Rosario enfrenta una batalla legal por un parque acuático que amenaza el último espacio público ribereño
Un parque acuático con entrada paga en plena ribera del Paraná desató en Rosario un conflicto sin precedentes. La Municipalidad lo defiende como atractivo turístico. Vecinos, ambientalistas y toda la oposición política lo acusan de privatizar el último acceso gratuito al río.
Según publicó la periodista Jorgelina Hiba en el sitio EconomiaSustentable.com, el intendente Pablo Javkin avanza a toda velocidad con el proyecto. Ya licitó, cerró la zona y empezó a trabajar. Del otro lado, 30 agrupaciones vecinales, deportistas y hasta educadores formaron la Comisión Rambla Pública para frenarlo.
"Rosario tiene 30 kilómetros de línea de costa. Solo uno es de uso público gratuito", explicó Diego Algrain, referente de la Asociación de Guías e Instructores de Kayak. "Es nuestro paisaje, nuestra identidad. Decimos no al parque acuático porque se puede hacer en otra parte, pero no en la rambla pública, que es el único espacio de río y costa que podemos usar todos en esta ciudad".
El proyecto incluye piletas y toboganes plásticos en la Costanera Norte. Presupuesto total: u$s8,5 millones financiados por la provincia de Maximiliano Pullaro.
Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el plan tiene un nombre: "extractivismo urbano". Se trata de desarrollos que luego serán concesionados en áreas públicas con alto valor ambiental.
Qué partes de la ribera están en disputa y cuánto se perdería de espacio público
La batalla no es contra toda la remodelación de la Costanera Norte. El rechazo apunta específicamente al complejo de piletas que mordería 10 mil metros cuadrados de ribera y playa.
El proyecto implica sacar más de 40 árboles nativos. También rompería tanto la línea costera como la vista directa al Paraná, según indicó EconomiaSustentable.com.
"Lo que discutimos no es la remodelación sino puntualmente ese parque que privatiza de hecho nuestro acceso al río", insistió Algrain. La Comisión Rambla Pública congrega a pescadores, kayakistas, nadadores, vecinales, arquitectos y hasta educadores.
Para la Municipalidad, se trata de potenciar el perfil turístico. El lema oficial de la gestión Javkin es "Volvó Rosario". El mensaje central: quedó atrás el tiempo de la violencia y las muertes narco, y ahora la ciudad vuelve a ser un destino deseado.
Cómo llegó el conflicto al Concejo y qué dicen los bloques opositores
El tema escaló rápidamente y alcanzó al Concejo Deliberante. Ahí ocurrió algo casi inédito en la política argentina actual: unificó posiciones de todos los partidos opositores.
Libertarios, peronistas, socialistas y Ciudad Futura coinciden. Critican el proyecto por su costo, el recorte de espacio público y sus impactos ambientales, según indicó EconomiaSustentable.com.
"Faltó debate y espacios de participación ciudadana", dijo Julián Ferrero, presidente de la Comisión de Ecología del Concejo y parte de Ciudad Futura. "El tipo de proyecto no encaja con una zona ambientalmente de alto valor. Además, detectamos irregularidades en el proceso de licitación".
Desde el extremo opuesto ideológico, el concejal libertario Juan Pedro Aleart salió con todo: "Pedimos la suspensión inmediata de las obras y que se debata el tema en el Concejo".
Fabricio Fiatti, concejal oficialista, defendió la idea: "El parque se va a montar sobre un espacio que hoy ya es de cemento. No disminuye la playa. Va a jerarquizar la zona sumando un atractivo recreativo que no va a afectar al entorno".
La secuencia vertiginosa: del anuncio a las máquinas en 24 horas
Todo ocurrió a velocidad récord. La Municipalidad hizo público el proyecto a finales de abril. El 14 de mayo licitó las obras. Apenas 24 horas después, las máquinas ya trabajaban en la zona cerrada.
En paralelo con el apuro municipal, se multiplicaron las acciones ciudadanas de protesta. La Comisión Rambla Pública motoriza marchas, reclamos y visibilización del conflicto.
La arena política también entró en ebullición. El intendente y sus alfiles salieron a acusar a la oposición de motorizar las protestas. Desde los bloques no oficialistas criticaron la falta de transparencia.
Ciudad Futura apuntó específicamente contra la ausencia de participación ciudadana previa y las irregularidades en la licitación. Los libertarios exigieron suspensión inmediata y debate amplio, según indicó EconomiaSustentable.com.
Qué dice la cautelar judicial que busca frenar el proyecto
A la disputa social y política se sumó la judicial. El 20 de mayo, un grupo de vecinos presentó una medida cautelar pidiendo la inmediata suspensión de las obras.
La presentación argumenta falta de información pública, licitación dudosa, ausencia de estudios de impacto ambiental y falta de instancias de participación ciudadana.
Los vecinos piden que se suspendan las obras "para garantizar la inmediata protección judicial del ambiente, del espacio público ribereño y del acceso colectivo al río Paraná".
El texto legal es contundente: "El proyecto importa una afectación directa al derecho al ambiente. Implica una degradación del ecosistema costero, incompatible con los principios de prevención y no regresividad ambiental".
La cautelar también señala que el plan "supone la sustitución de un entorno natural por un modelo artificial intensivo de gran impacto". Ahora la Justicia deberá resolver si frena o no las obras mientras se debate el fondo del asunto.