La Argentina se pone al día con el mundo en defensa de la competencia
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Hay reformas que no ocupan titulares pero cambian las reglas del juego. El 17 de noviembre, al cumplirse un año de la conformación de la Agencia Nacional de Competencia (ANC), la Argentina deja atrás un modelo que rigió por más de veinticinco años y adopta uno nuevo para el control de las concentraciones económicas. Es un cambio técnico en apariencia, pero de enorme alcance práctico.
Hasta ahora, desde 1999, el control de fusiones y adquisiciones era posterior: las empresas podían concretar la operación y recién después la autoridad la revisaba. El problema es evidente. Cuando una concentración perjudica a la competencia, deshacerla una vez consumada es dificilísimo: los activos ya se integraron, el personal se reorganizó, el mercado cambió. Era como intentar separar dos ríos que ya se mezclaron.
El nuevo régimen invierte la lógica. Las operaciones que superan ciertos umbrales deberán notificarse y obtener autorización antes de cerrarse. La autoridad analiza el efecto sobre la competencia cuando todavía está a tiempo de impedir el daño o de exigir condiciones que lo neutralicen. Es el sistema que rige en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en la mayoría de los países de la región. La Argentina, sencillamente, se pone al día.
Un profeco de fortalecimiento institucional
Este salto no ocurre en el vacío. Es parte de un proceso de fortalecimiento institucional que arrancó con la puesta en marcha de la ANC prevista por la Ley 27.442, hoy en funcionamiento con su Tribunal de Defensa de la Competencia y sus Secretarías de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Construir una autoridad sólida, técnica e independiente no se hace de un día para el otro, pero el rumbo está trazado.
La mejor prueba de ese reconocimiento internacional llegó la semana pasada. Buenos Aires fue sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, que organizan la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante tres días, delegaciones de una veintena de países de la región y de la OCDE debatieron sobre los desafíos comunes: la competencia en los mercados informales, el control de las grandes plataformas digitales y la persecución de los cárteles. Que la OCDE haya elegido a nuestro país no es un gesto de cortesía: es una señal de confianza en el camino que la Argentina decidió recorrer.
El Día Nacional de la Competencia, que abrió el foro, fue inaugurado por Eduardo Montamat, presidente de la ANC, y Benoît Cœuré, presidente del Comité de Competencia de la OCDE. Allí tuve el honor de moderar un panel con las máximas autoridades de México, Brasil y Chile: Andrea Marván, presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio de México y del International Competition Network; Diogo Thomson, presidente interino del CADE de Brasil, y Jorge Grunberg, Fiscal Nacional Económico de Chile. Escuchándolos quedó claro que ningún país resuelve esto solo. Los mercados son globales, las empresas operan en decenas de jurisdicciones a la vez y la cooperación entre agencias dejó de ser una aspiración para volverse una necesidad.
Al final, de todo esto depende algo muy concreto: los precios que pagamos, la variedad de lo que encontramos en las góndolas y la posibilidad de que una empresa nueva le dispute el mercado a una grande. La defensa de la competencia no es un asunto de especialistas. Es una de las condiciones para que una economía funcione en beneficio de todos. La Argentina acaba de dar un paso importante en esa dirección.
El Dr. Miguel Ángel De Dios es Profesor de Derecho Regulatorio del Mercado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador
