CONFLICTO TERRITORIAL

Grave denuncia a un CEO por abuso y hostigamiento brutal a una comunidad indígena

Caravanas, vigilancia y ventas dudosas: integrantes sanavirones denuncian tácticas intimidatorias mientras intentan defender su territorio ancestral
Por iProfesional
ACTUALIDAD - 15 de Abril, 2026

La comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra, perteneciente al Pueblo Sanavirón, denunció un nuevo episodio en el conflicto por la posesión de tierras ubicadas en la zona de Las Abras, departamento de Mitre, en la provincia de Santiago del Estero. Según indicaron, la situación se vincula con la actuación de José Frederick San Román Marshall, apoderado legal del empresario Alfonso Fuentes Barrau, quien figura como titular registral de los terrenos en disputa.

Tal como publicó el sitio EconomíaSustentable.com, de acuerdo con el planteo de la comunidad, el conflicto por estas tierras se extiende desde hace más de cuatro décadas. En ese marco, señalaron que la intervención de San Román Marshall, ejecutivo del sector audiovisual con trayectoria en banca de inversión en entidades como JP Morgan y Lehman Brothers, habría reactivado tensiones en el territorio. Según la denuncia, existirían maniobras orientadas al fraccionamiento y eventual comercialización de los terrenos, lo que —afirman— podría afectar los derechos de ocupación ancestral que reclaman.

Denuncias de hostigamiento y versiones contrapuestas

Además, integrantes de la comunidad manifestaron que habrían detectado situaciones de vigilancia ilegal sobre niños y ancianos en la zona, con presencia de vehículos no identificados, lo que, según expresaron, genera preocupación entre los habitantes.

"Esta historia lamentablemente no es nueva. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, sin duda, porque no reclamamos lo que no nos corresponde" dice Adolfo Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) Vía Campesina. Pese a haber sido reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), los sanavirones nunca dejaron de enfrentar amenazas de desalojo. 

Por su parte, el abogado de Fuentes Barrau, Víctor Daniel Nazar, sostuvo, de acuerdo al sitio EconomiaSustentable.com, que su representado es el propietario legal del campo y que, en ese carácter, tiene facultades para disponer del mismo. En ese sentido, indicó que la actuación de San Román Marshall se enmarca en sus funciones como apoderado.

Antecedentes del conflicto y uso del territorio

El territorio en cuestión se encuentra en Las Abras, una zona donde, según distintas versiones, se registraron conflictos desde la década de 1980. De acuerdo con fuentes cercanas a la comunidad, en ese período se habrían producido episodios de violencia vinculados al control de las tierras. También se menciona que el establecimiento rural fue destinado a actividades agropecuarias como la producción de maíz, algodón y sorgo.

Desde la comunidad, además, vinculan la disputa territorial con el fallecimiento de Alicia Cisneros en 2018, a quien atribuyen consecuencias derivadas de presuntas fumigaciones en la zona. Este punto forma parte de los antecedentes mencionados por los pobladores en el marco del conflicto.

Debate sobre la ocupación y pruebas presentadas

En relación con la presencia histórica de la comunidad en el lugar, Nazar afirmó que, según estudios satelitales que abarcan el período entre 1990 y 2025, no se registraría ocupación indígena en esas tierras. En contraste, representantes de la comunidad sostienen que existen elementos materiales que respaldarían su arraigo en el territorio, como cementerios, pozos de agua y otros vestigios de asentamientos previos.

El conflicto también tuvo episodios recientes, destacó el sitio EconomiaSustentable.com. En octubre de 2024 se registró un hecho de violencia en la zona, tras el cual fueron imputados y detenidos empleados y arrendatarios vinculados a Fuentes Barrau. Según consta en una resolución judicial, un mes después los acusados recuperaron la libertad bajo determinadas condiciones fijadas por la Justicia.

En cuanto a la intervención estatal, el abogado Nazar señaló que la comunidad contaría con apoyo histórico del gobierno provincial. Sin embargo, fuentes vinculadas a la administración local indicaron que no intervienen en el conflicto, al considerarlo un diferendo entre partes.

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