Shell Raizen enfrenta cinco expedientes por contaminar el Río de la Plata y el Estado admite nuevas causales graves

La refinería Shell Raizen de Dock Sud enfrenta cinco expedientes vigentes por contaminación ambiental. Todos están vinculados al vertido de efluentes líquidos que llegan al Río de la Plata.

Así lo confirmó el propio Estado nacional en el último informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. El documento reconoció que recientemente se detectaron "nuevas causales de contaminación", indicó un artículo del periodista Sebastián Premici publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.

La planta, propiedad en partes iguales del grupo brasileño Cosan y la anglo holandesa Shell, está bajo la lupa de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Los expedientes abarcan desde 2018 hasta 2025.

Las denuncias no vienen solo de organismos oficiales. Gabriel Michel, ex brigadista especializado en incendios industriales, trabajó 17 años dentro de la refinería. Fue despedido en 2025 luego de alertar sobre prácticas contaminantes y riesgos para trabajadores y vecinos de la zona.

Qué causales de contaminación confirmó el Estado

El informe de Adorni respondió preguntas formuladas por legisladores del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS). Las respuestas quedaron por escrito en la página 147 del documento, pregunta 182.

Acumar detectó que la refinería utilizaba agua de enfriamiento para diluir efluentes industriales, una práctica expresamente prohibida por la Resolución 12/2019, remarca el sitio EconomiaSustentable.com.

También encontró deficiencias graves en la planta de tratamiento de efluentes líquidos (PTEL). Los controles operativos resultaron inadecuados.

El rendimiento de los procesos de tratamiento mostró niveles bajos. Los análisis de vertidos revelaron presencia de contaminantes por encima de los límites permitidos.

Además, se registraron eventos de contaminación directa. Entre ellos, derrames de hidrocarburos que afectaron al Río de la Plata. Los resultados analíticos superaron significativamente los valores admisibles.

Estos hallazgos evidencian fallas operativas y riesgos ambientales concretos, según el propio documento oficial.

Los expedientes abiertos contra la refinería

La refinería acumula al menos cinco expedientes sancionatorios vigentes. Todos están relacionados con incumplimientos a la Resolución 12/2019 de Acumar, indicó el sitio EconomiaSustentable.com.

Uno de los más recientes es el EX-2025-70725387-APN-SG#ACUMAR, iniciado el 7 de julio de 2025. Acumar comprobó que Shell Raizen usaba agua para dilución, reduciendo artificialmente la concentración de contaminantes en los vertidos.

Otro expediente clave arrancó el 20 de marzo de 2023 (EX-2023-30287108-APN-SG#ACUMAR). La causal: superar los límites admisibles de vertido establecidos por la normativa vigente.

Los tres expedientes restantes también están vinculados al vertido de líquidos contaminantes. Todos permanecen abiertos y en proceso.

La respuesta del Estado hasta ahora se limitó a multas económicas. No se implementaron medidas de remediación ambiental. Para un grupo transnacional, las sanciones económicas resultan fácilmente cancelables.

La refinería actualmente está en proceso de venta hacia la suiza Mercuria Energy e Integra Capital, del Grupo Manzano.

La denuncia de un trabajador que estuvo 17 años adentro

Gabriel Michel conoce la refinería desde adentro. Trabajó como operario y brigadista (bombero) especializado en incendios industriales durante 17 años.

"La industria petrolera es contaminante en sí misma. Y la refinería aún más", explicó Michel en diálogo con Economía Sustentable. Estudios médicos encargados por la propia empresa hace varios años arrojaron que varios compañeros estaban contaminados con agentes cancerígenos.

Esas denuncias dentro de la planta le costaron el despido. Primero fue echado una vez. Luego lo volvieron a contratar. En 2025 lo despidieron nuevamente.

"A los dos meses de que me despiden, muere un compañero luego de un feroz incendio", agregó Michel.

El trabajador también denunció que la planta de Cocker venía de Holanda por no cumplir normas ambientales en ese país. Esta unidad procesa carbón de petróleo y distintos tipos de destilados.

Los vecinos de Villa Inflamable sufren la contaminación de manera cotidiana. "Cuando cuelgan la ropa en sus patios luego de lavarla, a las pocas horas aparece toda manchada de polución", describió Michel.

La situación se agrava por la presión sobre ritmos de trabajo. La flexibilización laboral obliga a los operarios a acelerar tareas de mantenimiento.

"Nos obligan a acelerar los trabajos dentro de la refinería. Por esos apuros, nos ha pasado de no poder controlar contaminantes que caen al suelo y que luego salen por los desagües", explicó Michel. Así se contamina el agua del Río de la Plata.

Cómo entró el Acuerdo de Escazú en un fallo laboral argentino

Gabriel Michel y Pablo Placeriani lograron su reincorporación mediante fallos judiciales emitidos entre julio y octubre del año pasado. Recientemente, la jueza Stella Maris Vulcano intimó penalmente al CEO de Shell-Raizen, Andrés Cavallari, para que cumpla el mandato.

Pero el proceso arrojó un precedente inédito para la jurisprudencia local. La sentencia de la cautelar del 17 de octubre de 2025, firmada por María Cecilia Hockl y Enrique Catani, menciona explícitamente el Acuerdo de Escazú.

El fallo utiliza el tratado internacional para fundamentar que los trabajadores despedidos califican como "defensores ambientales" protegidos por normativa internacional.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El país lo rubricó en 2018.

"Esta es la primera vez que la Justicia Laboral determina que los despidos fueron discriminatorios por su rol sindical político y ambiental", explicó la abogada Melina Acevedo, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

El artículo 9 del Acuerdo lleva por título "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales". Obliga a cada país a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra estos defensores.

"Que el Acuerdo de Escazú haya sido incluido como fundamento de una sentencia judicial también es relevante para los vecinos de Villa Inflamable", agregó Acevedo. "El Estado tiene la obligación de protegerlos".

Michel es parte de la lista naranja del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda. Desde esa organización venía denunciando lo que ahora el informe oficial de Jefatura de Gabinete confirmó: una práctica sistemática de contaminación e incumplimiento de normas ambientales en la refinería Shell Raizen de Dock Sud.