Uruguay renovó por tres años la autorización para la pastera UPM
En medio de fuertes tensiones con la Argentina, Uruguay renovó la autorización ambiental a la planta de celulosa UPM (ex Botnia) y anunció que la empresa se adecua a los requerimientos que Montevideo pidió para otorgarle un incremento en la producción.
El viernes, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, Francisco Beltrame, firmó una nueva autorización ambiental de operaciones para la planta de la finlandesa UPM (ex Botnia), renovación que se produce cada tres años.
Beltrame dijo a los medios uruguayos que la fábrica ya está implementando medidas que exigió el gobierno de José "Pepe" Mujica el mes pasado al autorizar a la planta un incremento de su producción de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales.
"Se están adecuando las instalaciones, en torno al patio de almacenamiento de la planta, para evitar el arrastre del lodo de cal", señaló Beltrame.
Montevideo otorgó la ampliación en la producción, pero exigió a la empresa la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que llegan al río Uruguay, limítrofe con Argentina, tengan temperatura debajo de los 30 grados. A su vez, se solicitó rebajar el contenido de fósforo de los desechos que genera la pastera.
La decisión de incrementar el volúmen anual de producción de UPM provocó un fuerte rechazo de parte del gobierno argentino, que amenazó que acudir nuevamente a la Corte de La Haya si Uruguay no rectifica el permiso.
Asimismo, los asambleístas de Gualeguaychú realizaron una "marcha náutica" el domingo en contra de la pastera. Unas treinta embarcaciones de la caravana en el río Uruguay. La caravana fue acompañada por autos quepartieron desde el paraje Arroyo Verde en la ruta 136 y recorrieron todo el puente internacional General San Martín.
Por otra parte, tanto empresarios uruguayos como funcionarios del vecino país denunciaron mayores trabas administrativas para el ingreso de sus productos al mercado argentino.
Asimismo, el puerto de Montevideo podría ver pérdidas financieras enormes por la decisión de Buenos Aires de limitar el transbordo marítimo de las cargas de exportación argentinas a puertos que estén bajo la jurisdicción nacional o de países del Mercosur que mantengan acuerdos de navegación con la Argentina, como Brasil.