Inversiones a la fuerza: ahora el Gobierno se mete en las empresas y avanza en la etapa del "capitalismo compulsivo"

"La juntaron en pala". Así describió, con la elocuencia que la caracteriza, la presidenta Cristina Kirchner a la situación de las empresas argentinas en los nueve años de la gestión kirchnerista. Y no lo decía en un ámbito cualquiera, sino en el acto en el que se promulgaba la ley que reestatizaba YPF.

Con esa atmósfera cargada por la sensación de que se vivía "un día histórico", la jefa de Estado abogó por el hecho de que los intereses de las compañías "estén alineados con los del país".Su recordatorio sobre lo bien que les ha ido a varios sectores de la actividad privada se vinculaba con su llamado a que la rentabilidad empresarial tenía que ajustarse a "la sustentabilidad de la economía".A ojos de muchos ejecutivos de negocios, sus dichos vienen a ser todo un alegato tendiente a justificar el intervencionismo estatal.

O, leído entrelíneas, que el Gobierno puede presionar y "forzar" a las empresas a realizar inversiones si es que, bajo su óptica, las efectuadas resultan insuficientes.

Y los hechos están dejando en claro que esa idea presidencial, lejos de quedarse en los discursos, se refleja en la realidad.

Una primera prueba de ello la tuvieron las grandes empresas donde el Estado cuenta con directores como herencia de las tenencias accionarias de las AFJP estatizadas.En varias de ellas la exigencia oficial fue tan clara como contundente: el pago de dividendos tendrá que ser reducido a su mínima expresión y las inversiones, al máximo. Esta "bajada de línea" debió ser acatada por una gran mayoría de las grandes firmas.

En tanto, en el caso de las pequeñas y medianas será la "moneda de cambio" que deberán pagar para que el Gobierno les asegure protección contra los productos importados (junto al compromiso de no reducir personal y no aumentar precios más de lo permitido).Por lo pronto, en lo que se refiere al primer grupo, los ejemplos abundan. Siderar, del grupo Techint, accedió a reinvertir el 80% de sus ganancias (u$s1.000 millones) y reducir a más de un tercio el reparto de utilidades (de $630 millones a $180 millones).

Dicho sea de paso, esto le sirvió a la siderúrgica comandada por Paolo Rocca para dejar atrás un año de peleas con los funcionarios k, entre los que sobresale el ascendente Axel Kicillof, que ocupa una silla en el directorio.

Cabe recordar que el Estado está presente en 31 compañías de primerísimo nivel con un representante ocupando una silla en las reuniones de las cúpulas de cada empresa.

Y, por lo que dejan trascender los ejecutivos de las compañías, pocas firmas se animan en estos momentos a "sacar los pies del plato".La lista de las "invitadas" a invertir -y a reducir el pago de dividendos a su mínima expresión- comprende a un abanico bien diversificado, que incluye a firmas de:

• Servicios públicos:Telecom, TGS, Gas Natural Ban, Endesa, Metrovías, Metrogas, Central Puerto y Pampa Energía.
• Consumo masivo: Molinos, Quilmes y Quickfood.
• Grandes bancos: Francés, Galicia, Macro, Patagonia, Citibank, Supervielle e Itaú.
• Construcción y Siderugia: Aluar, Acindar, Minetti. 
• Automotrices: General Motors, Ford y Volkswagen. 
• Otros rubros: Solvay, Petrobras, Capex, Ledesma y Consultatio.

En general, se trata de firmas con directores estatales de participación activa.En tanto, existe otro grupo de compañías, que no tienen funcionarios estatales en sus directorios, pero también se apuraron a mostrar planes de inversión, tal vez en un intento por "poner las barbas en remojo" y evitar lo que les ocurrió a otros.

Fue claro en el caso de las empresas de petróleo y gas -que al igual que Repsol YPF habían caído en sus niveles de producción- y que ahora súbitamente encontraron la fórmula para incrementar reservas.Más cerca en el tiempo, la Presidenta fue clara al afirmar que las compañías deberán presentar sus programas de desembolso, si es que quieren conservar subsidios, exenciones fiscales, promociones industriales u otro tipo de beneficios, como líneas de crédito a tasas preferenciales. "Vamos a sentarnos con todas las grandes, medianas y pequeñas empresas, para que nos presenten sus planes de inversión", señaló la jefa de Estado en un acto en Casa de Gobierno en el que encabezó la entrega de certificados del programa del financiamiento productivo del Bicentenario. "Ahora viene la etapa de sostener la inversión", recalcó, al tiempo que señaló "que todos tenemos que poner".

Fin de la etapa de seducciónLo cierto es que, sea por convicción o por temor, la actitud de las grandes empresas argentinas viene siendo la de adaptarse a las "sugerencias" del Gobierno.

Es, en este marco, en el que el concepto "inversiones compulsivas" se hace presente con más fuerza que nunca, como parte de una imperiosa necesidad para darle mayor sustento al modelo K. "Digámoslo de esta forma: es un Gobierno con modales duros que va a buscar influir cada vez más en las decisiones del sector privado", dispara Federico MacDougall, docente de la Universidad de Belgrano.

Y agrega: "Estoy seguro de que vamos a escuchar muchos anuncios de desembolsos. Y también que algunos de estos serán mayores en las declaraciones que en los números".En tanto, el politólogo Rosendo Fraga no tiene dudas sobre cómo debe calificarse la situación actual: "Estaba claro que la profundización del modelo implicaba más intervención del Estado en la economía y mayores exigencias a las empresas. Y los mecanismos con los cuales se las incentiva o presiona se inscriben en esta tendencia".Con poco ánimo inversorEn las últimas semanas ha habido una ola de encuestas que marcan una caída en el estado de ánimo empresario. La Universidad de Belgrano presentó una investigación en la que se observa una baja de cinco trimestres consecutivos en la percepción sobre el clima de negocios. Y dio cuenta de que la disposición a invertir descendió abruptamente en 10 puntos porcentuales.Otras encuestas, como la de la Fundación Observatorio Pyme revela que entre las pequeñas industrias los planes de desembolso de capital están virtualmente estancados, con más de la mitad de las empresas que manifiestan no tener previsto realizar nuevas erogaciones, consecuencia de la incertidumbre económica o del alto costo del capital.Otra investigación muy comentada en el ámbito empresarial es la de la consultora SEL, donde todos los números que surgen como resultado de un relevamiento son de por sí preocupantes:

• Un 55% de los empresarios dice que los márgenes de ganancia han disminuido.
• Entre los que sí invierten, la mayor parte del desembolso será destinado al mantenimiento y no a la compra de maquinaria nueva.
• Un 90% califica al clima de inversión como "regular" o "malo".
• Un 70% cree que dicho clima empeoró respecto al de un año atrás.

En vista de semejante panorama, los expertos se preguntan cuánto de la inversión actual está impulsada por la convicción y cuánto por una cuota de temor."Este sondeo fue previo al anuncio de expropiación de YPF, que hizo caer más aun el estado de ánimo. Lo cierto es que no hay gran predisposición a invertir", argumenta Kritz. El analista remarca como muy probable que "a la hora de tomar decisiones, juegue un rol importante la presión del Gobierno, que ahora es muy alta"."Hay empresarios desorientados y otros que están asustados. Por ello es que posiblemente algunos bajen su perfil y otros salgan a realizar anuncios de grandes inversiones que luego no lo serán tanto", apunta MacDougall, de la UB.Un "curioso" cambio de actitudMás allá de la reacción empresarial ante la "sugerencia" gubernamental por incrementar la inversión, el otro tema que llama la atención es el cambio de actitud experimentado por los funcionarios del "modelo K".Es que hace un año, cuando se incrementó la representación estatal en los directorios de empresas privadas, la presión del Gobierno iba en un sentido absolutamente opuesto al actual: pedía que se maximizara el reparto de dividendos en vez de que se reinviertan utilidades. No es un detalle menor para las arcas públicas, ya que al minimizar la distribución de beneficios se "sacrifican" ingresos (que le corresponden como accionista).

¿Cómo explicar este cambio? Para los analistas, la respuesta está en la situación de la caja estatal y en la escasez de divisas."Por un lado, es probable que hoy el Gobierno esté más temeroso de un freno en la economía. Pero, principalmente, creo que esta nueva actitud se debe a que hoy cuida más la caja en dólares. Asume que cualquier pago de dividendos puede transformarse en dólares que se fugan del país", observa Ricardo Delgado, economista jefe de la consultora Analytica.En tanto, MacDougall destaca las diferencias que había el año pasado, cuando en un contexto electoral, el gasto público se incrementó.

"Este año prefieren redireccionar los beneficios de las empresas hacia la inversión, para apuntalar los menores desembolsos que se están dando en varios sectores de la economía", afirma.

¿Será suficiente?Resta saber si estas inversiones "semi-forzadas" por parte de las grandes empresas serán suficientes como para compensar cierta reticencia que existe para avanzar en ellas de modo natural. Y la mayoría de las opiniones son escépticas.Jorge Vasconcelos, director del Ieral de Fundación Mediterránea, traza un sombrío panorama sobre la actividad productiva: su pronóstico es que este año habrá una caída del 7% en las compras de maquinarias y equipos al exterior."El deterioro de la inversión no debería sorprender en un país en el que las ampliaciones de planta se autofinancian y, por ende, resultan sumamente sensibles a las oscilaciones de caja de las empresas", agrega Vasconcelos.¿Podrá el Gobierno contrarrestar, a fuerza de "sintonía fina", esta situación de desestímulo? Algunos analistas son contundentes en su pesimismo, como Alberto Benegas Lynch, miembro de la Academia Nacional de Ciencias.Este referente de la doctrina liberal señala que el Gobierno incurre en "un error conceptual superlativo" que traerá consecuencias muy negativas."Se trata de suponer que la inversión es un bulto que puede manejarse a pura intención de decreto, en lugar de percibir que procede del ahorro previo. Este proceso es, por su naturaleza, voluntario, y depende de marcos institucionales civilizados que protejan derechos de propiedad", argumenta Benegas Lynch.En su visión, el error del Gobierno consiste en que, al alterarse los precios del mercado, se distorsiona la asignación de recursos.Por su parte, Rosendo Fraga destaca que las inversiones canalizadas a través de las empresas donde el Estado tiene directores "no serán suficientes para impedir el freno de la economía".

El analista también hace referencia al estancamiento de las inversiones externas en momentos en que los capitales llegan en masa a la región (en Argentina aumentaron un 3%, mientras que en los vecinos lo hicieron en un 31%).Este politólogo es uno de los que sostiene que el Gobierno argentino está dejando en claro su opción por un "capitalismo de Estado" fuertemente intervencionista, en contraposición al de mercado, por el que parecen haber optado casi todos los países latinoamericanos.