La ruta que la Justicia obligó al Gobierno Nacional a reparar de manera integral

La seguridad vial y el mantenimiento de las arterias fundamentales del país volvieron al centro de la escena judicial. En un fallo de gran impacto para la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, la Justicia Federal ordenó al Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realizar la reparación integral y definitiva de un tramo crítico de la Ruta Nacional N° 11. La resolución responde a una acción de amparo presentada por el diputado provincial José Corral, quien denunció el estado de "abandono y peligro inminente" que presenta este corredor estratégico para la producción y el turismo regional.

El fallo judicial no solo es un llamado de atención por la falta de inversión en infraestructura, sino que establece una obligación concreta sobre un recorrido de aproximadamente 110 kilómetros. Este trayecto une las ciudades de Santa Fe y San Justo, atravesando una decena de localidades que hoy ven afectada su conectividad y seguridad diaria. Según el texto de la sentencia, el deterioro de la calzada es tan avanzado que representa un "riesgo concreto para la vida, la seguridad y la libre circulación" de los miles de usuarios que transitan la vía cada jornada, muchos de ellos transportando la cosecha hacia los puertos.

La situación de la Ruta 11 ha sido motivo de reclamos históricos, pero la judicialización del conflicto marca un precedente importante. El tribunal consideró acreditado el mal estado del pavimento gracias a las pruebas aportadas por el legislador y, fundamentalmente, por los propios informes técnicos de Vialidad Nacional que reconocen las falencias estructurales. Ante esta evidencia, la orden judicial no admite dilaciones: Nación debe intervenir de manera urgente para restituir condiciones adecuadas de transitabilidad en una de las rutas más transitadas de la bota santafesina.

Nación deberá arreglar la Ruta 11: localidades beneficiadas y alcance de las obras

La intervención exigida por la Justicia alcanza a una zona de gran densidad poblacional y flujo comercial. El tramo que deberá ser reparado íntegramente incluye el paso de la ruta por las localidades de Santa Fe, Recreo, Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo. En estos puntos, los vecinos y transportistas conviven diariamente con baches profundos, banquinas descalzadas y una señalización deficiente que ha multiplicado los incidentes viales en los últimos meses.

El fallo no se limita únicamente al bacheo superficial, sino que exige una "reparación integral y definitiva". Esto implica un plan de trabajo que debe contemplar:

• Repavimentación y bacheo profundo: Intervenciones sobre la carpeta asfáltica para eliminar el ahuellamiento provocado por el transporte pesado.
• Mantenimiento de banquinas: Perfilado y limpieza para garantizar zonas de detención seguras.
• Desagües y alcantarillado: Obras para evitar la acumulación de agua sobre la calzada durante los días de lluvia.
• Iluminación y señalización: Reemplazo de luminarias en puntos críticos y renovación de la demarcación horizontal y vertical.

Ruta 11: un plan de seguimiento estricto para Vialidad Nacional

Uno de los puntos más destacados de la sentencia es que la Justicia no solo ordena la obra, sino que establece un mecanismo de control para evitar que el proyecto quede en una promesa. La Dirección Nacional de Vialidad deberá presentar un plan detallado de operación y mantenimiento del corredor y, lo que es más importante, tendrá la obligación de rendir informes bimestrales ante el tribunal sobre el avance efectivo de los trabajos. Esto busca garantizar que la "reparación integral" se ejecute en los plazos previstos y no se detenga por falta de presupuesto.

El diputado José Corral, impulsor de la medida, señaló que si bien el personal local de Vialidad Nacional muestra predisposición, la falta de recursos enviados desde Buenos Aires ha llevado a la ruta a un estado "deplorable". "La ruta está abandonada y hoy no hay a quién recurrir si hay un accidente o un incidente mecánico", afirmó el legislador tras conocerse el fallo. La resolución judicial apunta a resguardar derechos fundamentales, como la vida y la integridad física, que se ven vulnerados por la omisión del Estado en su deber de mantener los caminos públicos.

Esta decisión se da en un contexto de cambio en el esquema de concesiones viales a nivel nacional. El tramo en cuestión formaba parte de proyectos de recuperación más amplios, incluyendo la Red Federal de Concesiones, que preveía intervenciones intensivas en los primeros 12 meses de contrato. Sin embargo, ante la urgencia de la situación y la demora en los procesos administrativos, la Justicia Federal decidió acelerar los tiempos para evitar nuevas tragedias en el corredor que une el centro con el norte de la provincia de Santa Fe. La mirada ahora está puesta en el cumplimiento efectivo de la sentencia por parte del Ejecutivo Nacional.