El Gobierno busca que Estados Unidos investigue el paso de la familia Eskenazi por YPF
La administración encabezada por el presidente Javier Milei lleva adelante una serie de gestiones reservadas en Washington para que la Justicia de los Estados Unidos abra una causa penal orientada a auditar el ingreso, la administración y la posterior salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen de la petrolera estatal YPF. La Casa Rosada busca activar este frente en el exterior para neutralizar los millonarios litigios civiles que el Estado nacional enfrenta en los tribunales neoyorquinos tras la expropiación concretada durante el kirchnerismo.
En ese marco, funcionarios de primera línea del Ejecutivo nacional mantuvieron reuniones de alto nivel con representantes del gobierno de Donald Trump para solicitar que el Departamento de Justicia estadounidense encabece las actuaciones penales. Según reveló una investigación periodística del diario La Nación, la estrategia jurídica oficial apunta a probar si existieron hechos de corrupción o fraude en la adquisición del 25% de las acciones de YPF por parte del holding argentino. Para el equipo legal argentino, una denuncia penal exitosa en el fuero norteamericano que demuestre un origen ilícito en dicha compra se convertiría en la pieza clave para congelar o anular las demandas millonarias.
Esta embestida judicial se produce en medio de un escenario de mayor optimismo para la defensa del país, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara un fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a desembolsar una suma superior a los u$s16.000 millones por la estatización de la compañía. Si la Justicia estadounidense valida que la adquisición accionaria estuvo salpicada por maniobras irregulares, la validez del reclamo de los demandantes en el fuero civil quedaría seriamente cuestionada.
A su vez, la iniciativa impulsada por el Gobierno cuenta con un valioso antecedente institucional en la capital estadounidense. El propio Departamento de Justicia ya había emitido con anterioridad un memorándum en el que expresaba su respaldo a las peticiones planteadas por diversas organizaciones civiles de la Argentina para investigar presuntas maniobras ilícitas vinculadas con las acciones de YPF, lo que otorga sustento a la presentación que impulsa el Estado nacional.