Hidrovía: alertan que el dragado impulsado por Cargill, Bunge y Dreyfus podría causar un "ecocidio"
La Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a encender la alarma entre especialistas ambientales, científicos y organizaciones sociales. El Gobierno nacional avanza con una nueva licitación que contempla profundizar el dragado del río Paraná, pero lo hace sin los estudios de impacto ambiental que exigen tanto la Justicia como organismos especializados del Estado.
La polémica se concentra en una obra de infraestructura vital para la economía argentina. Por la Vía Navegable Troncal (VNT) circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales, principalmente granos, harinas y aceites de soja.
El proyecto oficial contempla el dragado, balizamiento y cobro de peaje de esta vía fluvial. Pero el punto más conflictivo es la ampliación del calado en distintos tramos del Paraná: pasaría de los actuales 34 pies a 44 pies de profundidad, una modificación que obligaría a remover alrededor de 150 millones de metros cúbicos de sedimentos del fondo del río, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Según advierten distintos sectores, esa intervención podría generar consecuencias ambientales irreversibles para el ecosistema de humedales más importante de Argentina.
La ampliación busca permitir el ingreso de buques oceánicos de mayor porte hacia los puertos agroexportadores del Gran Rosario. El objetivo es claro: reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de las grandes cerealeras y grupos industriales que operan sobre el Paraná.
Quiénes se benefician con el megadragado del Paraná
Entre los principales beneficiados de esta obra figuran compañías multinacionales nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario. La lista incluye nombres como Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y Molino Agro.
También aparecen firmas vinculadas al sector siderúrgico, como Acindar y el grupo Techint.
La nueva concesión representa uno de los negocios más jugosos vinculados a la infraestructura argentina. Dos compañías belgas, Jan De Nul y DEME, compiten actualmente por un contrato estimado en unos u$s15.000 M a 25 años.
Sin embargo, el eje de la polémica no pasa únicamente por el volumen económico de la licitación. La ausencia de estudios ambientales previos es lo que más preocupa a científicos y organizaciones sociales, remarca el artículo de EconomíaSustentable.com.
Esos informes permitirían determinar la viabilidad de semejante intervención sobre el río. Pero el proceso avanza sin ellos.
La crítica de los especialistas: los barcos deben adaptarse al río
Uno de los principales críticos del proyecto es el arquitecto Pablo Payró, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná. Su argumento es contundente.
"Los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: permitir que un buque oceánico pueda ingresar 500 kilómetros dentro de un continente", sostuvo.
Payró advirtió además que el proyecto fue diseñado para satisfacer los intereses de las grandes exportadoras. "Se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras, que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias ambientales", afirmó.
Para los sectores ambientalistas, la falta de estudios de impacto previos constituye uno de los puntos más graves del proceso licitatorio, añade la nota de EconomiaSustentable.com.
Qué dijeron la Justicia y la Procuraduría sobre la falta de estudios
La ausencia de evaluaciones ambientales ya había sido señalada tanto por la Justicia como por organismos especializados del Estado.
En julio del año pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario dictó una medida cautelar. La orden fue clara: frenar cualquier obra de ampliación del dragado en la zona de Ramallo hasta contar con los estudios correspondientes.
A su vez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió en febrero de 2025 un dictamen contundente.
"La profundidad de dragado requiere evaluaciones ambientales que determinen sus efectos. El objeto de la contratación debe definirse en función de esos estudios y no con posterioridad", señaló la PIA.
El organismo también consideró "irrazonable" avanzar con un pliego licitatorio sin contar previamente con informes técnicos. Según remarcaron desde la Procuraduría, realizar los estudios una vez adjudicado el contrato podría derivar en modificaciones posteriores del proyecto.
Eso afectaría la transparencia y eficiencia del proceso.
El informe privado que respaldó a las exportadoras
Pese a los cuestionamientos, las principales cámaras empresarias vinculadas a la actividad portuaria y exportadora impulsaron estudios privados. El objetivo era respaldar la profundización del Paraná.
La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara Argentina del Acero y la Unión Industrial Argentina contrataron a la consultora Latinoconsult.
El informe elaborado concluyó que la ampliación del dragado no generaría impactos ambientales significativos. Según el documento, cualquier consecuencia negativa tendría un "nivel bajo" o, en casos puntuales, "moderado".
Además, el estudio sostuvo que no era necesario realizar trabajos de campo específicos. La razón: existía "profusa información disponible" sobre la Vía Navegable Troncal.
Las conclusiones despertaron fuertes críticas de organizaciones ambientales. Consideran que el informe fue elaborado "a medida" de los intereses empresarios.
La Fundación CAUCE, especializada en temas ambientales y fluviales, denunció que el proceso licitatorio terminó excluyendo prácticamente todo el capítulo ambiental gracias a este tipo de consultorías privadas.
Cuáles son los riesgos ambientales que nadie está midiendo
Las organizaciones ambientalistas advierten que el dragado intensivo podría profundizar daños que ya afectan al ecosistema del Paraná desde hace décadas.
Entre los principales riesgos mencionan:
- Erosión de barrancas
- Aumento de la velocidad del agua
- Destrucción de bancos de arena y playas fluviales
- Deterioro de humedales
- Afectación directa de áreas protegidas y sitios Ramsar
- Expansión de especies invasoras, como el mejillón dorado
- Alteración de los riachos que alimentan el sistema de humedales
"La profundización a 44 pies acelerará todos los fenómenos que ya vienen poniendo en crisis al ecosistema del humedal", explicó Payró. El paso de embarcaciones de mayor porte incrementará el oleaje y provocará más desmoronamientos de costas y albardones naturales.
Los especialistas consideran que el Paraná no puede ser tratado simplemente como una "autopista fluvial". Se trata de un ecosistema complejo del que dependen millones de personas.
La contaminación oculta en el fondo del río
Uno de los aspectos más delicados del debate tiene que ver con la contaminación acumulada en los sedimentos del río.
Diversos estudios científicos detectaron la presencia de agroquímicos en cursos de agua vinculados al sistema del Paraná. Los más frecuentes son el glifosato y AMPA, uno de sus principales metabolitos.
Una investigación del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral analizó distintos arroyos de la región. Detectó niveles de glifosato superiores a los estándares europeos de calidad para vida acuática.
El trabajo utilizó anfibios y peces como bioindicadores ambientales para medir el impacto de la contaminación derivada del modelo agroindustrial.
El doctor Rafael Lajmanovich, investigador y profesor de ecotoxicología de la UNL, advirtió que el sistema exportador concentra también enormes "pasivos ecológicos".
"La ruta de las exportaciones está sostenida sobre un modelo extractivo que degrada la salud de los ecosistemas y de las comunidades ribereñas", explicó.
Para los especialistas, remover millones de metros cúbicos de sedimentos podría liberar contaminantes acumulados durante años en el lecho del río. Eso agravaría aún más el problema ambiental.
El dilema entre economía y ambiente que define el futuro del Paraná
La discusión sobre la Hidrovía expone una tensión histórica entre desarrollo económico, exportaciones y preservación ambiental.
Argentina depende fuertemente de las divisas generadas por el complejo agroexportador. Su infraestructura portuaria se concentra principalmente sobre el Gran Rosario.
Las empresas cerealeras no sólo controlan buena parte del comercio exterior argentino. También manejan los principales puertos privados ubicados a la vera del Paraná.
Para sectores críticos del modelo actual, la profundización del dragado representa una nueva cesión de soberanía sobre el río en favor de grandes corporaciones multinacionales.
El dirigente y escritor Luciano Orellano ya había advertido en distintas investigaciones sobre el poder económico y territorial de las exportadoras que operan en la región.
Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la licitación multimillonaria pese a los cuestionamientos judiciales, ambientales y científicos.
Ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas deberá analizar una nueva denuncia presentada por José María Lojo, ex titular del Puerto La Plata y del Consejo Portuario Argentino, junto al constitucionalista Eduardo Barcesat.
La presentación apunta tanto al supuesto direccionamiento de los pliegos como a la ausencia de estudios de impacto ambiental previos.
En paralelo, organizaciones sociales, ambientalistas y especialistas siguen reclamando que cualquier modificación estructural sobre el Paraná sea evaluada con estudios independientes, públicos y transparentes. La advertencia es clara: esta obra podría alterar de forma irreversible uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica.