La Corte dictó un fallo que obliga a redondear los vueltos a favor del consumidor

Ofertas de $999,99, $1.499,95 o $2.999,90. Durante años, el comercio construyó buena parte de su estrategia de precios alrededor de cifras que tienen un fuerte efecto psicológico sobre el consumidor, aunque esconden un problema mucho más concreto cuando llega el momento de pagar en efectivo: muchas veces no existe moneda capaz de devolver el vuelto exacto.

La diferencia puede parecer mínima. Unos centavos en una compra difícilmente alteren el bolsillo de una persona. Pero multiplicados por cientos o miles de operaciones diarias, esos pequeños montos abren una pregunta mucho más grande: ¿quién debe quedarse con la diferencia cuando el precio que fijó el propio comercio hace imposible entregar el vuelto exacto?

La respuesta legal existe desde hace años: el redondeo debe realizarse siempre a favor del consumidor. Sin embargo, una disputa que comenzó justamente por esas pequeñas diferencias terminó llegando hasta la Corte Suprema y obligó al máximo tribunal a pronunciarse sobre algo que excede largamente a unas monedas.

En una decisión de fuerte impacto para las relaciones de consumo, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la asociación de consumidores ACYMA en su demanda contra Farmacia S.A. (Farmacias TKL) por el incumplimiento de las normas que regulan el redondeo de vueltos.

La sentencia dejó sin efecto un fallo previo de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado la demanda colectiva bajo el argumento de que el perjuicio económico individual para cada cliente era "insignificante" o "trivial".

Al revocar esta decisión, la Corte no sólo defendió la vigencia de la Ley de Lealtad Comercial, sino que reforzó la herramienta de las acciones de incidencia colectiva y reafirmó que su razón de ser es, precisamente, defender a los ciudadanos frente a los denominados "microdaños" o extracciones "hormiga" que, de otro modo, podrían quedar sin respuesta ante la imposibilidad práctica de litigar individualmente.

El origen del caso: qué pasó con los vueltos de los consumidores

El caso se remonta a una demanda colectiva promovida por ACYMA Asociación Civil contra Farmacia S.A. y otros (Farmacias TKL).

La asociación inició una acción de incidencia colectiva de intereses individuales homogéneos con un objetivo claro: exigir que la cadena de farmacias cesara de inmediato su conducta y reintegrara a la totalidad de los consumidores los importes percibidos por redondeos mal practicados.

Asimismo, la demanda solicitaba la restitución de dichas sumas calculadas desde diciembre de 2004 hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reembolso, junto con la aplicación de daños punitivos como sanción.

La base legal de la demanda de ACYMA era el artículo 9 bis de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, introducido por la Ley 25.954.

Esta norma establece una regla para todo el comercio minorista en la República Argentina: en todas aquellas transacciones comerciales en las que surjan diferencias menores a cinco centavos y sea físicamente imposible entregar el vuelto exacto al comprador, la diferencia resultante debe ser redondeada siempre a favor del consumidor.

Sin embargo, según la acusación de ACYMA, Farmacias TKL implementó durante años una política contraria a este mandato legal. La empresa retuvo sistemáticamente pequeñas fracciones de dinero bajo la imposibilidad de dar el vuelto correcto, convirtiendo el redondeo en una fuente silenciosa pero masiva de ingresos a expensas de su clientela.

La defensa de la empresa y el argumento que aceptó la Cámara Comercial

Al defenderse en el juicio la cadena de farmacias reconoció un hecho fundamental: que el software de gestión y facturación utilizado en sus locales comerciales hasta diciembre de 2012 aplicaba un sistema que redondeaba las fracciones de vuelto "algunas veces a favor del cliente y otras tantas en contra".

No obstante, la defensa empresaria alegó que esta conducta carecía de relevancia jurídica y patrimonial.

Para respaldar su postura, las demandadas se apoyaron en un peritaje contable que determinó que, al analizar el volumen de las operaciones de facturación de la empresa, el impacto producido por el redondeo resultaba "neutro" para los clientes.

Según esta visión contable, las ocasiones en que el consumidor salía perjudicado se compensaban matemáticamente con las oportunidades en las que se veía beneficiado por el redondeo del sistema de facturación.

Este argumento fue inicialmente aceptado por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que resolvió desestimar la demanda colectiva de ACYMA.

En su sentencia, la Cámara Comercial admitió formalmente que la conducta de la cadena de farmacias violaba lo dispuesto por el artículo 9 bis de la Ley de Lealtad Comercial. Sin embargo, los camaristas concluyeron que la cuantía del daño en el patrimonio de los consumidores individualmente considerados era "irrelevante" y carecía de la entidad necesaria para provocar el menoscabo o lesividad de un interés social digno de ser indemnizado.

También sostuvieron que el rédito económico que las farmacias demandadas habrían obtenido mediante esta práctica era "insignificante" en el contexto de su desenvolvimiento económico general y atendiendo al volumen total de sus operaciones comerciales.

Finalmente, consideraron que no se encontraba acreditada la existencia de un daño resarcible en la esfera jurídica de los perjudicados y calificaron la afectación del redondeo como un asunto meramente "trivial" e "insusceptible de ser resarcido".

En resumidas cuentas, el tribunal de alzada comercial entendió que los perjuicios de pequeña escala económica no justificaban, en este caso, la intervención judicial pretendida por la asociación de consumidores.

La Corte intervino y fijó un límite al argumento del "daño insignificante"

Frente a la desestimación de la Cámara Comercial, ACYMA interpuso un recurso extraordinario federal, argumentando que la resolución de alzada incurría en una evidente arbitrariedad de sentencia.

Sostuvo que el fallo recurrido desnaturalizaba los requisitos exigidos para la procedencia de las acciones colectivas y violaba de manera directa los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, así como los artículos 52, 54 y 56 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.

Al analizar la causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un pronunciamiento que rechazó los principales argumentos utilizados por la Cámara de Apelaciones y la defensa de Farmacias TKL.

El fallo de la Corte se estructuró sobre tres pilares jurídicos.

Acciones colectivas: por qué la escasa cuantía individual no impide reclamar

La Corte recordó que el artículo 43 de la Constitución Nacional consagra explícitamente las acciones colectivas para la tutela de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

Citando los lineamientos de su propia doctrina constitucional fijada en el precedente "Halabi" (Fallos: 332:111), el tribunal remarcó que los requisitos de procedencia de estas acciones colectivas exigen la verificación de una causa fáctica o normativa común, una pretensión enfocada en los efectos colectivos de esa causa y la constatación de que el interés individual considerado de forma aislada no justifica la promoción de una demanda individual, con lo cual podría verse afectado el acceso a la Justicia.

En este sentido, la Corte cuestionó el razonamiento de la Cámara Comercial al señalar que desestimar una acción colectiva basándose en la "escasa cuantía del daño individual" implica una contradicción que desnaturaliza la institución misma de la acción colectiva.

El fallo sostiene que estos procesos existen precisamente para dar respuesta a situaciones de microdaños donde el perjuicio individual es tan pequeño que ningún ciudadano encontraría incentivos económicos ni prácticos para contratar un abogado e iniciar un juicio por separado.

De este modo, la acción colectiva se convierte en una herramienta para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando la promoción de acciones individuales resulte inviable o de muy difícil concreción, evitando que la baja cuantía individual se traduzca en una falta de tutela frente a un acto lesivo.

Redondeo del vuelto: por qué para la Corte no pueden compensarse cobros indebidos

La Corte Suprema también descalificó el argumento del sistema de facturación "neutro" avalado por la Cámara Comercial.

El Máximo Tribunal determinó que la Cámara desnaturalizó el artículo 9 bis de la Ley de Lealtad Comercial al pretender "compensar" las veces en que la farmacia cobró de más con las oportunidades en las que supuestamente lo realizó en contra de su propio interés o a favor del cliente.

La Ley de Lealtad Comercial es categórica: el vuelto incompleto debe ser redondeado siempre a favor del consumidor.

La conducta de la demandada, por ende, infringe la norma en cada transacción en la que no otorgó el redondeo obligatorio, y esta situación no puede ser "compensada" o diluida mediante un balance global.

La ley de redondeo es de orden público y su aplicación no queda sujeta al resultado económico general que el mecanismo produzca para la empresa o para el conjunto de consumidores.

La protección del consumidor y el límite a la mirada económica de las empresas

Finalmente, la Corte Suprema reprochó a la Cámara Comercial haber puesto el foco de su análisis en la perspectiva patrimonial y operativa de la empresa demandada, al catalogar el rédito total obtenido por las demandadas como "despreciable" o "insignificante" en relación con el volumen total de su negocio.

El Máximo Tribunal recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional impone un mandato a las autoridades públicas: brindar una tutela preferencial a los consumidores y usuarios en sus relaciones de consumo, protegiendo sus intereses económicos frente a la asimetría estructural del mercado.

Al anteponer el volumen del negocio de la empresa al derecho constitucional de los usuarios, según la Corte, los jueces de Cámara omitieron aplicar de manera correcta esta tutela prioritaria y constitucionalmente garantizada.

Qué decidió la Corte y cuál es el impacto para empresas y consumidores

La resolución de la Corte Suprema concluye declarando procedente el recurso extraordinario federal deducido por ACYMA, dejando sin efecto la sentencia de la Sala A de la Cámara Comercial y ordenando que las actuaciones vuelvan al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento que se ajuste a las pautas constitucionales delineadas por el Máximo Tribunal.

Además, impuso las costas del proceso a las empresas demandadas.

El fallo tiene especial relevancia para las asociaciones de consumidores y para los usuarios porque establece que una empresa no puede escudarse en la reducida magnitud económica de cada perjuicio individual para impedir el tratamiento de una acción colectiva.

A partir de esta doctrina, las grandes cadenas comerciales, supermercados, farmacias o prestadores de servicios no podrán invocar simplemente que la retención de centavos o pequeños cobros indebidos constituye una "afectación trivial" que no merece respuesta judicial.

La Corte Suprema dejó en claro que la escasa cuantía individual de un perjuicio no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la Justicia cuando existe una práctica común que alcanza a una multiplicidad de consumidores.

El denominado "vuelto hormiga" deja así de ser únicamente una cuestión de centavos: el pronunciamiento coloca en el centro del debate el alcance de las acciones colectivas y la capacidad de los consumidores para reclamar frente a prácticas masivas cuyo impacto individual puede ser mínimo, pero cuya dimensión colectiva puede resultar significativa.