El gobierno confirmó que el diplomático iraní declarado persona non grata ya abandonó el país

En un movimiento que consolida un quiebre histórico en las relaciones bilaterales, el máximo representante diplomático de la República Islámica de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el territorio nacional este sábado. La salida se produjo tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno de Javier Milei, luego de que el funcionario fuera declarado persona "non grata".

La confirmación llegó a través del canciller Pablo Quirno, quien utilizó sus redes sociales para ratificar el cumplimiento de la medida. "En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", informó el titular del Palacio San Martín, sellando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación persa en Buenos Aires desde 2021.

La expulsión de Tehrani es vista por la Casa Rosada como el "paso previo" a una ruptura total de relaciones con Teherán. Esta decisión profundiza la alineación geopolítica de Argentina con Estados Unidos e Israel, en un contexto de máxima tensión global donde el Gobierno argentino ha tomado una postura de confrontación directa contra el régimen islámico.

Los motivos detrás de la expulsión del diplomático iraní

La drástica medida del Poder Ejecutivo se desencadenó el pasado jueves, tras una serie de eventos que la Cancillería consideró inaceptables para la soberanía nacional. El detonante fue un comunicado de la embajada iraní en Uruguay que contenía "acusaciones falsas y ofensivas" contra las más altas autoridades argentinas, luego de que el país designara a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, las expresiones de Irán constituyeron una "tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional". Además, el Gobierno recordó la histórica negativa de Irán a colaborar con la justicia argentina en la investigación del atentado a la AMIA, así como el incumplimiento de las alertas rojas de Interpol.

La relación entre Buenos Aires y Teherán atraviesa su punto más bajo en décadas. Al declarar a la Guardia Revolucionaria como entidad terrorista, Argentina no solo emitió una condena política, sino que habilitó el congelamiento de activos y la prohibición de operaciones en el sistema financiero local para cualquier entidad vinculada a ese brazo armado.

Desde Irán, la respuesta fue hostil: calificaron la postura argentina como un "error estratégico" y un "insulto injustificable al pueblo iraní". Además, acusaron al presidente Milei y al canciller Quirno de ser "cómplices de crímenes" cometidos por sus aliados internacionales. Sin embargo, la Argentina mantuvo su posición firme, recordando que figuras clave del régimen persa, como Ahmad Vahidi, siguen siendo requeridas por la justicia argentina por la voladura de la mutual judía en 1994, una herida que la actual gestión ha decidido poner nuevamente en el centro de su agenda exterior.