Más de 400 recicladores de La Plata denuncian el fin del contrato municipal y reclaman continuidad del sistema
Durante una década, las cooperativas de recicladores fueron el pilar del sistema de gestión de residuos en La Plata. Recuperaron toneladas de materiales, impulsaron la separación en origen y construyeron una política pública que combinaba cuidado ambiental con trabajo digno. Hoy, más de 400 recuperadores urbanos aseguran haberse quedado sin empleo.
Las organizaciones denuncian que el Municipio de La Plata, encabezado por Julio Alak, decidió rescindir el contrato que mantenía con ellas. Hasta el momento, no presentó ninguna alternativa concreta que permita sostener la actividad, indica la periodista Agustina Grasso en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
El conflicto abrió un interrogante que preocupa tanto a los trabajadores como a los vecinos comprometidos con el ambiente. Si las cooperativas ya no reciben los materiales separados, ¿qué ocurrirá con las bolsas verdes que diariamente siguen siendo recolectadas en la ciudad?
Diez años de trabajo que quedaron en el aire
"Hace diez años que trabajamos con el Municipio, independientemente del color político de cada gestión", explicó a Economía Sustentable Juan Agustín Ledesma, militante de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de La Plata, Berisso y Ensenada.
Según relató, el sistema funcionaba mediante contratación directa entre el gobierno local y las cooperativas, que se encargaban de clasificar y recuperar los residuos reciclables que los vecinos separaban en sus hogares.
Hace algunos meses, el Municipio les informó que el servicio pasaría a licitarse. "Nos pareció bien. Una licitación da mayor previsibilidad y transparencia", sostuvo Ledesma.
El problema llegó después. "Cuando llegó el momento nos dijeron que el reciclado finalmente no iba a formar parte de los servicios licitados", denunció.
Las únicas actividades incluidas en la licitación fueron barrido, limpieza y mantenimiento urbano. El reciclado quedó afuera, añade el artículo de EconomiaSustentable.com.
"Nos dijeron que no iba a licitarse por cuestiones técnicas. Pero nosotros demostramos que sí puede hacerse porque ocurre en muchos otros municipios del país", cuestionó el dirigente.
Una tarjeta alimentar en lugar de un salario
Tras varias reuniones con funcionarios municipales, las cooperativas recibieron una propuesta que consideran inaceptable.
"La única política que nos ofrecieron fue una tarjeta alimentaria. Nos dijeron que el Municipio no podía sostener nuestro trabajo y que nos quedáramos únicamente con la venta de los materiales reciclables", explicó Ledesma.
Es decir, pasar de tener un salario mensual a recibir asistencia social. Y depender exclusivamente de lo que puedan obtener por vender cartón, plástico o vidrio en un mercado cada vez más deprimido.
La propuesta fue rechazada de plano por las organizaciones. "No estamos reclamando un subsidio. Estamos defendiendo nuestro trabajo", resumió el militante.
Para los recuperadores, la diferencia es sustancial. Durante diez años construyeron un sistema que les permitía vivir de su labor, con ingresos previsibles y reconocimiento institucional, destaca el artículo de EconomiaSustentable.com.
Ahora enfrentan la posibilidad de volver a la informalidad absoluta.
El misterio de la bolsa verde
Uno de los puntos que más preocupa a las cooperativas es el destino de los residuos reciclables que miles de vecinos siguen separando diariamente.
Actualmente existe una empresa privada contratada por el Municipio que continúa realizando la recolección diferenciada. Los camiones pasan, levantan las bolsas verdes y se las llevan.
Pero quienes históricamente clasificaban y recuperaban esos materiales ya no tienen contrato. "Uno de los principales interrogantes es qué va a pasar con esa bolsa verde", planteó Ledesma.
El Municipio sigue pagando a la empresa privada para recolectarla. Sin embargo, si las cooperativas ya no reciben ese material, ¿cuál será su destino final?
"Nuestro temor es que esos residuos terminen enterrados en un relleno sanitario o basural. Eso sería un enorme retroceso ambiental y social", advirtió el dirigente.
La hipótesis no es descabellada: sin las cooperativas que procesen los materiales, toneladas de plástico, cartón, vidrio y metal podrían terminar bajo tierra, contaminando durante décadas.
Punto Azul: el programa que quedó paralizado
Las cooperativas no solo desarrollaban tareas de recuperación de materiales en la vía pública. Desde hace una década trabajaban junto a la Universidad Nacional de La Plata mediante el programa Punto Azul.
La iniciativa estaba destinada a promover la separación en origen dentro de facultades e instituciones públicas. Los residuos reciclables generados en esos espacios eran recuperados directamente por cartoneros organizados.
El proyecto fue señalado durante años como un ejemplo de economía circular con inclusión social. Combinaba gestión ambiental con trabajo digno y participación de la comunidad universitaria.
Ahora, según denuncian las organizaciones, toda esa estructura quedó paralizada. "Hoy estamos sin contrato. Se desarmó la política de reciclado del municipio", afirmó Ledesma.
La UNLP había invertido recursos y tiempo en consolidar ese sistema. Hoy todo ese esfuerzo está en riesgo.
La protesta que terminó en detenciones
Luego de meses de reuniones sin acuerdo, el pasado 26 de junio las cooperativas realizaron una movilización frente al Palacio Municipal.
Según denuncian, ese día las autoridades habían prometido recibirlos pero finalmente suspendieron el encuentro sin previo aviso.
La protesta comenzó de forma pacífica. Sin embargo, luego se registraron incidentes y la quema de neumáticos. Hubo detenciones.
Los trabajadores confirmaron que todas las personas detenidas ya recuperaron la libertad. Pero el conflicto sigue sin resolverse.
La tensión en las calles reflejó la desesperación de cientos de familias que dependen de este trabajo.
Universidad e Iglesia intentan mediar
Mientras continúa el conflicto, las cooperativas recibieron el apoyo de distintos actores sociales.
"Tanto la Universidad Nacional de La Plata como la Iglesia reconocieron públicamente el trabajo que venimos realizando desde hace diez años", explicó Ledesma.
Ambas instituciones están intentando acercar posiciones para abrir una mesa de diálogo con el Municipio. Las organizaciones mantienen expectativas de encontrar una salida negociada.
El respaldo no es menor. La UNLP fue parte activa del sistema de reciclado durante años. Su palabra tiene peso institucional.
La Iglesia, por su parte, viene acompañando a los movimientos de cartoneros desde hace décadas. Su mediación podría destrabar el conflicto.
Una crisis que excede a La Plata
La situación ocurre en un contexto de creciente crisis del reciclado en Argentina.
En los últimos meses se registraron cierres de centros verdes en diversos municipios, como Ciudad de Buenos Aires. También hubo reducción de programas de separación en origen y caída de la actividad de cooperativas.
A eso se suma el aumento de importación de residuos de otros países y la consecuente baja de precios de los materiales reciclables en el mercado local.
Para los recuperadores urbanos, lo que ocurre en La Plata no representa únicamente la pérdida de más de 400 puestos de trabajo.
También significa el riesgo de que la ciudad abandone una política pública construida durante una década. Y que los materiales que antes volvían al circuito productivo terminen nuevamente enterrados, contaminando por décadas.