Crecen los reclamos por multas antiguas que llegan después de transferir un auto usado

La eliminación de los convenios que el Ministerio de Justicia mantenía con las provincias, dispuesta en octubre de 2024, produjo un cambio profundo en el sistema de control y verificación de deudas asociadas a los vehículos. A través de esos acuerdos, las jurisdicciones informaban a los registros las deudas por patentes, sellados y multas de tránsito correspondientes a automotores radicados en sus territorios. Con la caída de ese mecanismo, dejó de ser obligatorio cancelar esas obligaciones para concretar una transferencia, lo que habilita actualmente la transferencia de vehículos con deudas pendientes.

Frente a este nuevo escenario, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) expresó su preocupación ya en noviembre de 2024. Mediante una nota enviada al entonces titular de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la entidad alertó que la decisión generaría complicaciones para los usuarios al multiplicar los trámites necesarios y, además, introduciría un fuerte componente de inseguridad jurídica que impactaría especialmente sobre quienes desarrollan actividades comerciales dentro del sector.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial continúa expidiendo el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), un requisito indispensable para obtener la licencia de conducir. Para ello utiliza la información contenida en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI).

Tras la desaparición del sistema de intercambio de datos entre Nación y provincias, los gobiernos provinciales y municipales impulsaron la creación del Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS). Mediante esta herramienta, las jurisdicciones adheridas remiten a los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor la información vinculada a multas, patentes y sellados de los vehículos registrados en sus respectivos distritos.

El problema que paraliza las operaciones: informes incompletos y deudas que aparecen después

Sin embargo, el funcionamiento de la plataforma abrió nuevos cuestionamientos. Los informes emitidos por el SUATS no aseguran que incluyan la totalidad de las infracciones que pesan sobre un vehículo. De hecho, se han detectado situaciones en las que un reporte refleja determinadas multas y, tiempo después, un nuevo informe incorpora sanciones previas que no habían sido registradas en el documento original. Esta dinámica genera incertidumbre y limita considerablemente el valor de la información para quienes participan en una operación de compraventa.

"Se necesita tener un sistema que informe y que dé certeza. Cuando se pide un informe hoy aparecen una cantidad determinada de infracciones cuando se vende un auto. Por ejemplo, pueden aparecer 4 o 5 infracciones. Dentro de un tiempo, puede ser en 8 meses, una semana o un mes, pueden aparecer infracciones anteriores a la fecha que se había pedido el informe anterior. Con lo cual, el procedimiento no da ningún tipo de seguridad jurídica ni de ningún tipo ante una persona que compra un vehículo usado. Tenemos casos en donde han aparecido hasta $20 millones de infracciones que no habían cargado. Es una locura", afirmó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

A raíz de estas inconsistencias, el denominado "informe de deuda" queda lejos de reunir las características de un verdadero "libre deuda", una herramienta considerada clave para otorgar previsibilidad y seguridad en las transacciones comerciales vinculadas al mercado automotor. La experiencia recogida por el sector demuestra, además, que los datos contenidos en esos reportes pueden resultar incompletos o presentar omisiones significativas.

Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la CCA sostiene que resulta indispensable que los informes emitidos por el SUATS respecto de las multas tengan el carácter de libre deuda o, como mínimo, generen efectos equivalentes que otorguen certezas tanto a los particulares como a las partes que intervienen en cualquier operación económica relacionada con vehículos.

La solución que propone la Cámara del Comercio Automotor

Con ese fin, la entidad impulsa una serie de modificaciones. Entre ellas, propone que los sistemas tributarios adheridos al SUATS no puedan incorporar infracciones antiguas de manera retroactiva y que las nuevas multas sean cargadas dentro de un plazo máximo de 30 días desde su generación. Aunque reconocen que se trata de un objetivo ambicioso, recuerdan que sistemas anteriores contemplaban períodos de hasta 90 días para la actualización de la información.

También plantean las siguientes medidas:

• Los organismos ya integrados a la plataforma tengan vedada la incorporación de deudas con más de 30 días de antigüedad respecto de la fecha de carga
• Los certificados o informes de libre deuda incluyan una aclaración expresa respecto de posibles infracciones aún no incorporadas al sistema
• Esas obligaciones no deberían superar los 30 días previos a la emisión del documento

"Lo que estamos pidiendo desde la Cámara es cuando se emita un informe de infracciones, se corte en ese momento lo que sea la carga anterior a esa fecha o establecer un plazo que puede ser de 30 días para atrás, no más. Con lo cual, si no se cargaron todas las infracciones a ese momento cuando se pide el informe, quedan descartadas. No puede haber un sistema que dice hoy se debe tanto y días después aparece una deuda mayor. Eso es inadmisible. Por supuesto, la solución definitiva sería que la infracción fuera al DNI del titular y no al auto en sí. Pero ese es un tema un poco más difícil. Acá de lo que estamos hablando es en el proceso de carga y en la forma de cómo se informa. Nada más que eso. Tener algún tipo de seguridad. No se puede comprar un bien, como si comprara una casa, el escribano verifica la deuda que tiene esa casa y, de repente, el día que se la quiere vender que, en realidad, tenía más deudas anteriores", agregó Lamas.

Para la Cámara del Comercio Automotor, una reforma de estas características permitiría alcanzar un equilibrio entre dos objetivos centrales. Por un lado, mantendría intacta la función sancionatoria de las multas como instrumento orientado a mejorar la seguridad vial. Por otro, fortalecería la seguridad jurídica en la relación entre el Estado y los ciudadanos, además de brindar mayor previsibilidad a las operaciones del mercado automotor, evitando que el esquema sea percibido únicamente como una herramienta de recaudación.

En este marco, representantes de la CCA mantuvieron el 22 de septiembre de 2026 una reunión con Germán Krivocapich, presidente del SUATS y titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, los dirigentes expusieron la problemática y presentaron un caso testigo destinado a evidenciar las inconsistencias detectadas en el sistema. Sin embargo, hasta el momento no recibieron una respuesta formal. Según informó el propio funcionario durante esa reunión, se encontraba bajo análisis la posibilidad de avanzar en un acuerdo entre el SUATS y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

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