Por un acuerdo de intercambio de información con España, la Aduana lleva recaudados 7.460.882 de pesos correspondientes a consumos de alta gama no declarados por turistas argentinos provenientes de España.

Cuando éstos piden la devolución del IVA en aeropuertos ibéricos, la Aduana recibe una alerta de información. Ésta, luego, le pide a la Dirección de Migraciones identificar el vuelo con los pasajeros en cuestión, que al arribar al país son revisados para identificar si tienen declarados o no los bienes.

Entre los casos más emblemáticos de este año se destacan un reloj valuado en 15.375 euros, cuya tributación aduanera fue de 960.804 pesos, y un reloj de 52.066 euros que inicialmente quedó retenido en Ezeiza, ya que el pasajero no contaba con suficiente capital para cancelar su obligación tributaria. Finalmente, seis días más tarde, abonó los $3.169.385 correspondientes para poder retirarlo.

El intercambio de información con España es fundamental, dado que en muchos casos los turistas traen los bienes puestos, argumentando que ya los poseían antes de salir del territorio argentino. Sin embargo, el conocimiento certero que la Aduana argentina tiene de los detalles de las compras le permite ser inflexible.

En lo que va de agosto, también en vuelos provenientes de Madrid, fueron detectados un brazalete de 5.938 dólares, dos relojes Hublot de cerca de 10.000 euros cada uno y un reloj Tag Heuer de 5.343 euros. Tributaron, respectivamente, $324.1635, $581.394, $475.388 y $280.000.

Además, se puede destacar la detección, también este año, de un reloj Cartier de 5.165 euros, por el que el pasajero tributó $273.486; unos aros de 5.082 euros, que resultaron en un pago de $321.418,50; un brazalete de 5.910 euros, cuyo tributo consistió en $395.178 y, finalmente, un anillo de 3.843 euros, que tributó $201.792,50.

 

Aduana: sin cautelar para importar

Otro juez otorgó una medida cautelar, en razón de "el peligro de demora", para una importación cuestionable a dólar oficial. Esta vez son u$s20millones de toallas por una empresa que sería "fantasma". Un año después, la Aduana apeló porque ni siquiera se hizo la importación.

Así, la Aduana busca anular una medida cautelar que permitió la importación de u$s20 millones en toallas. Las claves del caso son las siguientes:

• La empresa ingresó mercadería por solo el 10% del valor autorizado, pese a haber invocado "urgencia" para obtener el aval de la Justicia hace un año.
• La Aduana investiga si también existió falsificación de marcas.
• La Inspección General de Justicia (IGJ) averigua el caso como "empresa fantasma".

El juez otorgó una cautelar para obtener dólares a precio oficial

Los detalles del caso que persigue la Aduana

La empresa Cityblanco S.A., que había invocado "urgencia" para sortear el control de la AFIP, obtuvo el 26 de noviembre de 2021 una cautelar que le permitía importar toallas por un valor cercano a los u$s20 millones. Luego, la medida fue prorrogada en mayo de este año.

Sin embargo, la autorización judicial, que ya está próxima a cumplir un año, tiene actualmente un remanente de casi u$s18 millones de libre disponibilidad.

La maniobra fue revelada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco del Council of Americas, y ahora fue denunciada por la Aduana, que se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, solicitando anular la vigencia de la medida cautelar.

La Aduana objeta el "peligro de demora" invocado por la empresa, ya que, hasta la detección de la maniobra, solo había efectivizado importaciones por un valor equivalente a poco más del 10% de lo que había autorizado la Justicia.

Además, se inició un sumario por posible fraude marcario. La investigación está en pleno desarrollo y busca determinar si las toallas y el resto de los productos, además de haber ingresado mediante una cautelar, contienen uno o más elementos falsificados que replican una marca sin autorización, informó la Aduana.

Para ello, la Aduana y la DGI avanzaron en inspecciones conjuntas sobre la compañía involucrada en la megaimportación de toallas.

Nissen, en la IGJ, investiga si se trata de sociedades fantasmas

Los casos de sociedades fantasmas en la IGJ

Los resultados son llamativos y replican lo ocurrido con la importadora que cedía sus cautelares a otras marcas: documentación vidriosa, presentaciones incompletas al fisco y la apariencia de una sociedad sin la solvencia para realizar este tipo de operaciones de comercio exterior. Esto último sería investigado por la IGJ, comentó la Aduana.

Ricardo Nissen, titular de la IGJ, ya inició acciones judiciales respecto de la sociedad Yoko SA, solicitando ante la Justicia Comercial la declaración de nulidad de esa sociedad, por considerar que realizó actividades ilícitas.

Esta empresa dedicada a la importación de mercaderías habría realizado "maniobras en perjuicio del Estado Nacional, que se traducen en el "alquiler" de medidas cautelares otorgadas a una sociedad importadora y luego "cedidas" o "transferidas" a otras compañías", dijo la IGJ.

El objetivo de la maniobra era para nacionalizar ilegítimamente determinadas mercaderías importadas y percibir del Banco Central el pago en dólares correspondientes a valor oficial.

La IGJ denunció en concreto que se trata de una sociedad fantasma, comúnmente denominada "sociedad desaparecida", lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla.