Argentina vuelve a venderle pollo a un país con un mercado de u$s1400 millones por año
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El sector agroindustrial argentino alcanzó un hito clave para su comercio exterior. Tras intensas negociaciones técnicas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación confirmó que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) decidió levantar de manera oficial la suspensión de importación que pesaba sobre los productos avícolas nacionales. La medida, que entró en vigencia a partir del 8 de septiembre de 2026, fue adoptada tras una minuciosa evaluación de las garantías sanitarias brindadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El aval dispuesto por las autoridades asiáticas comprende la carne aviar y sus derivados provenientes de aves faenadas desde el 8 de septiembre, así como también los ovoproductos elaborados con huevos cosechados desde esa misma fecha. La decisión representa un importante respaldo al estatus sanitario de la avicultura argentina, permitiéndole al país volver a posicionarse en una de las naciones más exigentes del mundo en materia de inocuidad y calidad alimentaria.
Japón: un mercado millonario y el impacto para la cadena avícola
La reapertura del destino asiático abre oportunidades comerciales de gran volumen para los frigoríficos y productores locales, considerando la escala de consumo de la potencia oriental:
- Volumen del mercado: En 2025, las importaciones globales de Japón alcanzaron aproximadamente los USD 1.400 millones en carne aviar y los USD 117 millones en huevos y ovoproductos.
- Destino estratégico: El país nipón representa históricamente uno de los compradores más relevantes para los envíos argentinos de huevos y ovoproductos, por lo que el reingreso fortalece la presencia de la industria nacional en plazas de alto valor.
- Certificados sanitarios y transición: Para formalizar las operaciones, el SENASA y el MAFF acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI). Se fijó un período de transición de dos meses en el que convivirán los documentos anteriores con los nuevos formatos, los cuales pasarán a ser obligatorios una vez concluido dicho plazo.
