Desalojo violento en Salta: 500 policías echaron a comunidad indígena de tierras ancestrales
El desalojo más violento de los últimos años en Salta ocurrió el viernes pasado en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Más de 500 efectivos de Infantería y distintas dependencias policiales partieron al amanecer hacia Las Pailas, una zona rural al pie del Nevado de Cachi que forma parte del territorio ancestral de la comunidad indígena Diaguita Kalchakí.
El objetivo oficial era ejecutar una orden de desalojo sobre cuatro hectáreas. La propiedad la reclaman Florencia, Carolina y Oscar Wayar, familiares del ex vicegobernador justicialista Walter Wayar. Pero el operativo se fue de las manos. Lo que debía limitarse a cuatro hectáreas terminó afectando 44 hectáreas y a cinco familias completas de la comunidad, indica la periodista Laura Berisso en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Recién avanzada la tarde, la policía se retiró. Dejó tras de sí viviendas violentadas, puertas rotas y animales dispersos por los cerros.
"La policía rompía las puertas de las familias, sacaba nuestras cosas y corría a los animales hacia los cerros", relató Héctor Fabián, miembro y referente de la comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas.
Según informó el sitio EconomiaSustentable.com, el caso expone con crudeza la vulneración de los derechos indígenas. Tras la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena por decreto del gobierno de Javier Milei en 2024, los territorios ancestrales quedaron sin la protección legal que durante años suspendió este tipo de desalojos.
Una sentencia de 2013 que despertó tras 13 años
La historia judicial de este conflicto arranca en 2013. Ese año quedó firme una sentencia tras la denuncia de los Wayar contra Agustín Mamani, un miembro de la comunidad.
El argumento: había terminado el contrato de arriendo que Mamani mantenía sobre cuatro hectáreas. La justicia ordenó su desalojo en aquel momento, pero la disposición nunca se ejecutó.
Tal como informó EconomiaSustentable.com, la razón fue la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta norma suspendía los desalojos sobre tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades originarias hasta que el Estado completara un relevamiento de sus territorios ancestrales.
Durante 13 años, esa ley funcionó como escudo. Pero en diciembre de 2024, el gobierno nacional la derogó mediante el DNU 1083/2024 antes de la fecha prevista (noviembre de 2025).
Así, después de más de una década sin movimiento, la sentencia se reactivó de golpe. Y lo hizo con un despliegue policial que la propia comunidad califica de desproporcionado e ilegal.
EconomiaSustentable.com accedió a los expedientes judiciales. La sentencia se centra específicamente en Agustín Mamani y lo condena a entregar "cuatro hectáreas dentro de un inmueble rural de mayor extensión".
Sin embargo, el oficio que ejecutó la orden el viernes pasado carece de precisiones. "Autoriza a la fuerza pública en caso de ser necesario" al desalojo "del demandado y/o cualquier otro ocupante del inmueble en cuestión".
Esa redacción ambigua es hoy uno de los principales puntos de controversia. La comunidad sostiene que habilitó un operativo mucho más amplio que el ordenado originalmente, añadió el artículo de EconomiaSustentable.com.
El momento en que el operativo se extendió sobre toda la comunidad
Héctor Fabián recuerda con precisión cuando el desalojo se salió de control. Los efectivos comenzaron a avanzar sobre sectores que la comunidad consideraba ajenos al litigio.
Los vecinos intentaron frenar el procedimiento. Advirtieron que la medida excedía lo dispuesto por la sentencia.
Según su relato, el jefe del operativo se comunicó telefónicamente con la jueza interviniente, María Fernanda Diez Barrantes. La magistrada ratificó la continuidad del desalojo pese a las objeciones.
Para la abogada defensora de la comunidad, Verónica Huber, lo ocurrido no fue una confusión. "El oficio fue redactado de manera deliberadamente ambigua para habilitar un lanzamiento más amplio sobre toda la comunidad", sostuvo.
Huber también cuestionó el timing del operativo. "Se eligió un fin de semana de tres días para dificultar aún más el poder hacer valer los derechos de las personas que fueron desalojadas. La ilegalidad es manifiesta, pero no la podemos plantear hasta el martes".
El resultado del operativo fue devastador para las familias. "Perdimos un montón de animales y nos da miedo perder también las cosechas que tenemos", dijo Héctor Fabián.
Quiénes son los Wayar y qué intereses hay detrás del desalojo
En Salta, Wayar es un apellido que pesa. Walter Wayar —quien, según afirma la comunidad, sería primo hermano de los denunciantes— fue vicegobernador de la provincia, intendente de Cachi y diputado y senador provincial por el justicialismo.
La familia mantiene una presencia histórica en Cachi. Tiene vínculos profundos con la actividad agropecuaria en los Valles Calchaquíes y es señalada como propietaria de distintas tierras rurales de la zona, añade la nota de EconomiaSustentable.com.
Florencia, Carolina y Oscar Wayar reclaman la propiedad de algunas hectáreas en Las Pailas. El dato clave: esas mismas tierras fueron incluidas y reconocidas como de posesión de la comunidad Diaguita Kalchakí en el relevamiento territorial realizado por el Estado en 2014.
Ese relevamiento se hizo en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, precisamente la norma que ahora quedó sin efecto.
Además, una de las denunciantes, Florencia Wayar, es funcionaria del Ministerio Público Fiscal. Esa misma institución interviene en el proceso en curso contra la comunidad.
"Ellos no saben nada del territorio, no son capaces de reconocer cuáles son los espacios de los que creen ser dueños porque nunca los vivieron", dijo el referente indígena Héctor Fabián.
La comunidad sospecha que detrás del desalojo hay intenciones económicas concretas. "No dudamos que por ahí sus aspiraciones sean generar un negocio inmobiliario o de darle vía a la actividad minera", señaló Fabián.
Las tierras en disputa están en las nacientes del Nevado de Cachi, un área ambientalmente valiosa. Pero además son lugares sagrados para la comunidad, con sitios arqueológicos y de memoria ancestral.
Por qué el desalojo fue ilegal según los abogados de la comunidad
La abogada Verónica Huber plantea que el problema no fue solo cómo se ejecutó el operativo. La sentencia que lo habilitó ya prescribió.
"Según el Código Civil la prescripción de las sentencias es de 5 años y aquí pasaron 13", resaltó la letrada.
Huber explicó que la firma de contratos de arriendo como el que firmó Agustín Mamani en 2001 siempre fue una práctica habitual en Salta. "Muchos titulares registrales que tienen las escrituras pero no la posesión de las tierras les hacían firmar a gente que quizás no sabe leer ni escribir, contratos para poder pastar o utilizar tierras que, paradójicamente, siempre fueron habitadas por ellos mismos y sus familias".
Durante la semana previa al desalojo, varias instituciones se movilizaron. El Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), la Subsecretaría de Asuntos Indígenas provincial, la senaduría provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hicieron distintas presentaciones ante la justicia.
Todas buscaban evitar lo que finalmente sucedió. Sin embargo, la jueza interviniente rechazó las presentaciones. Consideró que la comunidad "es un tercero que no puede tener parte en el proceso judicial".
El desalojo afectó a adultos mayores, niñas, niños y hasta "una familia con una persona discapacitada que no tiene a dónde ir y que le resulta muy complicado trasladarse de esa manera", sostuvo Huber.
Por eso, el abogado Martín Plaza interpuso el domingo un Habeas Corpus Preventivo en favor de los integrantes de este grupo familiar.
La reacción del mundo académico y organismos de derechos humanos
Durante el fin de semana se multiplicaron los pronunciamientos. El CONICET y distintas unidades académicas emitieron comunicados en repudio de lo sucedido.
Denunciaron el avasallamiento y vulneración de los derechos y garantías legales de la comunidad. También se manifestaron en contra la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Miguel Ragone y la Liga por los Derechos Humanos.
Con el acompañamiento de instituciones científicas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, la comunidad permanece en estado de alerta y asamblea permanente.
"No es solo el despojo de una vivienda. Es la negación de una identidad, de un sistema de vida y de un derecho conquistado con décadas de lucha", afirmó públicamente la comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas.
El caso quedó en manos de la justicia. Pero el daño ya está hecho: viviendas violentadas, animales perdidos y familias enteras sin techo en pleno invierno salteño.
La disputa por las tierras de Las Pailas expone una realidad más amplia. La derogación de la Ley 26.160 dejó a miles de comunidades indígenas en todo el país sin la protección que durante años les garantizó permanecer en sus territorios ancestrales.