para desviar fondos destinados a viviendas sociales.