AySA: cuál es el nuevo aumento mensual de tarifas que aplicará entre mayo y agosto

Mientras termina de darle los toques finales al pliego licitatorio para privatizar el 90% del capital accionario, el Gobierno de Javier Milei aprobó el nuevo mecanismo de aumento de tarifas que implementará la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos SA) entre los meses de mayo y agosto.

El esquema de ajuste, que apunta a recomponer los ingresos y mejorar el atractivo de la empresa para los futuros inversores, contempla una suba mensual del 3% durante los próximos cuatro meses para luego volver a revisar los números y los registros inflacionarios con el fin de mantener o ampliar ese porcentaje de aumento.

La actualización tarifaria —que comenzará a regir a partir del 1 de mayo— quedó oficializada por medio de la resolución 14/26 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La resolución tiene la particularidad de estar firmada solo por el presidente, Walter Mendez, que es el único miembro del directorio del organismo de control tripartito que está nombrado y en funciones.

Mendez integra la conducción del ERAS en representación del gobierno nacional y desde hace varios meses, tanto el gobierno porteño, como la administración de la provincia de Buenos Aires siguen sin tener designados a sus representantes que les corresponden según la normativa vigente.

El atraso tarifario que no se corrige y presiona sobre las cuentas

Durante 2025, las tarifas de agua y cloacas se ajustaron con un tope del 1% mensual sin tener en cuenta la variación inflacionaria. Esa decisión adoptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, implicó —según el diagnóstico oficial— un atraso tarifario del orden del 21,05%.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de AySA que encabeza Alejo Maxit, esa política de aumentos limitados generó una caída de ingresos superior a los $95.000 millones hasta noviembre del año pasado, lo que llevó a postergar gastos operativos e inversiones.

Con el objetivo de revertir esa situación y mejorar las cuentas de la compañía, a fines de diciembre la gestión libertaria aprobó un esquema de incrementos mensuales acumulativos del 4% para el período comprendido entre enero y abril de este año.

Lo que se aprobó ahora para el período que va de mayo a agosto es un esquema de ajuste que sigue el lineamiento anterior, pero con una pauta de actualización tarifaria mensual del 3%.

En los fundamentos del pedido de mejora tarifaria que elevó al ERAS, la conducción de AySA destacó que "si bien el resultado obtenido por los aumentos aplicados entre enero y abril implicó una mejora tarifaria sustancial para la concesión, corresponde señalar que la misma se situó por debajo de las previsiones" debido a que la inflación estimada para ese período del 8,24% se vio superada por la variación real de los precios que alcanzó al 11,57%.

Esa situación provocó que no se haya podido corregir totalmente el atraso tarifario del 21,05% que existía en diciembre de 2025 y que al mes de abril de este año se mantenga el mismo en 12,26%.

Más allá de los aumentos confirmados para los próximos meses, la resolución del ERAS resaltó que "continuará vigente el programa de Tarifa Social con un descuento del 15% para neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables".

La empresa AySA presta servicios en el área de concesión que abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Atiende a más de 14 millones de habitantes a través de una red de agua potable y desagües cloacales de más de 27.000 kilómetros.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), desde diciembre de 2023 hasta abril de este año, la tarifa promedio de AySA registró un aumento del 418%. Ese incremento en la recaudación y la reducción del 22% en la cantidad de personal —bajó de 7.790 a 6.069 empleados—, permitió que alcanzara en 2024 el primer superávit operativo de su historia.

Según los números oficiales, AySA cerró el año pasado con un resultado positivo neto de $237.000 millones y con una reducción del 85% de sus deudas.

Privatización

Para la privatización de la empresa, los funcionarios de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) habían diseñado inicialmente un mecanismo que contemplaba vender el 90% de las acciones en dos partes: primero, el 51% a un "operador estratégico" y, posteriormente, el 39% restante mediante la colocación en el mercado bursátil.

Ahora lo que está en juego es un nuevo esquema que consistiría en la venta directa del 90% del capital a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una "operadora estratégica" con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de una escala similar a la de AySA.

Los trabajadores mantendrían el 10% de participación accionaria y, una vez cumplido el primer período de cinco años de operación, el nuevo concesionario privado debería avanzar con una apertura parcial de su capital en el mercado.

Junto con el pliego licitatorio, la administración mileísta también tiene que aprobar el nuevo contrato de concesión que incluirá las metas de expansión del servicio, las inversiones obligatorias y los aumentos de tarifas que podrá aplicar el nuevo grupo operador privado.