Argentina firmó con EE.UU. un acuerdo contra la "producción excesiva" que apunta a China
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Argentina adhirió a una declaración de 15 países que cuestiona la sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros clave. El texto no nombra a China, pero el blanco está claro.
El pronunciamiento apunta contra economías donde la producción supera de manera persistente la demanda mundial. Según el documento, ese escenario es creado, sostenido o impulsado por políticas e intervenciones gubernamentales que mantienen una oferta artificial por encima de lo que los mercados realmente necesitan.
La firma se concretó durante una reunión del G20 realizada la semana pasada en Milwaukee, Estados Unidos. Junto a Argentina participaron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.
La Oficina del Representante Comercial estadounidense difundió el texto. La declaración advierte sobre un modelo productivo que no existiría bajo condiciones normales de mercado.
Por qué apunta a China sin nombrarla
El documento evita mencionar países específicos. Pero la descripción calza perfectamente con el modelo industrial chino.
Los ministros señalaron que la dinámica altera precios y patrones de producción a escala global. También desalienta inversiones y afecta las exportaciones basadas en condiciones competitivas reales.
China mantiene una capacidad instalada gigantesca en sectores estratégicos. Esa producción se sostiene con subsidios estatales masivos y se vuelca a mercados internacionales a precios que empresas privadas no pueden igualar.
El grupo manifestó inquietud específica por la capacidad instalada actual o proyectada en cinco sectores: autos y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
Para los países firmantes, la falta de medidas concretas puede paralizar industrias nacionales completas. El texto advierte sobre desplazamiento de fabricación local, destrucción de empleos y debilitamiento de economías enteras.
El riesgo de la concentración productiva
La declaración incorpora un argumento de seguridad económica. Cuando la producción se concentra en un solo país, los socios comerciales quedan más expuestos.
El documento sostiene que esa concentración aumenta la dependencia. Y vuelve a las naciones más vulnerables a la coerción económica, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones.
La posición incluye un llamado concreto. Los ministros piden poner fin a políticas y prácticas ajenas al mercado que contribuyen a la sobrecapacidad.
A la vez, el texto reconoce que un número creciente de países ya adopta medidas defensivas. Buscan proteger a sus industrias, trabajadores y economías frente a esas distorsiones.
Crearán plataformas de trabajo por sector
Los firmantes resolvieron crear plataformas específicas para analizar el problema. Cada una se enfocará en uno de los cinco sectores priorizados.
Funcionarios de alto nivel ya comenzaron esas conversaciones. Las charlas iniciales se dieron al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Antes de diciembre de 2026, los equipos técnicos deberán acordar términos de referencia, intercambiar información no confidencial sobre la sobrecapacidad y sus efectos, e identificar vacíos de datos. El objetivo declarado es evaluar acciones eficaces y, cuando sea posible, complementarias para limitar el impacto sobre el comercio y el empleo.
El texto retomó un debate que el G20 ya había planteado en 2016. En aquel momento, los líderes reconocieron que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían distorsionar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial.
Diez años después, los ministros afirmaron que el problema se agravó. Y extendieron el reclamo a nuevas industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.
Segunda firma: contra el trabajo forzoso en cadenas globales
El pronunciamiento sobre sobrecapacidad industrial se conoció junto con otra declaración. Argentina la suscribió junto a Estados Unidos y México.
Los tres países plantearon la necesidad de retirar de las cadenas globales de suministro los bienes elaborados con trabajo forzoso. Una práctica que genera un doble problema.
Las autoridades señalaron que esa modalidad vulnera derechos humanos básicos. Y a la vez, crea un problema comercial al permitir beneficios indebidos para quienes la utilizan.
La declaración conjunta fue contundente. "La presencia sostenida de mercancías producidas con trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, junto con la falta de mecanismos que impidan su comercio internacional, afecta negativamente al intercambio mundial y debilita la confianza en la equidad del sistema comercial", remarcó el texto.
28 millones de personas sometidas a explotación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 28 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en el mundo en 2021. La cifra representó un alza cercana al 10% respecto de los cinco años anteriores.
Son 2,7 millones de personas adicionales que cayeron en esa situación. Un número que siguió creciendo mientras las cadenas globales de suministro se expandían.
Según la declaración trilateral, los productos elaborados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una ventaja artificial de precios. Eso altera la competencia de raíz.
Perjudica a las empresas que no recurren a esa práctica. Y debilita las políticas de protección laboral que los países implementan internamente.
El documento advirtió que la permanencia de esas mercancías en el comercio internacional también afecta la confianza. Erosiona la percepción de equidad en el sistema de intercambio global.
Qué medidas proponen los tres países
Las tres naciones instaron a reforzar las medidas nacionales. Y a profundizar la cooperación internacional para impedir la importación o venta de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.
Además, propusieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones específicas sobre el impacto de esa práctica. La idea es facilitar el intercambio de información sobre cadenas de suministro bajo riesgo.
También plantearon permitir que los países compartan mecanismos de control y verificación. Herramientas que ayuden a identificar productos elaborados bajo explotación laboral antes de que ingresen a los mercados.
