La Ciudad de Buenos Aires sancionó ley que convierte a los vapeadores en residuos peligrosos y obliga a reciclarlos
La Legislatura porteña sancionó la Ley 6964, que marca un cambio inédito en la regulación de cigarrillos electrónicos en Argentina. Por primera vez, una norma local obliga al Estado a desarrollar protocolos específicos para recolectar, recuperar, tratar y reciclar los residuos que generan vapeadores y dispositivos de tabaco calentado.
Hasta ahora, el debate sobre estos productos giraba casi exclusivamente alrededor de la salud pública. Se hablaba del aumento del consumo entre adolescentes, de las estrategias de las tabacaleras para reemplazar al cigarrillo convencional, de las prohibiciones de venta y publicidad, indica una nota del periodista Andrés Sanguinetti en un artículo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Pero la Ciudad de Buenos Aires acaba de incorporar una variable que prácticamente no aparecía en las discusiones: el impacto ambiental de millones de dispositivos descartables que terminan en la basura sin ningún tipo de tratamiento diferenciado.
La norma coloca expresamente a los vapeadores dentro de una política de gestión de residuos electrónicos y plásticos. Los materiales deberán comenzar a recibirse en los Puntos Verdes de la Ciudad y procesarse mediante circuitos diferenciados.
El cambio puede parecer menor dentro de una ley que incluye disposiciones sanitarias, restricciones publicitarias y sanciones comerciales. Sin embargo, abre un frente completamente nuevo para fabricantes, importadoras, distribuidoras y cadenas que participan del negocio.
Qué contiene un vapeador y por qué es un residuo peligroso
Un cigarrillo electrónico no es solo plástico descartable. En su interior conviven múltiples materiales que requieren tratamiento especializado.
Cada dispositivo puede contener una batería de litio, una resistencia metálica, cables, circuitos electrónicos, sensores, aluminio, líquidos con nicotina y diferentes tipos de polímeros, todos materiales que no deberían mezclarse con los residuos domiciliarios comunes, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
Cuando el vapeador deja de funcionar, todos esos componentes suelen terminar juntos en una bolsa de basura o directamente en la vía pública. La Ley 6964 reconoce ese problema y lo trata como una cuestión de economía circular.
Además de regular cómo pueden venderse y utilizarse los nuevos productos de tabaco y nicotina, la norma reconoce que su expansión está generando un flujo adicional de residuos electrónicos. Un flujo que requiere recolección diferenciada, trazabilidad y tratamiento especializado.
El auge de los descartables que multiplicó la basura electrónica
La norma intenta legislar o controlar de alguna forma el auge de los vapeadores descartables. Esos dispositivos modificaron en pocos años el mercado mundial de la nicotina.
Los primeros cigarrillos electrónicos permitían recargar líquidos y reemplazar algunas piezas. Eran más duraderos. Pero buena parte de los dispositivos actuales están diseñados para ser utilizados durante un período limitado y descartados una vez que se agota el líquido o la batería.
Ese modelo simplificó el consumo. Redujo los precios de acceso y amplió la variedad de sabores, formatos y concentraciones de nicotina disponibles. Pero también multiplicó exponencialmente la cantidad de dispositivos que se convierten rápidamente en basura, añade el artículo de EconomiaSustentable.com.
El problema se agrava porque la mayoría de estos aparatos no puede desarmarse fácilmente. Las baterías suelen estar integradas a las carcasas. Los cartuchos conservan restos de líquido y nicotina. Los componentes plásticos y metálicos aparecen combinados en productos pequeños.
Los sistemas tradicionales de separación de residuos no están preparados para procesar ese tipo de materiales mezclados. Menos aún cuando llegan compactados junto con basura común.
Los riesgos concretos de las baterías de litio en la basura
Cuando los vapeadores son compactados junto con la basura domiciliaria, las baterías de litio pueden sufrir daños físicos. Ese daño puede provocar recalentamiento o incluso incendios en camiones recolectores, plantas de transferencia y centros de clasificación.
El litio es un material altamente reactivo. Su combustión es difícil de controlar y puede generar temperaturas extremas en pocos segundos.
De hecho, la dificultad se agrava cuando los dispositivos llegan mezclados con otros residuos: el personal de las plantas de transferencia no tiene forma de identificarlos previamente ni protocolos específicos para manipularlos de manera segura.
Por eso la Ley 6964 establece que esos materiales deberán ser recibidos en Puntos Verdes y procesados mediante circuitos diferenciados. La norma marca un cambio que puede convertirse en un antecedente para el resto del país y anticipar mayores obligaciones para las empresas del sector.