Medio siglo de contaminación: renuevan permiso a Shell para verter 11.500 litros por hora al sistema pluvial
El 14 de abril, el Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial la Resolución Autoregistrable Ley de Aguas N.º 17/APRA/26. La medida, poco visible para la ciudadanía, renovó el permiso excepcional solicitado por Raizen Argentina para volcar efluentes a la red pluvial en el marco del proceso de remediación de la estación que opera bajo la marca Shell.
Según publicó el periodista Andrés Sanguinetti en el sitio EconomiaSustentable.com, el predio, ubicado en Lima 835, esquina Independencia, podrá seguir descargando efluentes durante 12 meses desde el 15 de abril. Se trata de un caso judicial abierto desde hace más de 47 años, considerado uno de los conflictos ambientales urbanos más prolongados de la Ciudad. Allí, la sociedad compuesta por el grupo brasileño Cosan y la petrolera anglosajona operan una de sus principales estaciones de servicio del país.
El récord de contaminación que atravesó toda la democracia argentina
Aunque el caso del Riachuelo es más extenso, el de esta estación constituye el récord de pasivo ambiental puntual. Su persistencia responde a tres factores: la contaminación es subterránea y forma una "pluma" de hidrocarburos que ocupa una manzana a unos 20 metros de profundidad; su ubicación bajo la Av. 9 de Julio dificulta cualquier remoción masiva; y durante décadas hubo disputas entre el Estado y la empresa sobre los métodos de limpieza.
La Justicia exigía el recambio total de tierra, mientras la empresa proponía alternativas menos invasivas como bombeo de agua y extracción de vapores. Esa tensión técnica demoró la ejecución de la sentencia.
La causa se originó en 1979 tras una explosión y fuertes olores en la estación Independencia de la Línea E. Desde entonces atravesó gobiernos militares, la transición democrática y todas las gestiones porteñas, sin resolución definitiva. En 1991, Subterráneos de Buenos Aires demandó a Shell, y en 1999 la Justicia ordenó la recomposición ambiental, incluyendo remoción de suelo y saneamiento de napas, medidas que nunca se concretaron plenamente, según indicó EconomiaSustentable.com.
Entre 2004 y 2005, peritajes confirmaron que la contaminación abarcaba una manzana completa bajo la 9 de Julio, a una profundidad de entre 14 y 20 metros. En 2018 se autorizó la extracción de fase libre no acuosa (hidrocarburos flotantes). Sin embargo, los avances fueron intermitentes.
Una investigación reciente determinó que el predio pertenece a Raizen Argentina y que existe autorización para verter hasta 11.500 litros por hora al sistema pluvial. El efluente proviene del bombeo de agua subterránea contaminada, extraída mediante pozos dentro y alrededor del terreno.
El permiso, otorgado inicialmente en 2025 por 12 meses, se enmarca en tareas que deben cumplir condiciones ambientales específicas. Aunque Raizen no sea la operadora original, está obligada a recomponer el daño ambiental como permisionaria.
Por qué el caso sigue sin solución después de casi medio siglo
Actualmente, el sitio atraviesa una fase de remediación activa bajo control judicial. El plan incluye extracción de combustible flotante, operación de hasta 40 pozos de bombeo y remoción de vapores para reducir la presencia de benceno y otros compuestos peligrosos.
Sin embargo, el eje del conflicto -la remoción total del suelo- sigue sin resolverse. La ubicación estratégica del predio hace inviable una excavación masiva sin paralizar el tránsito y afectar infraestructura clave.
Por eso, especialistas consideran que el sitio continúa siendo un pasivo ambiental histórico no neutralizado. El sistema actual funciona como un paliativo para contener la contaminación sin eliminarla por completo.
El caso es observado como un precedente sobre la responsabilidad ambiental de empresas petroleras en zonas urbanas densas. Su evolución depende de tres variables: el avance judicial, las soluciones técnicas y el riesgo urbano.
La Justicia ya aplicó multas diarias para forzar el cumplimiento de las tareas, que históricamente superaron los $100.000 y se destinan al Fondo de Compensación Ambiental. Aun así, se prevé que continúen aumentando, según indicó EconomiaSustentable.com.
Dado que la solución definitiva es casi impracticable, el escenario más probable es un sistema de mantenimiento permanente mediante tecnologías como bombeo y extracción de vapores, evitando la expansión del contaminante.
Los riesgos que amenazan al subte y a los edificios cercanos
El riesgo principal es que estos sistemas fallen, lo que podría generar acumulación de gases en la Línea E, con peligro de explosión o exposición a sustancias cancerígenas como el benceno. Esto obligaría a clausuras preventivas.
También existe la posibilidad de que la Justicia ordene el cese de actividades en el predio para facilitar una remediación más profunda, o que futuros proyectos de infraestructura modifiquen el uso del área.
En el peor escenario, la contaminación podría expandirse a edificios cercanos o infraestructuras subterráneas. Sin embargo, los expertos consideran más probable la continuidad del esquema actual durante años, con nuevas disputas legales, según indicó EconomiaSustentable.com.
La resolución reciente reconoce que las acciones correctivas redujeron la presencia de hidrocarburos, pero "no han sido completamente efectivas para resolver la situación ambiental".
También descarta alternativas como el traslado del efluente en camiones, al considerar que implicaría mayor complejidad logística sin mejorar el resultado final.
Por eso, las autoridades sostienen el esquema vigente y justifican la medida por el riesgo de explosividad, la posible exposición a compuestos tóxicos y la limitada eficacia de las soluciones aplicadas hasta ahora.
Además, no se establecen plazos concretos: el proceso continuará hasta que los niveles de contaminación bajen a los parámetros exigidos. Si esto no ocurre, es probable que los permisos se renueven sucesivamente.
Mientras tanto, persisten las emanaciones de gases peligrosos. La Defensoría del Pueblo advirtió en varias ocasiones sobre la acumulación de vapores en túneles del subte, con potencial de generar mezclas explosivas, según indicó EconomiaSustentable.com.
A casi medio siglo de su origen, el caso de la estación Shell de Lima e Independencia sigue abierto, sin solución definitiva y con un horizonte que, lejos de cerrarse, parece extenderse indefinidamente.