La UIA le reclamó a Capitanich que se frenen los escraches a empresas
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Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), aprovechó la convocatoria del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para plantearle la preocupación de los empresarios por los escraches de militantes del kirchnerismo a las compañías, embestidas que consideran parte de una atmósfera adversa a las inversiones y a la iniciativa privada.
Méndez se había enterado la noche del lunes del interés de Capitanich por verlo ya que el encuentro en la Casa Rosada estaba agendado sólo con Daniel Funes de Rioja, líder de la cámara alimenticia Copal, pero el jefe de Gabinete extendió la invitación al empresario del plástico para incluir temas más abarcadores, como la inversión, los precios y las paritarias, indicó el diario La Nación.
Méndez incluyó los escraches dentro de un espectro de inquietudes empresariales sobre el trato que sienten que se les está dando desde el kirchnerismo, algunas de las cuales fueron expuestas en la reunión de junta de la entidad, agregó el matutino. Entre ellas, el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde, que habilita al Gobierno a declarar "de utilidad pública y sujetos a expropiación" todo tipo de bienes.
Los supermercados evalúan pedir una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para analizar el tema.
"Por un lado, hay cadenas que sufrieron más de 70 piquetes y, por otro, nos piden que los acompañemos en los acuerdos de precios. Así no se puede seguir", se quejó un ejecutivo supermercadista ante el citado matutino.
"Hay un artículo del proyecto de Recalde que es una vergüenza", agregaron en la UIA. Es el 26°, que dice: "Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población y sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación".
El texto faculta al Gobierno a avanzar sobre el activo sin demasiados reparos jurídicos. "El Poder Ejecutivo determinará en cada caso concreto los bienes que serán expropiados mediante resolución fundada en la que se justificará su necesidad en la plaza o la carencia de oferta pública. La autoridad de aplicación podrá tomar posesión de los bienes calificados y determinados por el Poder Ejecutivo, sin más formalidad que consignar judicialmente el precio de costo más una indemnización que no podrá exceder de un diez por ciento (10%) y hasta el precio máximo fijado si lo hubiere. Los fondos que estos procedimientos demandaren se tomarán de Rentas Generales", dice.
Méndez cree que semejante proyecto conspira contra el clima de negocios justo cuando se necesitan inversiones. Y que estos inconvenientes se suman a otros tal vez más difíciles de resolver, como la elevada tasa de interés que pagan las pequeñas y medianas empresas, concluyó La Nación.
