Clausuran tres plantas clandestinas de agua en el conurbano
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La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló tres plantas clandestinas dedicadas al envasado de agua que funcionaban en viviendas particulares del sur del conurbano bonaerense. El operativo terminó con maquinaria clausurada, cientos de bidones secuestrados y tres personas imputadas por presuntas infracciones al Código Alimentario Argentino y por el delito de estafa.
La investigación comenzó a partir de denuncias que advertían sobre la existencia de inmuebles utilizados para tratar y embotellar agua de manera irregular. Según trascendió, el producto era distribuido principalmente en Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, lo que encendió la preocupación por los posibles riesgos para la salud de los consumidores.
Plantas clandestinas de agua: qué encontró la Policía en los allanamientos
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Armella. En los operativos participaron efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza junto con especialistas del Departamento Delitos Ambientales de la PFA.
Durante las inspecciones, los técnicos tomaron muestras de agua para realizar análisis químicos que permitan determinar si el producto reunía las condiciones de potabilidad y cumplía con los requisitos bromatológicos exigidos por la legislación vigente.
Las inspecciones también revelaron que ninguno de los tres establecimientos contaba con las habilitaciones correspondientes para desarrollar la actividad. Además, los investigadores detectaron deficiencias en las condiciones de higiene y limpieza, un aspecto clave cuando se trata de productos destinados al consumo humano.
Otro de los puntos que agravó la situación fue que las instalaciones arrojaban sustancias químicas a la vía pública, una práctica que, según la investigación, representaba un riesgo potencial tanto para el ambiente como para los vecinos de la zona.
Como resultado del operativo, la Justicia dispuso la clausura de toda la maquinaria utilizada para el envasado. También fueron secuestrados 600 bidones plásticos de 20 litros, de los cuales 100 contenían agua, tres teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Las máquinas quedaron inutilizadas y todo el material incautado pasó a disposición del juzgado mientras continúa la investigación.
Qué delitos investigan y qué puede pasar con los responsables
Tras los allanamientos, dos hombres de 62 años y una mujer de 39 fueron imputados por presunta infracción a la Ley 18.284, que regula el Código Alimentario Argentino, y por el artículo 172 del Código Penal, correspondiente al delito de estafa.
La causa busca determinar el alcance de la actividad desarrollada por los establecimientos, el volumen de agua comercializado y si los consumidores estuvieron expuestos a productos que no reunían las condiciones sanitarias requeridas.
El Código Alimentario Argentino establece una serie de exigencias para la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos y bebidas. Entre otros aspectos, las plantas elaboradoras deben contar con habilitación, cumplir normas de higiene y someter sus productos a controles para garantizar su aptitud para el consumo.
Los especialistas tomaron muestras de agua en los tres inmuebles para realizar análisis químicos que permitan determinar su potabilidad y evaluar las condiciones bromatológicas e higiénicas de los lugares inspeccionados. Los resultados de esos estudios formarán parte de la investigación judicial en curso.
La causa ahora continuará bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, que deberá avanzar con las pericias sobre las muestras obtenidas durante los procedimientos y con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados en los tres inmuebles.
Otro operativo dejó al descubierto una carnicería con droga y graves irregularidades sanitarias
En otro procedimiento reciente, una investigación que inicialmente buscaba esclarecer un caso de abigeato (robo y faena ilegal de ganado) terminó revelando una situación muy diferente en una carnicería del departamento santafesino de Iriondo.
Durante la inspección, realizada con la participación de una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl), los investigadores encontraron 109 kilos de marihuana distribuidos en 181 panes ocultos dentro de un freezer del comercio.
Además del hallazgo de la droga, el operativo permitió secuestrar 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, embutidos y achuras que fueron desnaturalizados debido a las irregularidades sanitarias detectadas durante la inspección. También se incautó una carabina calibre .22 con 18 cartuchos.
La causa pasó luego al fuero federal y derivó en la imputación de los propietarios del comercio y de un tercer acusado. Posteriormente, nuevos allanamientos permitieron secuestrar más droga, plantas de cannabis, cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y dinero en efectivo,
Por ese motivo, la Justicia dispuso la prisión preventiva de la pareja propietaria del local por el presunto delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas.
Aunque se trata de investigaciones independientes, ambos procedimientos dejaron al descubierto actividades que funcionaban al margen de los controles oficiales. En un caso, la pesquisa se centra en el presunto envasado y comercialización de agua sin habilitación ni controles sanitarios; en el otro, una inspección que terminó revelando una organización vinculada al narcotráfico y el decomiso de gran cantidad de alimentos que presentaban irregularidades bromatológicas.