El Gobierno avanza con la privatización de 3.900 km rutas y firmó el primer traspaso de gestión a una provincia
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El Gobierno dio este miércoles dos pasos clave en su estrategia para reactivar la infraestructura vial sin gastar un peso del Tesoro. Abrió las ofertas económicas para concesionar 3900 kilómetros de rutas nacionales y firmó con Santa Fe el primer convenio para transferir la gestión de un corredor estratégico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó la apertura de sobres de la etapa III de la Red Federal de Concesiones. Se trata del último tramo de un plan que busca privatizar unos 9000 kilómetros de rutas en todo el país.
"Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos", escribió Caputo en su cuenta de X tras conocerse las ofertas.
El objetivo del esquema es delegar en el sector privado y en las provincias el mantenimiento, la ampliación y el cobro de peajes en corredores nacionales, sin comprometer el equilibrio fiscal.
Qué empresas compiten por los 3.900 kilómetros de rutas con peaje
La licitación comprende ocho tramos de la Red Vial Nacional distribuidos en todo el país. Los plazos de las concesiones serán de 20 años y las empresas ganadoras deberán cumplir con obras de mejora antes de modificar las tarifas de peaje.
Entre las firmas que siguen en carrera figura CPC, que presentó ofertas para los ocho corredores. También compiten la UTE integrada por Rovial, Obring, José Eleuterio Pitón y Edeca, que aspira a tres tramos.
Otra jugadora es IEB Construcciones-Trading MRG, que busca quedarse con seis de los ocho corredores. Además participan otras constructoras y consorcios para distintos tramos de la red.
Los ocho tramos que serán adjudicados son los siguientes:
- Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34
- Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18
- Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34
- Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016
- Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16
- Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105
- Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11
- Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7
El proceso forma parte de la privatización de Corredores Viales, autorizada por la Ley Bases 2024. El régimen fue reglamentado mediante un decreto que habilitó las concesiones de obra pública por peaje.
Santa Fe asume la gestión de un corredor estratégico para el agro
El segundo anuncio del día llegó desde la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro Caputo firmaron junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro un convenio histórico.
Santa Fe asumirá las obras y el mantenimiento de la A012, que incluye los accesos a los puertos del Gran Rosario. Es uno de los corredores logísticos más importantes del país por su vinculación con el complejo agroexportador.
"Un paso enorme para la producción santafesina. Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años", escribió Pullaro en redes, donde también subió un video desde Casa Rosada.
"Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro sistema productivo y tenemos claro el valor de la logística y cómo las mejoras en infraestructura impactan de lleno. Y lo más importante para demostrar que acá hay gestión: mañana mismo ya comienzan las obras de reparación en la ruta", agregó el gobernador.
El acuerdo será por 20 años y permitirá que la provincia asuma las tareas de reparación y conservación de la traza, aunque cualquier esquema de cobro de peajes requerirá una tramitación adicional.
La firma del convenio representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios.
Las provincias habilitadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Qué significa el traspaso de rutas a las provincias
La delegación de facultades no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado nacional mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores.
Las provincias podrán asumir funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento. Pero deberán firmar convenios previos con la Dirección Nacional de Vialidad y obtener la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Cada distrito deberá presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión. Esto incluye tarifas de peaje y plazos.
Las concesiones podrán extenderse hasta 30 años. Los ingresos obtenidos deberán destinarse exclusivamente al corredor concesionado, sin posibilidad de financiar otras obras.
La estrategia para ampliar infraestructura sin romper el equilibrio fiscal
La decisión de avanzar con nuevas concesiones nacionales y con el traspaso de rutas a las provincias responde a la estrategia oficial para impulsar el crecimiento económico sin recurrir a obra pública financiada por el Estado.
A comienzos de julio, cuando presentó el programa financiero para los próximos 18 meses, Caputo sostuvo que el país dará un "salto muy importante" en infraestructura impulsado por privatizaciones y concesiones.
El ministro mencionó, además de la privatización de Transener y la concesión de la Hidrovía, la futura licitación del Belgrano Cargas y las concesiones de rutas nacionales como proyectos destinados a reforzar el crecimiento de la economía.
La iniciativa coincide con las negociaciones que la Nación mantiene con distintas provincias interesadas en asumir la gestión de corredores nacionales que hoy tienen concesiones vigentes.
En varios distritos, el reclamo por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos aceleró las conversaciones para avanzar con nuevos convenios previstos por el decreto 253.
La Justicia obligó al Gobierno a reparar un tramo de la ruta 3
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al gobierno de Javier Milei adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo que presenta deterioro crítico en la ruta 3.
El fallo alcanza al sector que une la ciudad de Azul con la localidad de Cacharí. Allí, la calzada está en un estado que ya provocó varios accidentes.
Los jueces hicieron lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio de Azul. La demanda apuntaba directamente contra el abandono de ese tramo.
La resolución alcanza tanto a Vialidad Nacional como a la empresa Corredores Viales S.A., que deberán implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan los automovilistas.
El fallo revocó una decisión previa del Juzgado Federal 2 de Azul. Ese tribunal había rechazado la cautelar solicitada por el municipio.
Al revisar el caso, los camaristas concluyeron algo contundente: existe un riesgo actual y concreto para quienes circulan por ese tramo de la ruta 3.
Los jueces se basaron en distintos elementos incorporados al expediente. Los datos no dejaban margen de duda sobre la gravedad de la situación.
Durante los últimos seis meses, se registraron 11 siniestros viales en ese sector de la ruta. La cifra es alarmante para un tramo relativamente corto.
Informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron múltiples deficiencias. La lista incluye baches, hundimientos, huellas profundas producidas por el tránsito pesado y problemas en la señalización.
La Cámara intimó al gobierno libertario a presentar un plan de trabajo detallado. El plazo es de 10 días hábiles ante el Juzgado Federal de Azul.
El documento deberá incluir varios puntos específicos. Los jueces fueron claros al detallar qué esperan recibir.