"Regalito" del kirchnerismo a Triaca: reformas con potencial conflictivo en el modelo sindical
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En el ocaso del gobierno kirchnerista el modelo sindical recibió un embate inesperado. Después de ningunear durante años a los nuevos sindicatos, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hizo un viraje en los últimos días y reconoció a un puñado de ellos. La decisión es un fuerte gesto contra el "monopolio gremial" y a quienes hasta hace poco eran aliados incondicionales.
En efecto, durante buena parte de la era K la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales acumuló cientos de solicitudes para obtener la personería gremial. Bajo la presión de los sindicatos "madre", la cartera laboral demoró los trámites así como la aplicación de los fallos de la Justicia que ordenaban dar curso al reclamo de las entidades alternativas.
Sin embargo, a pocos días del cambio de Gobierno, los "metrodelegados" le arrebataron la representación en el subte a la Unión Tranviaria (UTA) y la Federación de los Profesionales de la Salud (Fesprosa) hizo lo propio con la Federación de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), que durante 65 años monopolizó la "chapa".
Tomada les otorgó la personería después de cinco y siete años de espera, respectivamente. En ambos casos, se trata de sectores ajenos a la CGT. La dirigencia de la Asociación Gremial del Subte (AGTSyP) está alineada con la CTA kirchnerista, mientras que los médicos responden a la versión opositora de la central alternativa.
Por otra parte, las seccionales de Tucumán y La Rioja de Fesprosa, el sindicato de prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el de los empleados de la Bolsa (Sitrabur) recibieron la simple inscripción. La autorización es el primer paso para obtener el pleno reconocimiento en un futuro, un trámite que según especialistas debería llevar un año como máximo.
Desde diversos sectores la iniciativa del área laboral fue leída en clave política. Mientras los sindicalistas perjudicados la interpretaron como un castigo, aquellos que se vieron beneficiados la consideraron como un reconocimiento de la legitimidad de sus organizaciones, cuya aparición desde hace tiempo ha puesto en crisis el régimen legal que regula la actividad sindical.
"Ahora que se van no tienen que defender a nadie más. Tomada nos puso un dique de contención porque somos independientes, pero ahora ya no tenía sentido. Nos peleamos con Cristina y ahora vamos a pelear con Macri", explicó el secretario gremial de Fesprosa, Jorge Yabkowski.
Así las cosas, se trata de un acontecimiento que sienta precedentes de cara al próximo Gobierno, el cual deberá manejarse con un esquema sindical en el que los organismos con representación material (comisiones internas, delegados y nuevos sindicatos) cada vez más desbordan el poder formal de los gremios.
"El debate lanzado en la ‘era K’ continuará en la próxima etapa, donde no parece que el viejo régimen legal resista el embate de los tiempos y de los nuevos vientos que corren", afirmó Julián De Diego, uno de los principales referentes entre los abogados laboralistas que asesoran a empresas.
En la misma línea, Luis Ramírez, asesor de los "metrodelegados" y vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, ve el potencial de que éste sea el puntapié inicial de un cambio en el sistema: "Es un leading case, es uno de los primeros sindicatos que logran arrebatarle la personería gremial a una organización grande".
"La Corte ha derribado el criterio que priorizaba la disputa por el ámbito de representación mayor. En el caso del subte, se discutió quién tiene más afiliados en ese sector solamente. Esto es un ejemplo que podría ser seguido en muchísimas actividades", agregó el abogado.
Por lo pronto, los choferes de la línea 60 aspiran a seguir los pasos de la nueva Asociación Gremial del Subterráneo (AGTSyP) y crear su propio sindicato, tras denunciar en reiteradas ocasiones el boicot a su cuerpo de delegados por la conducción de la UTA y la empresa Monsa.
Frente a la posibilidad de que surjan nuevos gremios, el futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca aclaró en los últimos días que su gestión va a plantear "la mejor representación posible para los trabajadores sea la que esté dentro de la norma" y adelantó que aceptarán nuevos gremios en tanto y en cuanto haya "actividades que requieran la personería gremial".
De ese modo, Triaca envió una señal de que mantendrá el modelo sindical, pese a los fallos de la Corte que a partir del 2008 declararon inconstitucionales varios artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales, un sistema normativo que, tal como lo reconocen algunos jueces, se basa en la discrecionalidad del Estado.
Según la legislación, la personería equivale a manejar la lapicera para firmar convenios colectivos, ostentar el derecho a convocar huelgas, ejercer la tutela sindical y recaudar cotizaciones en el ámbito pertinente. Se trata de privilegios vedados para las 1.600 entidades con simple inscripción.
Esas fronteras son las que la Justicia comenzó a borrar, al igualar con sus sentencias aquellas organizaciones con otras que poseen personería. Esto permitió que algunas asociaciones no reconocidas participaran de las paritarias y encontraran eco en la Justicia a sus reclamos de representatividad.
Por ello, tanto los viejos gremialistas como los empresarios se espantan ante la posibilidad de que haya "18 millones de sindicatos". Unos porque temen el debilitamiento de sus organizaciones y, por ende, de su poder político y económico. Y otros porque prefieren "un solo Armando Cavallieri" antes que varios interlocutores menos afectos a la conciliación.
Pases de factura
En medio de una transición agitada, el guiño de Tomada a los nuevos gremios no pasó desapercibido para la dirigencia tradicional.
Roberto Fernández, el titular de la UTA, acusó a sus rivales de haber obtenido la personería sin cumplir todos los pasos legales, mientras que desde el sindicato de Sanidad, liderado por Carlos West Ocampo, advirtieron a iProfesional que la decisión favorece la "fragmentación" del movimiento obrero.
Ambos dirigentes se habían distanciado en el último tiempo del gobierno, pese a integrar la CGT oficialista, liderada por el metalúrgico Antonio Caló. El colectivero nutrió los tres últimos paros convocados por Hugo Moyano y el líder de los "gordos" pasó de hacer campaña por Sergio Massa a respaldar la designación del futuro ministro de Trabajo Jorge Triaca, hijo del sindicalista del plástico que ocupó el mismo cargo en tiempos de Carlos Menem y fue íntimo amigo de West Ocampo.
Por ello, una parte del sindicalismo peronista interpretó la decisión de Tomada como un pase de factura. El propio Moyano reconoció el mes pasado el carácter político del manejo de las personerías al señalar que la agilización de trámites a veces responde al objetivo de hacer daño a sindicatos que son enemigos del Gobierno, mediante la creación de organizaciones que compiten en representación con las tradicionales.
La denuncia del camionero también puede ser leída de otra manera. Y es que, a la inversa, el "cajoneo" de ciertos expedientes favoreció a los gremialistas aliados al poder político. Así, durante media década, la cartera laboral aceptó los recursos interpuestos por la UTA y Sanidad para que no fueran reconocidos sus rivales. En tanto, el sindicato de los choferes de camiones creció como pocos, gracias al aval gubernamental para captar afiliados en Comercio y Alimentación.
El poder de la lapicera
Frente a los crecientes reclamos, el Ministerio de Trabajo optó a partir del 2003 por abrirle la puerta a los nuevos sindicatos para que accedieran a la simple inscripción. En ese lapso fueron autorizadas la mayoría de las 650 entidades creadas durante toda la década kirchnerista, a razón de 60 por año.
"Si una lista perdía la elección contra un gremio, el Ministerio de Trabajo nos proponía que hiciéramos un gremio", cuenta un sindicalista que conoce los pasillos de Alem al 650.
Esa fue la vía de escape hallada por las autoridades para descomprimir el bloqueo a la participación de las minorías en las estructuras gremiales, sin pelearse con la cúpula tradicional. Por aquellos años, la propia viceministra de Trabajo les reconocía a las entidades que golpeaban su despacho que la inscripción era "como el agua al pobre, no se le niega a nadie". Es que en los hechos equivalía a un papel pintado.
Los cimientos levantados por Perón en octubre de 1945 sostuvieron el modelo de un sindicato único por rama durante más de medio siglo. El último que intentó "democratizar" el régimen fue Raúl Alfonsín y, tras enfrentar la resistencia gremial, terminó por reforzar el sistema con la aprobación de la Ley de Asociaciones Sindicales, respaldada en ese entonces por el propio padre de Triaca.
Sin embargo, desde 2008 en adelante, la postura de la Corte y los mensajes de la OIT a favor de la "libertad sindical" llevaron al Gobierno a emprender un giro en su política. Un alto funcionario de la cartera laboral resumió la nueva estrategia apenas se enteró del fallo en 2010 que ordenaba otorgarle la simple inscripción a los metrodelegados. "Vamos a demorarlo todo lo que podamos", le confesó a un abogado gremial.
El principal mecanismo para lograr ese objetivo consistió en lo que algunos sindicalistas denunciaron como un "vaciamiento" de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Debido a las jubilaciones y la falta de reemplazo del personal, la oficina debió hacerse cargo de decenas de trámites con sólo un abogado dictaminador, lo que en los hechos implicó el congelamiento de muchos expedientes.
Ahora, la transición anuncia un cambio con ciertas continuidades. Si bien el gobierno de Mauricio Macri deberá lidiar con los mismos metrodelegados que llevaron adelante la huelga del subterráneo más larga de la historia, su ministro de Trabajo contará con la experiencia de Tomada, si es que éste acepta participar del Consejo de Asesores. Nada menos que el responsable de la cartera laboral con más carrera en el Estado.
