La Corte rechazó una indemnización y abogados analizan posibles cambios en la negociación con las empresas

Al declarar la arbitrariedad de un fallo de la Cámara del Trabajo que incrementó una indemnización sin que el trabajador los solicitara, la Corte Suprema de Justica abrió un fuerte debate entre los abogados laboralistas.

Mientras que algunos leen una señal política orientada a moderar las indemnizaciones que impactará en todos los juicios, otros juristas opinan que se trata de la mera subsanación de un vicio procesal que no cambia en nada la negociación con las empresas.

El fallo "Pagani c/Provincia ART", la Corte traza un límite claro: las garantías del debido proceso prevalecen sobre el principio protectorio del trabajador. En este caso, la Cámara había priorizado resguardar el beneficio del trabajador de la inflación y elevado la indemnización de $240.000 a $1,6 millones, omitiendo que la ART había sido la única en apelar con el objetivo de reducir el monto.

Al revocar la sentencia por arbitraria, la Corte ratificó la vigencia de la prohibición de la "reformatio in peius". Este precepto protege a quien apela de la inseguridad jurídica que implicaría que su propio recurso sea utilizado para empeorar su situación, cuando la contraparte consintió el monto al no apelar. 

Qué dicen los abogados sobre las consecuencias del fallo de Corte Suprema

La primera interpretación de la resolución de la Corte Suprema en el caso de la ART que surgió entre los abogados que litigan en el fuero laboral considera que envía un mensaje disciplinador a las instancias inferiores, dejando en claro que ninguna finalidad protectoria habilita a los jueces a desconocer las reglas básicas del debido proceso.

Según esta visión, el fallo es vital para el sistema de riesgos del trabajo, el cual se basa en cálculos actuariales y estimaciones económicas. Si los tribunales modifican de oficio las condenas aplicando nuevos criterios, se destruye la certidumbre sobre los costos de los litigios, afectando la seguridad jurídica que requieren empleadores y aseguradoras.

En definitiva, los abogados consideran que la Corte no niega la tutela del trabajador, sino que exige que su construcción no se realice al margen de las garantías constitucionales procesales.

Qué pasa con la arbitrariedad de sentencia y la negociación laboral

Julio E. Lalanne, abogado especialista en Derecho Laboral de la Alta Gerencia, analiza si el fallo de la Corte ataca una cuestión de fondo o de forma.

"Existen dos posibles miradas, una es que la Corte estaría aprovechando el error procesal para enviar la señal de: 'moderen los fallos, no se pasen de rosca' con las indemnizaciones cuantiosas. La otra es que el Máximo Tribunal simplemente está aplicando un principio general del derecho procesal muy antiguo, y no está dictando una nueva política indemnizatoria", describe.

"La lectura estrictamente jurídica dice que extraer una regla general o una 'bajada de línea' sobre cómo calcular indemnizaciones a partir de este fallo no es válido ni correcto. La Corte actuó de manera 'correctísima' al subsanar un error procesal puntual, y no cabe sacar más conclusiones que esa", afirma Lalanne.

"La Sala II de la Cámara Laboral cometió un grave error procesal que obligó a la Corte a intervenir y catalogar su resolución como una sentencia arbitraria", enfatiza.

"El trabajador no apeló el fallo de primera instancia, lo que en términos legales significa que consintió o aceptó esa sentencia. La única parte que apeló el fallo fue la ART)", comenta, y agrega que "a pesar de que el trabajador no lo pidió, la Cámara de apelaciones incrementó la indemnización".

"La Corte revirtió esto aplicando la regla de la prohibición de reformatio in peius, la cual establece que un tribunal de apelaciones nunca puede dejar a la única parte que apela en una situación peor de la que tendría si no hubiera apelado", indica.

Lalanne concluye que no cree que este fallo deba impactar de aquí en adelante en cómo los abogados negocian las indemnizaciones, reafirmando que se trató simplemente de la corrección judicial de una equivocación técnica de la Cámara.

Qué dice el fallo Pagani sobre una indemnización

El caso "Pagani" se origina con el accidente laboral sufrido en agosto de 2017 por un técnico electricista que resultó con una lesión en la rodilla.

En primera instancia, se determinó una incapacidad del 16% y se fijó una indemnización de $240.585,32, calculada con base en intereses lineales de las Actas de la Comisión Nacional de Accidentes del Trabajo (CNAT).

Frente a esto, solo la ART apeló, argumentando que el cálculo se apartaba de la Ley de Riesgos del Trabajo. El trabajador, por su parte, consintió la sentencia y no solicitó ninguna revisión del monto.

La Sala II de la Cámara del Trabajo introdujo un giro radical en el proceso. En lugar de limitarse a resolver el agravio de la ART, los camarisas realizaron un cálculo de oficio, determinando que el piso mínimo legal a la fecha del fallo debía ser de $1.619.177,84.

La Cámara justificó su accionar argumentando que la condena original era insuficiente y "violenta normas del más claro orden público" y se amparó en el artículo 14 bis de la Constitución nacional para proteger los derechos del trabajador por encima de las formalidades procesales.

La Corte Suprema, con la firma unánime de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la decisión de la Cámara basándose en la defensa irrestricta de las garantías procesales.

Cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema

El análisis del Máximo Tribunal se centró en los siguientes pilares:

Violación del principio de congruencia y derecho de defensa: la Corte hizo lugar al reclamo de la ART, estableciendo que la jurisdicción de la Cámara está estrictamente circunscripta a las cuestiones controvertidas por las partes que apelan.

Aplicación de la reformatio in pejus: al multiplicar la condena de $240,000 a más de $1,6 millones, la Cámara colocó a la única parte que había apelado (la ART) en una situación mucho peor que la que tenía antes de recurrir, lo que vulnera de forma directa el derecho de propiedad y la defensa en juicio.

El expediente fue devuelto a la Cámara de origen para que dicte una nueva sentencia que se ajuste estrictamente a los límites del recurso interpuesto por la aseguradora.

Esta medida desencadenó un fuerte debate entre los laboralistas, que a estas horas analizan qué consecuencias puede tener en el futuro de las negociaciones con las empresas.