Vinculan a Insaurralde con una estructura de financiamiento irregular a través de fotomultas
El entramado judicial que rodea al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sumó un nuevo y complejo capítulo que vuelve a colocar su gestión y su entorno bajo un estricto escrutinio público. Una reciente investigación periodística vinculó de manera directa al círculo familiar del exfuncionario con una presunta estructura de financiamiento irregular montada a través del sistema de fotomultas y el control de velocidad en territorio bonaerense.
La denuncia pone el foco sobre Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del dirigente político, quien habría mantenido lazos corporativos con una firma tecnológica que experimentó un repentino crecimiento en el registro de contrataciones estatales tras el desembarco del exintendente de Lomas de Zamora en la estructura del Poder Ejecutivo provincial.
La revelación fue presentada de forma detallada por la periodista Guadalupe Vázquez en su programa de Radio Rivadavia. De acuerdo con los datos recabados en la investigación periodística, Ferrante se desempeñó laboralmente entre los años 2016 y 2018 para la firma Always Group S.A., una compañía de base tecnológica orientada, entre otras actividades comerciales, a la provisión de cinemómetros y softwares utilizados para la fiscalización del tránsito vehicular.
Las sospechas de los investigadores se encendieron al analizar el plano cronológico de los expedientes: la citada empresa logró su incorporación formal al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera el cargo de jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021.
Este ingreso administrativo coincidió de forma exacta con la expansión de la empresa en el negocio de las infracciones viales dentro del esquema de contrataciones públicas. Se trata de un sistema que ya venía siendo auditado y condicionado por presuntas anomalías durante la gestión del exministro de Transporte provincial, Jorge D'Onofrio.
Según la periodista Guadalupe Vázquez, la coincidencia temporal resulta difícil de atribuir al azar dentro de la administración pública, señalando que fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete, una situación que calificó de dudosa casualidad.
Caso Insaurralde: levantamiento del secreto fiscal y sospechas de triangulación
Los alcances de la investigación expusieron que las ramificaciones patrimoniales del entorno del exjefe de ministros ya se encuentran bajo la órbita operativa de los tribunales competentes. El juez federal interviniente en la causa dictó una orden taxativa para levantar el secreto fiscal y bancario de Priscila Ferrante, con el propósito de determinar de manera pericial la evolución real de sus bienes y cuentas financieras.
La mujer ya figuraba ligada en otro expediente judicial previo por presuntas maniobras de emisión de facturación apócrifa en conjunto con su expareja, Ever Russo. La denuncia de Radio Rivadavia advirtió sobre la existencia de una presunta triangulación de fondos públicos mediante convenios con universidades nacionales para canalizar los contratos del sistema de fotomultas, un patrón de desvío que ya había sido detectado por auditorías prevías.
A su vez, se constató que Always Group comparte domicilio legal con otras firmas comerciales salpicadas en la causa madre de las fotomultas, habiéndose ratificado su condición de proveedora activa tanto en el Gobierno provincial como en el municipio de Almirante Brown.
Respecto de la comuna de Lomas de Zamora, la investigación aclaró que aún no se pudo verificar formalmente la contratación debido a las restricciones de acceso público que posee su registro de proveedores, aunque los equipos de medición homologados por la empresa serían idénticos a los que operan en las calles de ese distrito.
Los expedientes y las hipótesis de financiamiento bajo análisis
La documentación técnica y los registros de las sociedades comerciales reunidos en el marco de la investigación periodística ya fueron puestos formalmente a disposición de las autoridades judiciales. Las pruebas fueron remitidas al fiscal Sergio Morla, quien lidera el expediente principal por presunto enriquecimiento ilícito contra Insaurralde, y al fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la instrucción penal por las presuntas irregularidades en la contratación del sistema de control vial bonaerense.
De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, esta nueva línea de las fotomultas podría acoplarse a otras vías de financiamiento irregular atribuidas históricamente al entorno del exjefe de Gabinete de la provincia. Entre estas líneas de recaudación bajo análisis judicial se destacan el manejo discrecional de recursos de la propia Jefatura de Gabinete, el millonario negocio del juego y las apuestas, y diversos desarrollos inmobiliarios de lujo en la costa atlántica. La causa continúa en etapa de instrucción y recolección de pruebas, siendo el Poder Judicial el encargado de determinar si los elementos presentados son suficientes para avanzar con los procesamientos.