Nuevo capítulo en la pelea por la Ley de Financiamiento Universitario: el último fallo de la Justicia
El conflicto por el presupuesto de las casas de altos estudios suma una nueva e inesperada derivación legal. Un reciente fallo de la Justicia Federal ha decidido suspender provisoriamente la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que resultaba clave para habilitar la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como el monto de las becas estudiantiles, ajustándolos según los índices de inflación. Esta decisión judicial actúa como un freno directo a la medida cautelar que, apenas unas semanas atrás, había dado esperanzas a los rectores al ordenar la implementación efectiva de la ley.
El juez de primera instancia Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II, fue quien determinó la suspensión de las acciones que obligaban al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la normativa. Dichos apartados establecían una recomposición salarial que cubría el bache inflacionario existente entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley, además de imponer la obligatoriedad de paritarias trimestrales. Ante este nuevo escenario, las autoridades universitarias ya adelantaron que presentarán una apelación formal el próximo lunes 27 de abril, buscando restablecer el flujo de fondos.
Mientras la batalla legal se traslada a los pasillos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal -donde el Gobierno busca llevar el caso hasta la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario-, el oficialismo intenta mover sus piezas en el Congreso. Fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza confirmaron que mantienen la intención de presentar un proyecto de ley de financiamiento alternativo, que buscaría reemplazar la normativa vigente ratificada por el Congreso en 2025 por un esquema más acorde a las metas de equilibrio fiscal del Ejecutivo.
El retorno a las calles: fecha confirmada para la Marcha Federal
Ante la incertidumbre generada por los constantes idas y vueltas judiciales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió no esperar más y convocó a una nueva movilización masiva para el martes 12 de mayo. Bajo la consigna "Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", la comunidad académica busca visibilizar el deterioro estructural del sistema. Los datos que maneja el CIN son contundentes: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%, mientras que los sueldos del sector solo subieron un 158%.
Este desfasaje salarial ha provocado una caída real del 32% en el poder de compra de los trabajadores universitarios, lo que equivale a la pérdida de más de siete salarios mensuales en poco más de dos años. A esto se suma un recorte del 45,6% en las transferencias reales que reciben las universidades para su funcionamiento operativo. Con este panorama, la marcha del 12 de mayo se perfila como un nuevo hito de protesta en todo el país, similar a las históricas movilizaciones que marcaron el pulso de la discusión educativa durante los últimos años.