Cresta Roja: denuncian que la planta de Esteban Echeverría aún contamina, a pesar de su clausura
a planta avícola Cresta Roja, ubicada en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, enfrenta una clausura preventiva por parte de ACUMAR mientras vecinos de la zona denuncian que los olores nauseabundos persisten. La situación afecta potencialmente a más de 200 mil personas que viven en un radio de hasta 6 kilómetros.
El conflicto pone en tensión la protección ambiental con la continuidad laboral de 700 trabajadores. ACUMAR clausuró preventivamente el establecimiento en marzo de 2026 tras detectar vuelcos industriales fuera de parámetro en el arroyo Ortega, pero la medida está en suspenso mientras la empresa cumpla las condiciones impuestas por el organismo, detalló el sitio Economía Sustentable.
Habitantes de Monte Grande, El Jagüel, Luis Guillón, 9 de Abril y Canning aseguran que la situación se repite con frecuencia. Los olores invaden la vida cotidiana y llegan hasta la autopista que conecta con Cañuelas.
Qué genera los olores que denuncian los vecinos
El principal foco de las quejas apunta al proceso de elaboración de harina para alimento balanceado de mascotas. Este subproducto se fabrica a partir de los desechos de la faena avícola.
"La planta sigue emanando humos por las chimeneas con olores nauseabundos que según el viento se sienten en la Autopista", asegura Alejandro Cruz, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
Cruz detalla que el olor característico proviene de la cocción de harinas. "Cocinan plumas y tripas", explica. Durante este proceso se utilizan distintos compuestos químicos y materias primas que generan emisiones y olores muy fuertes, agrega el artículo publicado en Economía Sustentable.
Según las denuncias de CEPIS, estas emanaciones se perciben a varios kilómetros de distancia. El impacto no se limita a las zonas aledañas a la planta, sino que alcanza localidades más alejadas dependiendo de la dirección del viento.
Qué medidas tomó ACUMAR y qué exige ahora
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el organismo responsable del saneamiento y control ambiental en la región. Economía Sustentable accedió a la documentación oficial que solicitó CEPIS a través del pedido de Información Pública.
Según los archivos, el establecimiento fue declarado Agente Contaminante en los términos del artículo 24 de la Resolución ACUMAR Nº 12/2019. Esta categorización implica que la empresa debe cumplir con estrictos controles y planes de adecuación.
Desde ACUMAR confirmaron que la clausura preventiva se dictó en marzo de 2026. La decisión se basó en la detección de vuelcos industriales fuera de parámetro en el arroyo Ortega, en Esteban Echeverría.
La medida de clausura se mantiene actualmente en suspenso, sujeta al cumplimiento de las condiciones que el organismo le impuso a la firma Wade SA, propietaria actual de las instalaciones de Cresta Roja.
A la infracción por los vuelcos se sumó otro problema: la empresa tenía vencido su plan de adecuación ambiental. Por esta situación, ACUMAR tramita una sanción adicional.
El organismo exigió la presentación de un nuevo plan de adecuación. La firma se comprometió a elaborarlo en 30 días hábiles a partir del 13 de marzo. También debe implementar medidas concretas de mitigación por los daños ambientales ocasionados.
Cómo opera la planta bajo clausura preventiva
Las condiciones impuestas por ACUMAR permiten que la empresa continúe operando, pero con restricciones importantes. La planta funciona al 70% de su capacidad productiva.
La firma debe realizar análisis diarios de parámetros críticos de sus efluentes. ACUMAR, por su parte, realiza inspecciones tres veces por semana para verificar el cumplimiento de todas las medidas adoptadas.
En lo que respecta a las emisiones gaseosas, la empresa contrató un asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La orden de compra número 7200143774, fechada el 24 de enero de 2025, cubre el 50% de los honorarios.
El objetivo es realizar asistencia técnica sobre emisiones gaseosas e identificación de fuentes difusas. Este punto forma parte del plan de adecuación presentado por la empresa, que fue aprobado por ACUMAR.
Como consecuencia de ello, se realizarán inspecciones sistemáticas de seguimiento en el establecimiento. El organismo monitoreará el avance de las mejoras tecnológicas comprometidas.
Qué tecnología debe incorporar la empresa para reducir olores
Entre los cambios técnicos comprometidos figura la compra de un aerocondensador marca FIMACO para la producción de harina. Este equipo cumple una función específica en el proceso productivo.
El aerocondensador transforma los vapores en agua y elimina los olores para que no sean nocivos para el ambiente. La incorporación de esta tecnología es una de las exigencias centrales del plan de adecuación.
Sin embargo, los vecinos denuncian que los olores persisten. Por esta razón, están pidiendo información tanto al Municipio de Esteban Echeverría como a ACUMAR.
"Queremos comprender si la empresa cumplió con el proceso de adecuación, ya que debía comprometerse a la incorporación de tecnología con el fin de mitigar los olores", detalla Alejandro Cruz.
El presidente de CEPIS agregó que están a la espera del trabajo del INTI. "El INTI iba a planificar cómo readecuar la tecnología. ACUMAR tenía el compromiso de ir cada tres meses a visitar y a multar".
"Estamos a la espera de ver qué sucede con esto ya que está funcionando de nuevo. Le vamos a pedir una nueva reunión a la Municipalidad", anticipa Cruz sobre los próximos pasos de la organización vecinal.
La tensión entre protección ambiental y continuidad laboral
La planta en El Jagüel cuenta con 700 trabajadores. Este número convierte al establecimiento en una fuente de empleo importante para la zona.
Los empleados se vienen movilizando por falta de pago a tiempo. El conflicto laboral se superpone con las denuncias ambientales, generando un escenario complejo.
Desde CEPIS aclaran que no buscan el cierre total de la planta. "Nosotros no pedimos que la empresa cierre, ni complique la situación de sus trabajadores", enfatiza Alejandro Cruz.
La propuesta de los vecinos apunta a clausurar únicamente el sector que realiza el subproducto de harina. "Ellos siguen faenando pollos, venden huevos. Tienen muchos productos", explica Cruz.
"La planta no necesita un cierre total. Puede seguir funcionando, hasta que ponga los filtros adecuados", concluye el referente de CEPIS. Esta posición busca equilibrar la protección del ambiente con la preservación de las fuentes de trabajo.
El caso de Cresta Roja vuelve a poner en agenda el debate sobre los controles ambientales a industrias que operan en territorios densamente poblados. La resolución del conflicto dependerá del cumplimiento efectivo del plan de adecuación y de los controles que realice ACUMAR en los próximos meses.