Caso Adorni y AFA: ¿por qué se usan jubilados para operaciones sospechosas y comprar de propiedades?
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Dos de los casos más resonantes de los últimos meses en Argentina tienen un nexo que poco se mencionó hasta el momento. Se trata de los jubilados que aparecen mencionados en las causas que investigan la compra de propiedades de Manuel Adorni y la lujosa mansión de Pilar vinculada a la AFA.
Ya sea como presuntas "prestamistas" o supuestos testaferros, son mujeres mayores de edad las que parecen ser la clave de las investigaciones que están en marcha, ya pudieron haber sido "utilizadas" para llevar a cabo compras de propiedades o -al menos- operaciones sospechosas.
En el caso sobre las propiedades del Jefe de Gabinete, según explicó en su declaración ante la justicia la escribana Adriana Mónica Nechevenko, Adorni adquirió el departamento de la polémica en Caballito con un pago inicial de u$s30.000 y financió los u$s200.000 restantes en 12 cuotas sin interés.
Ese esquema fue acordado con las anteriores propietarias del inmueble, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Sus nombres habían trascendido hace días mediante trascendidos que las sindicaron como las prestamistas de Adorni, pese a que ante distintas consultas periodísticas negaron conocerlo.
La investigación en torno a la mansión de Pilar atribuida a "Chiqui" Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino también incluye en su trama a una jubilada. Es que Luciano Pantano y su madre Ana Conte son señalados como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA y dueños en los papeles de la fastuosa quinta de Pilar.
Pantano y Conte son los dueños de la sociedad Real Central, propietaria de la lujosa quinta de cinco hectáreas, con helipuerto y pista de equitación. Pantano es monotributista y su madre jubilada que cobró el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia: ambos tienen perfiles económicos que no se condicen con la mansión de Villa Rosa que albergaba 54 autos clásicos y de alta gama.
Por qué se "usan" jubilados para operaciones sospechosas o compras de inmuebles
La utilización de jubilados como presuntas pantallas para llevar a cabo este tipo de operaciones sospechosas o compras de inmuebles poco transparentes, puede responder a distintos factores.
Por un lado, el bajo perfil que tienen los propios jubilados: una persona sin actividad económica relevante no genera alertas inmediatas como sí podría producirla un empresario o alguien con alto movimiento. A veces pasan más desapercibidos en controles iniciales.
También tienen menor trazabilidad: como suelen tener pocas operaciones bancarias, es más difícil reconstruir flujos complejos rápidamente.
Pero un punto clave reside en su vulnerabilidad: pueden ser más fáciles de convencer para llevar a cabo operaciones turbias. En algunos casos, aceptan este tipo de roles por distintos motivos:
- Necesidad económica
- Confianza en quien se los propone (familia, conocidos)
- No entender plenamente el riesgo legal
A su vez, tienen una menor "capacidad de defensa": no tienen equipos legales/contables sofisticados, por lo que si algo se investiga, quedan más expuestos.
Quien organiza la operación busca alguien que asuma el rol visible y, llegado el caso, absorba el problema inicial.
Sin embargo, en el plano legal, los jubilados no tienen menos pena judicial que otras personas. Más allá de la edad, si son usados por ejemplo como testaferros, pueden enfrentar delitos graves como lavado de dinero o evasión.
De hecho, por su exposición, muchas veces pueden ser los primeros en quedar señalados en las distintas causas.
La escribana declaró que Adorni le pagó el departamento a las jubiladas en cuotas
La escribana Adriana Mónica Nechevenko aseguró este martes que no detectó "ninguna irregularidad" en las operaciones de compraventa de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las que participó, y sostuvo que se trató de transacciones habituales.
Al ser consultada por la prensa sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario para adquirir un departamento en Caballito, evitó dar precisiones: "Eso pregúntenle a él".
Al salir de los tribunales y consultada por los periodistas que había en el lugar, dijo: "No hubo un préstamo".
La escribana declaró durante casi tres horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en una audiencia de carácter testimonial bajo juramento. En el procedimiento también estuvo presente el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.
Según explicó en su declaración, Adorni adquirió el departamento de Caballito con un pago inicial de u$s30.000 y financió los u$s200.000 restantes en 12 cuotas sin interés.
Así lo acordó con las anteriores propietarias del inmueble, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, dos jubiladas que debían presentarse a declarar como testigos el jueves, en relación a la vivienda ubicada sobre la calle Miró al 500.