El Gobierno vinculó la cumbia villera con el delito

Sorpresivamente, uno de los géneros musicales más controvertidos de los últimos años se instaló en el escenario polí­tico. Al referirse al incremento de la inseguridad en el paí­s, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, irrumpió contra el fenómeno denominado como "cumbia villera". "Hace diez años -dijo el funcionario- no habí­a un programa de televisión durante cinco horas difundiendo un tipo de música donde se termina elogiando la acción delictiva, como es todo este fenómeno de la ‘cumbia villera’ y este movimiento cultural entre comillas".Sectores del Gobierno concuerdan, dentro de este contexto de debate, que el control social, que en un tiempo anterior era ejercido por la escuela e instituciones barriales como los clubes, hoy en dí­a es dominado por los medios de comunicación y su negativo desempeño en materia de criterio educativo.El concepto no se aleja en demasí­a de lo que sucede en los ámbitos más sólidos de la "cumbia villera" y en la conformación de un espacio mediático para los grupos que la representan. "Aunque no nos quieran somo delincuentes, vamo de caño con antecedentes, robamo blindados, locutorios y mercados, no nos cabe una, estamo re jugados", canta Ariel "El Traidor" Salinas, lí­der de Pibes Chorros, desde la letra de Llegamo los pibes chorros. Negocio redondoLa "cumbia villera" es un negocio que mueve, aproximadamente, $450 millones por año. "En toda la Argentina hay unos 200 locales bailables exclusivos de cumbia a los que asisten 1.500 personas por noche. Eso te dice que aproximadamente 600 mil personas van a bailantas durante un fin de semana y gastan un promedio de $10 por noche", explicó en diálogo con Infobae Norberto "Beto" Kiroski, propietario de Magenta, el sello discográfico más importante dentro del movimiento.El fenómeno, cuyas letras muestran un fuerte desapego por la autoridad, está caracterizado además por un nivel insólito de piraterí­a discográfica: un 90 por ciento. "La venta legal de discos dentro de este género -continúa Kiroski- no existe más. Sólo se venden seis grupos: Damas Gratis, Pibes Chorros, Supermer-K 2, La Rama, Repiola y Altos Cumbieros. El negocio está en las presentaciones, un grupo hace cinco actuaciones por noche, a $1.500 por actuación son $7.500".Así­, el Gobierno sostiene que el control social que ejercen los medios de comunicación al difundir esta clase de material termina por influir en un sector de la sociedad que posee un alto grado de permisividad: la desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años alcanza el 51,2%, según cifras de 2003 del Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos (INDEC). Ese segmento es el que termina por identificarse con la jerga, los gustos y el discurso que manejan los representantes de la "cumbia villera" y alimenta una espiral de inseguridad que, según las voces oficiales, se reproduce desde ambos costados. Kiroski, sin embargo, no está de acuerdo con este punto: "La cumbia villera no genera más inseguridad, el principal causante de la inseguridad es la droga. Alberto Fernández habla sobre el delito como si fuera un fenómeno sui generis. Los pibes para salir a robar tienen que tomar coraje y eso lo producen por medio de las drogas". Y concluye, desde su posición más genuina: "Los grupos de cumbia villera cuentan y en algunos casos justifican el delito. Es nefasto, no es el mensaje que hay que dar".El Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) ha intentado dar por tierra con este "movimiento cultural" al esgrimir las "pautas de evaluación para los contenidos de la cumbia villera". Allí­ se regula como caso de infracción a la normativa de la Ley de Radiodifusión vigente "la exaltación del consumo de sustancias tóxicas en sí­ mismo" y "la representación del consumo de sustancias psicoactivas como objeto de deseo", así­ como también hace alusión a los casos sobre posibles referencias a actos delictivos con armas de fuego.